El Código Civil de nuestro país, en su Artículo 44, señala que quien maneja negocios ajenos debe hacerlo con igual dedicación que si lo hiciera para cuenta propia. Esto significa básicamente que quien invierte para otros en ciertos instrumentos, es porque haría lo mismo para sus propias inversiones.

Para decirlo tal y como lo señala la legislación: “culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”.

En los negocios privados los ejecutivos están controlados por los propietarios, por lo que esta obligación tiene supervisión. En el caso de las AFP, que es una captura del sistema público por las empresas privadas, no se cumple esta regla. Usted como cotizante no puede incidir en ninguna manera en los ejecutivos que son contratados por los propietarios de las AFP. Pero los propietarios de las AFP no son los que pusieron la plata. El dinero es suyo y las decisiones son de ellos. Y más aún, ese dinero usted ‘tiene’ que ponerlo, es decir, es impuesto, obligatorio. Es un impuesto que el Estado chileno exige para que vaya a parar a privados, un impuesto medieval. Pero volvamos al punto. No sabemos si los ejecutivos de las AFP están invirtiendo lo que ellos ganan ($30 millones o más mensualmente) en los mismos instrumentos financieros que nos aconsejan. ¿Deberían? La ley dice que sí.

En el último año he trabajado sobre este tema, buscando información en Chile y fuera de Chile. Desde que denunciamos el año siguiente la fiesta de AFP Capital y el carrete de su ejecutivo Eduardo Vildósola con dinero de los cotizantes, los antecedentes han llegado por montones. Hemos logrado configurar un equipo de investigación y también grupos de apoyo. Incluso ex ejecutivos de las AFP se han sumado a nuestra causa, todavía sin dar nombres, pero interesados en revelar lo que han visto e intentar probar la gravedad de lo que ocurre: ejecutivos que invierten sus fondos en paraísos fiscales, ejecutivos que viajan por el día a ver sus inversiones a esos países, ejecutivos que tienen una red de trabajo con otros ejecutivos coludidos entre AFP, ejecutivos que tienen sociedades de inversión familiares con cuentas en el extranjero, ejecutivos que se compran acciones justamente en las empresas donde saben que invertirán en su AFP.

¿La superintendencia vela que se cumpla esta legislación? No.

El sistema de AFP en Chile es la mayor actividad de corrupción jamás vista en Chile. Peor que SQM, peor que Diego Portales, peor que CEMA Chile, peor que Penta, peor que MOP-GATE, peor que los Carabineros. Y peor que todo esto junto. Cero regulación, cero derechos para los ciudadanos, cero beneficios para los clientes, cobros arbitrarios, caros y con un servicio malo. Y en medio de eso, un salario para los ejecutivos como si nos hicieran ricos. Y además, libertad total para ellos para hacer lo que quieran con su plata, por supuesto, lo que no hacen con la nuestra, que renta al tres al cuatro, mientras ellos acumulan decenas de millones de dólares.
Los ejecutivos de las AFP deben ser investigados por norma en sus cuentas. Y debe ser obligatorio que inviertan en los fondos que nos obligan a invertir. Pero más importante que el futuro, es el pasado. ¿Sabemos lo que hicieron el año pasado? ¿Y el anterior? Se han hecho ricos, así de simple. No todos, pero hay redes completas que lo han sido. Y ellos lo saben. Es probable que al leer esto se encuentren nerviosos. Y es que sabemos lo que hicieron el verano pasado.

Esperamos que la superintendencia solicite a la brevedad los datos de las inversiones y sociedades de los ejecutivos. Es algo sencillo y esencial en un momento donde el gobierno promueve integrar el sistema de manera más intensa a las lógicas del mercado. No es probable que ocurra, el sistema de AFP es la base de la corrupción en Chile y busca normalizarse a cada segundo con un sistema de vigilancia ínfimo.