OPINIÓN. Hacia una política nacional del Litio

La historia económica de nuestro país se cruza constantemente con serias dificultades para cuidar sustentablemente nuestros bienes naturales para las actuales y futuras generaciones.

En el año 1971, durante la presidencia de Salvador Allende, se llegó a un gran acuerdo para nacionalizar el Cobre en Chile a través de una reforma constitucional que contó con los votos unánimes del Congreso desde el Partido Nacional al Partido Comunista. Sin embargo, con la llegada de la Dictadura Cívico-Militar y la dictación del Código de Minería y la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, se crearon las condiciones jurídicas y económicas para la privatización de este sector estratégico, medidas que se implementan con fuerza ya en democracia, logrando el crecimiento de un sector privado extractivo que ha hegemonizado la actividad, representando al día de hoy el 66,5% de la producción de cobre del país.

Lamentablemente, la actividad minera del cobre en Chile no tiene como objetivo dar valor agregado, puesto que, básicamente, nuestro país se ha dedicado a vender concentrado de cobre al exterior, para luego importar los productos derivados que son manufacturados en otros países; dicho en términos simples, se exporta materia prima y se importan cables. Además, recaudamos una tasa tributaria muy baja comparativamente con otros países mineros, y con una precaria capacidad fiscalizadora de las instituciones públicas, generando un despilfarro y concentracion en muy pocas manos de las regalías de de nuestros bienes comunes naturales y tampoco tenemos una industria que cumpla altos estándares en materia medioambiental.

Hoy se abre una oportunidad para corregir el rumbo en el caso del Litio. Estamos convocados a discutir este tema por la contingencia de la compra por parte de un joint venture entre las empresas Tianqi (china) y Albemarle (estadounidense), para adquirir el control de la empresa chilena SQM.

Durante la Dictadura, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet y quien detentó los cargos de director de CONAF, presidente de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, director y gerente de empresas estatales como CTC, IANSA, ENAMI y ENDESA, aprovechó su situación de privilegio para beneficiarse de la privatización de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, SOQUIMICH, anteriormente estatal, y construyó un imperio económico basado en la compra de favores políticos a través del financiamiento irregular de campañas políticas en democracia. Financió a Hernán Büchi en su candidatura presidencial en 1989 y más adelante, lo siguió haciendo de manera transversal con distintos políticos de todo el espectro democrático.

Además, contamos con antecedentes de varias organizaciones socioambientales, informes de investigadores y sanciones la SMA que han alertado sobre los efectos dañinos e irreparables que está produciendo la explotación del mineral en salares altoandinos del Cono Sur cuyas extracciones hídricas sobrepasan con creces la capacidad de recarga hidrogeológica del salar de Atacama. Las comunidades atacameñas que viven en esta cuenca acusan distintos problemas, entre ellos, una fuerte crisis hídrica que se debería en parte al uso que hacen las mineras en su actividad de extracción y con ello una la puesta en peligro de sus ecosistemas y economías locales. La cuenca del salar no se puede transformar en una nueva zona de sacrificio para enriquecer los bolsillos de SQM y Albemarle.

Las mineras también se apropian del agua privatizada en Chile y la explotación actual de litio es un pleno testimonio de ello. Nosotros, desde el Frente Amplio entendemos la demanda actual de litio como una oportunidad para generar mayor valor agregado en nuestro país, de innovación y con ello contribuir a un mejor futuro para las actuales y las futuras generaciones, para lo cual consideramos imprescindible continuar y fortalecer las políticas de gobernanza y manejo sustentable de salares que estableció la comisión chilena del litio en el año 2015, entendiendo que se trata de una extracción minera acuifera que debe ser abordada bajo marcos legales específicos respecto a la minería metálica.

Chile tiene más de la mitad de las reservas de este mineral en el mundo. De hecho, al año 2016, nuestro país concentraba el 38,4% de la producción mundial y sólo SQM, un 25%. Es decir, existe un gran potencial que debe ser enfocado con responsabilidad y desde un ho .

Así, creemos que es necesario generar una Política Nacional de Litio y de manejo integral de salares que mire estratégicamente el futuro de este recurso y que permita su aprovechamiento, con estándares de Derechos Humanos y Medio Ambiente, y de respeto a los derechos laborales de los trabajadores así como también una producción que agregue valor, a través de la industrialización y el uso de la tecnología.

Además, proponemos un verdadero acuerdo nacional para nacionalizar SQM y que, de una vez por todas, nos hagamos cargo como país de este recurso. Y no nos referimos a monopolizarlo para el Estado, creemos que se puede trabajar con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, pero esto no significa regalar el litio. Todos los chilenos tenemos mucho que decir al respecto y desde el Estado, podemos convocar a Universidades y científicos de alto nivel de manera interdisciplinaria para que Chile se ponga a la vanguardia de la industria tecnológica buscando encadenamientos productivos con manufacturas de alta productividad, de manera sustentable con los territorios. ¿Por qué no podríamos, por ejemplo, producir baterías para vehículos eléctricos o desarrollar la industria farmacológica en nuestro propio país?¿Podemos superar el neoliberalismo extractivista en el siglo XXI?

Nos preocupa la adquisición de buena parte de SQM por el joint venture entre Tianqi y Albermarle. Esto porque podría implicar un paso definitivo del que difícilmente podamos dar pie atrás, así como también la posibilidad de mayor concentración del mercado y de la propiedad en el mundo, configurando un verdadero cartel del litio.

Hoy tenemos una tremenda oportunidad, por tener un país desarrollado, sustentable, sin zonas de sacrificio y que cuente con una industria de vanguardia a nivel internacional.

Firman:

• Juan Ignacio Latorre, senador RD – FA, región de Valparaíso
• Catalina Perez, diputada RD – FA por el distrito nº3.
• Gonzalo Díaz, Coordinador de Contenidos, Directiva Nacional
• Frente Ecosocial Revolución Democrática Comisión Nuevo Modelo de Desarollo – Revolución Democrática