El ocaso de la AFDD

En la última asamblea de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, los asistentes se enfrentaron a gritos. El principal tema en tabla fue la forma en que la actual directiva, encabezada por Lorena Pizarro -hija de la emblemática dirigente de la agrupación, Sola Sierra- enfrentó el hallazgo y denuncia de bolsas con fragmentos óseos en la misma sede de la organización.

Tal como reveló The Clinic en junio, tres integrantes de la directiva -Lorena Díaz, Evelyn Gahona y Olga Morales-, denunciaron el hallazgo ante el ministro Mario Carroza, pero por desaveniencias con las dirigentes más antiguas -Lorena Pizarro y Alicia Juica- no pudieron hacer entrega de los fragmentos óseos y fueron estas últimas quienes finalmente los llevaron al magistrado.

La exposición pública de estos hechos y la circunstancia de que los restos permanecieran en la AFDD por más de 20 años desataron un conflicto tanto dentro de la organización, como en el extendido mundo de activistas y defensores de los derechos humanos, que, según revelan fuentes consultadas por este medio, está lejos de apagarse.

El principal motivo es la discrepancia sobre la respuesta de la directiva al hallazgo. En declaraciones públicas, Lorena Pizarro dijo que los fragmentos habían sido periciados en su momento por el Grupo de Antropología Forense (GAF), entidad que habría descartado que pertenecieran a detenidos desaparecidos, y que si el caso llegó como denuncia a la justicia se debió a la “inexperiencia” de las dirigentas Díaz, Gahona y Morales. Esta afirmación gatilló en la última asamblea la renuncia de estas tres aludidas, a quienes otra parte de la asamblea apoyó por considerar que actuaron como se debía cuando los fragmentos óseos, guardados por largo tiempo, reaparecieron en un cajón.

Lorena Pizarro y Alicia Juica fueron reconfirmadas en sus cargos en esa asamblea del 26 de junio -a la que asistieron cerca de 50 personas-, y se les unió otra antigua dirigente, Mireya García. No obstante, personas que asistieron, sostienen que varios familiares han comenzado a considerar la creación de una agrupación paralela, “lo que sería ante los ojos de la opinión pública, incomprensible”.

Otra fuente destaca que “no se puede entender este conflicto, sino se atiende a la crisis que vive simultáneamente el Partido Comunista, cuya directiva enfrenta el juicio crítico de parte importante de su base por el fracaso electoral de la última elección”.

La directiva actual del PC, entre otras decisiones cuestionadas, postuló a Lorena Pizarro a una fracasada candidatura parlamentaria por Maipú, lo que a ojos de las voces críticas, contribuyó aún más al debilitamiento de la AFDD.

“Antes del hallazgo de estas osamentas, a las asambleas asistían no más de 10 personas. Y los temas de discusión se habían convertido en pequeñas recriminaciones por asuntos nimios”, afirma una fuente. La sede estaba descuidada y desaseada. Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos, visitaba la sede silentemente y hacía el aseo de vez en cuando. La dirigente reemplazó a Sola Sierra y estuvo al frente de la organización durante buena parte de la transición hasta que perdió la presidencia en 2003 frente a Lorena Pizarro en una asamblea en la que, como en esta última, hubo acusaciones de “acarreo” de votantes. “A pesar del dolor que le causó la manera en que fue tratada en esa elección, ella le tiene cariño a la AFDD”, dice una fuente.

Paradójicamente, la asistencia a las asambleas se incrementó a partir del conflicto por el hallazgo de los fragmentos óseos. “En la última asamblea había unos 50 familiares y aparecieron personas que no se veían hace mucho tiempo. Tal como ocurrió en el 2003, algunos vinieron con el único fin de apoyar a Pizarro”, afirma una fuente.

Sin embargo, las voces críticas también se expresaron intensamente y cuestionaron a la dirigente por apuntar a sus propias camaradas en la organización. “Las acusaron de inexperiencia solo por actuar como es debido. Pero resulta que las compañeras no son unas recién llegadas como se quiso decir públicamente. Lorena Díaz, por ejemplo, es hija Lenin Adán Díaz Silva, economista y miembro de la Comisión Técnica del Partido Comunista, uno de los dirigentes más buscados por la DINA, quien desapareció en el operativo conocido como Calle Conferencia. Ese fue un agravio sin nombre”, dice una fuente a condición de anonimato y que explica que a pesar de la intensidad de las recriminaciones, la mayoría de los integrantes de la AFDD temen hacerlo público, “porque nadie quiere darle pasto a la derecha”.

Las ahora exdirigentas formaban parte de la directiva desde el 29 de marzo de este año, cuando se realizó la última votación de la AFDD. Según pudo confirmar The Clinic, de los 253 votantes que se inscribieron para esa ocasión, 93 se inclinaron por Lorena Pizarro; mientras Díaz, Gahona y Morales obtuvieron 34, 24 y 20 preferencias, respectivamente.

El fracaso de la respuesta en democracia

El abogado de derechos humanos y exjefe del Área Judicial de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón (76) mira con amargura las rencillas y opina que, así como están las cosas, la demanda de la AFDD se extinguirá cuando la generación que levantó sus banderas, fallezca.

-Hay quienes estaremos dispuestos a luchar hasta el último día de nuestras vidas por la verdad. Por encontrar a los detenidos desaparecidos y hacer justicia por ellos.

¿Y qué va a pasar cuando ya no estén esas personas?
-(silencio) Se va a acabar esta cosa, porque nadie más demuestra algún esfuerzo por hacerlo.

Sentado con piernas y brazos cruzados en un café ubicado a media cuadra de su departamento, quien además fuera parte del Comité Pro Paz desde su fundación en 1973, explica: “No es cuestión de exagerar ni hacer juicios desmedidos, pero a este país, desde hace largo rato, dejó de interesarle las víctimas de derechos humanos en dictadura”.

Las demandas por Verdad y Justicia por las violaciones a los derechos humanos en dictadura, dice Garretón, se encuentran “más abandonadas que nunca”.

Los esfuerzos que alguna vez efectuó junto a colegas por llevar adelante esta labor, agrega, han sido en vano en vista de la paulatina pérdida de interés por parte de la clase política y la sociedad chilena.

-Jamás me arrepentiría de aquello, muy por el contrario, aplaudo a quienes tuvimos el coraje de participar en el Comité y en la Vicaría, pero duele ver lo poco que interesa el tema a estas alturas-, dice.

Para sustentar su tesis, el abogado señala que en las elecciones presidenciales del 2017 ningún candidato se refirió al tema. Ni siquiera Alejandro Guillier, “el representante del bloque que alguna vez declarara los derechos humanos como parte central de su quehacer político”.

Por si fuera poco, dice, el debate cruzó la línea de la “la sensatez” y “paradójicamente quienes discuten el cumplimiento de sus derechos en la actualidad son los reos de Punta Peuco, otrora torturadores y partícipes de un régimen que llegó a aprisionar y exterminar a sus detractores”.

Roberto Garretón (Agencia Uno)

Aunque se diera a conocer que el gobierno de Sebastián Piñera indultó por primera vez en la historia a un preso de este penal –a René Cardemil, condenado a 10 años y 1 un día por el asesinato de 6 personas en 1973-, Garretón afirma que la derecha no es la única responsable del actual estado de cosas. El constante debilitamiento de estas demandas y las agrupaciones que las encarnaron es un “un triunfo pinochetista” fuertemente influido por “la liviandad concertacionista y de la Nueva Mayoría respecto a los derechos humanos”, que desde su perspectiva, se manifestó poco tiempo después de finalizada la dictadura.

-Y por eso duele el doble-, remata.

Mientras traza una línea temporal en su cabeza, Garretón expone que la bandera de los derechos humanos se abrazó con fuerza inmediatamente después del Golpe, cuando se fundó el Comité Pro Paz y se hicieron los primeros esfuerzos por garantizar la vida de los opositores al régimen.

Tres años más tarde, bajo la dirección del cardenal Raúl Silva Henríquez –a quien Garretón define como la figura moral más importante en la historia de Chile-, la Vicaría de la Solidaridad continuó con esta labor hasta 1992, época en que el sistema democrático recién restaurado era amenazado por desafiantes ejercicios militares y por la omnipresencia de Pinochet, primero como comandante en Jefe del Ejército y luego designado senador vitalicio
No obstante estos obstáculos, el abogado afirma que fue una época de compromiso absoluto y a toda prueba por la búsqueda de la verdad y justicia.

Por entonces, colectivos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) cumplían un papel preponderante en esta discusión, además de ser el rostro más visible y dramático de la violación a los DD.HH en dictadura.

La AFDD, por ejemplo, fue creada en 1974 al alero del Comité Pro Paz con un quórum inicial de veinte miembros. Para fines de 1975, el colectivo ya agrupaba a más de 300 personas, quienes compartían la angustiosa búsqueda de familiares desaparecidos.

Según recuerda una de las primeras integrantes del colectivo, Mireya García, el suceso que impulsó a formalizar la AFDD fue la publicación de la Operación Colombo, el montaje orquestado por la DINA que intentó encubrir la desaparición de 119 personas arguyendo “purgas internas” entre las víctimas.

En su libro sobre la AFDD, publicado en 2002, García señala que “esta burda maniobra de la dictadura para responder ante la Comunidad Internacional acerca del destino de los detenidos desaparecidos, nos obligó a iniciar un proceso extraordinariamente doloroso, asumir que nuestros familiares estaban siendo asesinados y sus cuerpos enterrados en lugares secretos, o sea, estábamos enfrentados a la desaparición forzada de personas”.

El camino que recorrieron desde entonces estuvo marcado por la incesante búsqueda de la verdad y que puso a las organizaciones de familiares como la espina más punzante en la oposición a la dictadura. El 22 de mayo de 1978, por ejemplo, antes de que alguien se atreviera a hacer cualquier tipo de manifestación opositora, integrantes de la agrupación iniciaron una huelga de hambre en las afueras de las parroquias La Estampa, Don Bosco y Jesús Obrero, en Santiago, causando conmoción nacional e internacional. La huelga–que se extendería por 17 días- exigía que “las autoridades de Gobierno cumplan de una vez por todas los compromisos adquiridos en cuanto a responder con la verdad sobre lo sucedido con nuestros familiares después de su arresto”, según un comunicado público emitido en la época. Además, buscaba contrarrestar la sistemática negativa mostrada por tribunales en recoger los recursos de amparo interpuestos por los familiares.

La huelga se depuso con la mediación de la Iglesia y la respuesta a sus demandas siguió pendiente, pero mientras más dura la respuesta del régimen, mayor era la apreciación pública a la estatura moral de las dirigentes de las agrupaciones, constituidas fundamentalmente por mujeres.

El punto de inflexión, afirma Garretón, fue la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, impulsada por el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en 1999, con el propósito declarado de encontrar la verdad, especialmente de los casos de detenidos desaparecidos. En esa mesa participaron integrantes de las organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos y representantes de las Fuerzas Armadas, convocados por el Ministerio de Defensa.

La Mesa sesionó entre agosto de 1999 y junio del 2000. Uno de los resultados fue la entrega de información sobre el paradero de detenidos desaparecidos por parte de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el Ejército, que resultó contener información falsa, previamente conocida o irrelevante. Hubo gestos públicos, como la declaración de Nunca Más del Ejército, pero información valiosa y nueva sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, no.

Los familiares quedaron con la sensación de haber sido engañados, mientras las prioridades políticas y sociales se alejaron cada vez más de sus demandas.

-La tarea más importante recaía en los gobiernos que siguieron al de Patricio Aylwin. Ellos eran los encargados de mantener este tema arriba, pero hubo desidia al no ocuparse de consolidar esto, y en no realizar esfuerzos verdaderos por la búsqueda de la verdad-, dice el abogado.

Como efecto del abandono político, Garretón señala que los medios de comunicación también dejaron de prestar atención, y viraron hacia temáticas de derechos humanos que no estaban relacionadas con lo acaecido en dictadura. “Algo legítimo y necesario”, dice, “pero que lastimosamente invisibilizó esta larga pelea”.

El precio de la indiferencia

Sentada en el living de su casa ubicada en un pasaje de Ñuñoa, Gloria Torres recuerda sus primeros días en el Comité Pro Paz, cuando era una abogada penalista recién egresada. Dice que aprendió de sus colegas más experimentados y que ser parte de ese equipo se convirtió en una experiencia que la marcó para siempre. Después de todo, al igual que Garretón, Torres ha seguido una vida ligada a la defensa de los derechos humanos.

Con los más de 40 años que cumple en esta tarea, opina que la falta de solidaridad por parte de la sociedad chilena hacia la demanda de los familiares de las víctimas es uno de los principales factores que han influido en el decaimiento de las organizaciones.

-Es una insensibilidad tremenda la de todos estos años, y en parte es la responsable del abandono en la lucha por encontrar la verdad de los detenidos desaparecidos-, afirma.

En un closet de su casa, Gloria Torres guarda su pequeño baluarte: un mural bordado en 1976 por 11 madres de hijos detenidos desaparecidos.

La obra se titula “Nuestro vía crucis” y retrata, en 12 cuadros, la búsqueda de los hijos que nunca más volvieron a ver.

A las autoras de la arpillera las conoce desde que eran jóvenes, cuando recién se formaba la AFDD. Aunque el mural permanece intacto a 42 años de realizado, Torres admite que la fuerza y la demanda de sus creadoras ha decaído con el paso del tiempo.

-Estas señoras, que luego formarían la AFDD, y a las cuales considero un tesoro de Chile no reconocido, han sufrido un desgaste importante con el paso del tiempo. Sobre todo porque cansa gritar sin ser escuchada por tantos años-, reflexiona.

La abogada reconoce que la actual AFDD se ha deteriorado y sostiene que es normal para personas que han soportado solas el dolor indescriptible de perder a los suyos en manos de agentes del Estado, sin que la sociedad haya comprendido que la demanda no es solo de ellas, sino del conjunto de la sociedad que vivió las más graves violaciones a los derechos humanos y que ahora pretende continuar como si nada.

Torres califica la disputa que actualmente enfrenta a las integrantes de la AFDD como “legítima”, pero “nociva” para quienes fueran un estandarte de la defensa de los derechos humanos, y lamenta que el episodio se sume a las causas del debilitamiento de una lucha que “es de por sí, agotadora”.

El paso del tiempo mermó la ilusión inicial de encontrar a los detenidos desaparecidos con vida y la demanda, posterior, de conocer qué pasó con ellos y de recuperar sus cuerpos.

“Por falta de verdadero compromiso institucional y solidaridad”, dice Torres. “Pero sobre todo, por el inquebrantable silencio pactado entre militares y colaboradores civiles de la dictadura, muchos de los cuales ya murieron sin aportar una pista”.

-La lucha está más a contrarreloj que nunca, todavía más que cuando se iniciaron estas causas. El tema de la Justicia ya no es tan primordial como antes, porque ahora la urgencia es distinta: simplemente, la gente no se quiere morir sin saber dónde están, o sin tener la mínima noción de qué pasó con quienes han buscado casi toda su vida.

Para la penalista, “una sociedad que no entierra a sus muertos no se puede reconciliar consigo misma”, porque “es como si nos negáramos a comprender el dolor que implica no hallar a quienes han sido arrancados de tu vida contra su voluntad”.

El precio de la indiferencia de la sociedad lo pagan los familiares de las víctimas, que tampoco reciben adecuado acompañamiento para enfrentar el desgaste emocional y sicológico de soportar el dolor por tantos años. “La deuda contraída con los familiares de detenidos desaparecidos nunca terminará de pagarse, pues han dedicado su vida a intentar reparar una herida que sufren, que no es de su responsabilidad, y que no pueden cerrar en solitario”.

-Hemos sido incapaces de decirles dónde están sus familiares, y aun así no hemos aportado como país en su cruzada. Es como si nadie entendiera lo terrible que es no tener un lugar donde prender una vela o rezar por tu ser querido que te fue quitado. Estas mujeres, quienes han sido ninguneadas y jamás han recibido una caricia siguen ahí, a la espera de algo. De cualquier cosa que les permita dejar de sufrir.