Un desafío para toda teoría política es hacer justicia a las circunstancias concretas de su tiempo. Las teorías, sabemos, se formulan en el plano de lo abstracto. Son un intento por explicar y hacer más comprensible algún aspecto de la realidad. En muchos casos, tratan sobre algo que está, por así decirlo, “fuera de nosotros”. En el caso de las ciencias humanas (la política entre ellas), esto se vuelve un poco más difícil. Nuestras creencias y acciones forman parte de su objeto. Su tarea les exige dar cuenta de cómo vivimos y si nuestras decisiones no podrían (o deberían) ser otras. Hay, entonces, un riesgo de fracaso: una teoría política autorreferente, desconectada de nuestras experiencias e intuiciones, no será capaz de cumplir este objetivo.

En un artículo reciente, Carlos Ruiz Encina aventura una hipótesis de este tipo. En Chile los “idearios de libertad e igualdad” se encontrarían particularmente desligados de esas circunstancias concretas. La propuesta es compleja, pero puede resumirse así: en la sociedad chilena, el Estado y el mercado no formarían realidades independientes, como suele suponerse (menos antagónicas), sino que estarían entrelazados de múltiples maneras. En palabras de Ruiz, el vínculo entre ambos conduciría al crecimiento de “intereses privados […] al amparo del intervencionismo estatal [y] la constitución de nichos de acumulación regulados por esta peculiar forma de planificación”. Se trataría, entonces, de una “expansión mercantil orgánicamente vinculada a una planificación estatal”. Por lo tanto, en nuestras circunstancias, ni el mercado tendería a mayor libertad (por el riesgo de captura, la anulación de la competencia y la innovación), ni el Estado a mayor igualdad (por la distribución inequitativa de las oportunidades), aunque esa sea nuestra forma espontánea de concebirlo.

Esta hipótesis permite explicar algunos problemas discursivos de los liberales criollos. Aunque el liberalismo se presenta a sí mismo como un discurso igualitario (al margen de las diferencias fácticas, en el mercado tú y yo nos relacionamos como iguales: ni tú estás obligado a comportarte según mi voluntad, ni yo según la tuya), sus promotores ignoran que, en la estructura de la desigualdad chilena, su tono es inevitablemente gerencial. Ellos están ahí para mostrarle a “la gente” que los problemas ya están resueltos, que “la gente” clama por libertades y negárselas es mera obsesión de los burócratas. Eso explica, nos dicen, el fracaso persistente de la “clase política”: los chilenos no estamos para ese insufrible paternalismo moral (de ahí su eterno retorno a los “temas valóricos”). Pero así es como fallan en diagnosticar que es precisamente ese podio el que está puesto en duda. Los liberales se obsesionan con todos los aspectos de nuestra voluntad individual, pero no perciben la demanda por participar en la toma de decisiones, que tiene dimensiones colectivas. En esa medida, su núcleo gerencial no es problematizado, sino que continúa con ese estilo de hacer política para “la gente” que el PNUD describía ya en 1998. Que “la gente” haga lo que quiera, pero sólo en el plano individual (y todo esto convive, curiosamente, con cierto pavor tácito por el burócrata). Hay allí un déficit político insoslayable.

El desafío pareciera ser, entonces, que los liberales reexaminen cómo sus ideas se vinculan con las circunstancias concretas. El punto, claro, es que esto no será tan fácil. Para quien tiene la costumbre de resolver todo mediante categorías individuales, procesar otra clase de fenómenos es difícil. Pero el intento vale la pena: ya sabemos cuan cara es la incongruencia.

*Instituto de Estudios de la Sociedad