A través de un comunicado, la ingeniera Carmen Gloria Drago, directora de Recursos Financieros de la Junji, se refirió a las denuncias que hay en su contra y a la información entregada por una asociación de trabajadores de la Junji respecto a la suspensión de su cargo.

Hay que recordar que este lunes la Asociación de Trabajadores de la JUNJI, Ajunji, dio a conocer la suspensión de funciones de Carmen Gloria Drago.

En un comunicado emitido ayer, Ajunji recordó que la ingeniera fue denunciada por mala gestión, acoso y maltrato laboral ejercido durante años -dicen- contra funcionarios a cargo.

Cabe decir también que semanas atrás la licenciada en filosofía y columnista de radio Bío-Bío, Tere Marinovic, había denunciado en su espacio de opinión que Drago había hecho mal uso de recursos luego de la compra de unas cunas. Sobre todos estos temas se pronuncia la mujer en un comunicado.

En el texto, la profesional y madre del diputado Giogio Jackson comienza asegurando que no se había pronunciado a denuncias que circulan en redes sociales y noticias ya que considera “que las investigaciones que se estaban realizando concluirían por aclarar mi inocencia o mí no vinculación con las mismas”. A pesar de lo anterior, la mujer asegura que “por la dimensión mediática que se está dando a estas noticias, muchas de ellas abiertamente tendenciosas o incompletas, quiero aclarar algunos aspectos importantes”.

En el primer punto Drago explica que “Tras una denuncia efectuada por AJUNJI (una asociación de funcionarios de JUNJI) en noviembre del año pasado se instruyó un sumario administrativo. Después de 4 meses de investigación, casi 2000 fojas de expediente y aproximadamente 30 funcionarios entrevistados, el fiscal instructor, en su vista fiscal de marzo de 2018, recomienda mi sobreseimiento junto al de otra de las jefaturas denunciadas. Tras el cambio de Gobierno, la nueva administración decidió reabrir dicho sumario, nombrando para ello a otro fiscal, quien es el actual Encargado de Relaciones Gremiales de JUNJI (es decir, el encargado de la relación con los denunciantes)”.

Luego la mujer señala que “Asimismo, se instruyó un segundo sumario administrativo (24 de abril, 2018), relacionado a contrataciones de dos servicios para JUNJI, por una nueva denuncia efectuada por Ajunji, el que se dirige contra personas indeterminadas y respecto de cuyos hechos se me envió -recientemente- un pliego de preguntas por parte del fiscal instructor”.

Más adelante en un tercer punto, Drago refiere que “Con fecha 2 de mayo, y debido a diversas acciones dirigidas a dañar mi honra y profesionalismo en el servicio público y a la reiterada difusión de información imprecisa y tendenciosa respecto a las diversas situaciones en la que se me ha implicado, solicité a la Contraloría General de la República que instruya sumario administrativo en torno a los hechos denunciados por AJUNJI, con el objeto de que sea el órgano contralor quien pueda dar garantías tanto a los denunciantes como a los denunciados de la objetividad e imparcialidad de la investigación. Precisar que la petición que realicé a Contraloría fue anterior a la mediatización del caso por diversos actores”.

Así, Drago sostiene que “En relación a algunas denuncias de supuestos malos tratos, éstas fueron realizadas hacia la Asociación Chilena de Seguridad. La ACHS es un organismo independiente y externo a JUNJI, que califica, entre otras, las enfermedades profesionales, es decir, aquellas enfermedades causadas como consecuencia del trabajo y/o su entorno. La ACHS ratificó que las licencias médicas presentadas por presuntos malos tratos y/o acoso laboral, no corresponden a malos tratos; ello, a través de las respectivas resoluciones (RECA)”.

En un quinto punto de su comunicado, la profesional sostiene que “Sobre el caso de compra de mobiliario que JUNJI realizó el año 2014, señalar que el Informe de Reconsideración de la Contraloría General de la República, de fecha 26 de octubre de 2016, da por subsanadas y aclaradas la mayoría de las observaciones emitidas en el informe final, no habiendo ninguna irregularidad en el proceso que la Institución realizó, ajustándose el proceso a derecho. A su vez, en materia civil, está pendiente la realización de las audiencias ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual JUNJI es representada por el Consejo de Defensa del Estado”.

En el penúltimo punto, la directora de Recursos Financieros de la Junji señala que “Por todo ello confío en el buen funcionamiento del Estado de Derecho, y apelo a la garantía de mis derechos fundamentales en el desempeño de la función pública, los que deben ser respetados en especial frente a denuncias que responden a intereses muy diversos a los que se declaran por quienes los promueven”.

Finalmente, Drago dice que “En cuanto a una eventual suspensión de mi cargo ordenada con motivo de alguno de los sumarios instruidos por la JUNJI, no he recibido notificación formal de esta medida, que entiendo sería temporal y excepcional. Apenas reciba notificación formal, solicitaré las razones esgrimidas por la autoridad de turno, que justifiquen que dicha decisión proceda de conformidad a la ley”.

Terminando el texto, la mujer sostiene que “espero con este comunicado contribuir con información relevante para los medios de comunicación y personas interesadas. Como siempre, seguiré colaborando con toda la información que tenga disponible y ante las instituciones que correspondan, con el fin de que se esclarezcan los hechos denunciados”.