En abril pasado, la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática) se convirtió en la única representante del Frente Amplio en la comisión mixta del Congreso que busca modificar el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno.

Desde esa posición, Pérez ha luchado para que la nueva legislación incluya la inhabilitación perpetua a los funcionarios que acepten dineros de empresas, la re tipificación del delito de cohecho y la creación de “listas negras” para que las empresas que hayan “mojado” a políticos no puedan volver a celebrar contratos con el Estado.

¿Qué significa la “re tipificación” del delito de cohecho?

-Actualmente, por cómo está expresado en Código Penal, es prácticamente imposible probar el delito de cohecho. Por eso nos interesa establecer una nueva definición, que implique que la sola acción de recibir dinero por parte de un funcionario público es por sí mismo un delito, y que no necesariamente deba comprobarse la “contraprestación” por ese dinero, como existe hoy.

Las contraprestaciones fueron parte fundamental de la explicación que dio el fiscal Manuel Guerra para solicitar el proceso abreviado en el Caso Penta. Según dijo, no se podía probar que Pablo Wagner hubiera realizado trabajos por el dinero recibido de Penta.
-¡Exacto! Actualmente, un fiscal debe probar que el dinero llegó a un determinado funcionario, luego que él hizo algo con ese dinero y que eso que hizo está vinculado con las funciones específicas de su cargo. Probar esa línea causal –que llamamos “contraprestación”- es lo que termina trabando las formalizaciones. En Chile el delito de cohecho existe, pero el nivel probatorio es tan difícil que hoy no hay condenados por ello.

Este lunes, el gobierno anunció que ingresaría indicaciones para eliminar la necesidad de probar las “contraprestaciones”. ¿Lo sientes como un triunfo?
-Estamos conformes con que el gobierno haya replicado nuestra propuesta. Tuvimos que insistir y presionar públicamente – junto a organizaciones como Ciudadano Inteligente o Espacio Público- para que el ejecutivo presentara esta propuesta, cuya necesidad ya conocía hace bastante tiempo. Y que, además, había sido votada en contra por los parlamentarios oficialistas previamente.

Entiendo que la solicitud de inhabilidad perpetua fue discutida y no prosperó en la Comisión.
-Claro, la inhabilitación perpetua la solicitamos en sesiones anteriores y lamentablemente, pese a que hubo apoyo de otras fuerzas de oposición, el ejecutivo se negó a dar su apoyo a la indicación. Es lamentable, ya que significa que si eventualmente el exsubsecretario de minería, Pablo Wagner, quisiera volver a la administración pública, podría hacerlo. Sin embargo, aún queda la discusión con respecto de aumentar las penas aumentar digamos la forma en que se calculan las penas para las más altas autoridades.

¿Y qué significa la inhabilidad para las empresas? ¿Cómo va esa discusión?
-Hay un delito espejo del cohecho, que es el soborno. O sea, ¿qué pasa cuando se comprueban delitos de soborno de empresas como SQM, Penta, Corpesca, pero luego siguen contratando para el Estado? Si pedimos inhabilidades absolutas perpetuas para el funcionario que comete el delito de cohecho, bueno, también exijamos que las empresas que son sancionadas por delitos de soborno no puedan volver a contratar con el Estado. Esa es la discusión que se viene ahora en la comisión mixta.

Ministerio Público
En tu opinión, en el proceso abreviado del caso Penta, ¿el fiscal Manuel Guerra actuó por las pocas herramientas jurídicas que tenía o fue motivado por un favoritismo?
-Yo no sé cuáles habrán sido las motivaciones personales del fiscal Guerra, pero sin duda hubo una falta a las labores del Ministerio Público en materia de persecución penal, y que benefició a quienes hoy día comenten delitos en Chile. Aunque esto, lamentablemente, no es un hecho aislado del fiscal Guerra, sino que parece ser una doctrina de Ministerio Público que tiene que terminar de una vez por todas.

Pero si hablamos que el cohecho está débilmente tipificado, ¿existe una ventana para pensar que el fiscal Guerra u otros fiscales que estén persiguiendo esta clase de delitos están actuando con las herramientas que tienen?
-Creo que este problema tiene que atacarse desde distintos blancos. Lo primero que tenemos que asegurar es que el Ministerio Público tenga herramientas para hacer su trabajo. Por ello luchamos por la retipificación. Otra cosa es asegurar la autonomía del Ministerio Público y que quienes ejerzan estos cargos públicos lo hagan realmente en función de la probidad, la transparencia y el bien común, y no en función en como mantienen carreras personales a costa de la función pública.

Al final, es el Senado quien vota por el cargo de Fiscal Nacional
-Exacto. Al final, todo el sistema permite que por un lado el Ministerio Público no tenga las herramientas adecuadas para actuar, y que por otro lado las motivaciones de quienes están ocupando las funciones públicas no sean las adecuadas. Por eso esta es una lucha que debe ser sistémica, porque de nada nos sirve, por ejemplo, la destitución del Fiscal Nacional si lo va a reemplazar quién, ¿el fiscal Guerra? O sea, ¿eso va a ser suficiente para combatir la corrupción en Chile? Yo creo que no.

Como militante de RD, ¿Estabas a favor de la solicitud de la destitución del fiscal nacional Jorge Abbott?
-Sí, estoy de acuerdo con la solicitud de destitución, como miembro del Frente Amplio y como RD también. Nuestro partido tomó la decisión de jugar en un camino que tiene que ver con el cambio de las reglas del juego, pero creo era necesario solicitar la destitución del Fiscal Nacional. Sus declaraciones en la cuenta pública, reafirman la realidad de que hay justicia para unos y justicia para otros. Ojalá la Corte Suprema esté a la altura y falle en favor de la ciudadanía.

¿Qué significa para un país que el cohecho esté tan débilmente sancionado como en Chile?
-La lucha contra la corrupción es una de las grandes tareas que tenemos pendiente en el país, especialmente con el objetivo de reafirmar la democracia que hoy existe en Chile. Esta idea de que existe una “justicia” para unos pocos pasa en gran medida porque no somos capaces de asegurar que las reglas del juego cambien. Son esas reglas las que han permitido que la relación entre el dinero y la política continúen secuestrando la democracia. Aquí estamos hablando del trabajo por acabar con los privilegios, el fin del nepotismo.