Quiso la historia que fuera durante un gobierno de derecha que asesinaran a Camilo Catrillanca y se develara en pocas semanas la vergonzosa trama de mentiras, irregularidades e incompetencias que existieron alrededor de su muerte. Y dado que la historia lo quiso así, se nos abre una oportunidad única como país para avanzar en una respuesta de fondo al conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

En un principio, en el caso Catrillanca las cosas transcurrieron tal como habían sucedido otras veces, cuando comuneros mapuche morían producto de disparos de carabineros: hubo un parte policial que se transformó en versión oficial. Sin mediar ningún filtro de verificación o investigación, las autoridades del gobierno la adoptaron como propia y, detrás de ellos, parte importante de la prensa y la dirigencia política. Pero esta vez, a diferencia de en otras oportunidades, la versión policial se comenzó a desmoronar, vinieron las destituciones, formalizaciones, interpelaciones, solicitudes de renuncia, pedidas de perdón. Cuando Matías Catrileo fue asesinado, o Jaime Mendoza Collío o Alex Lemún, el parte policial se mantuvo como versión oficial indefinidamente y la verdad sólo vino a reconocerse por parte del Estado cuando llegaron las sentencias judiciales, años después. En los casos Catrileo y Mendoza Collío, ambos asesinados por la espalda al igual que Catrillanca, se condenó a dos carabineros por homicidio, eufemísticamente llamado violencia inncesaria con resultado de muerte en el Código de Justicia Militar que regía ese tipo de causas a la época, ya no, afortunadamente. En el caso de Lemún, que tenía 17 años al momento de su muerte, sólo después de 16 años se formalizó al carabinero autor del disparo que lo mató y se hizo por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos de centro izquierda aceptaron las versiones policiales de una forma que no sólo fue ingenua sino inexcusable. Los carabineros finalmente sancionados fueron solamente los que apretaron el gatillo, con penas muy bajas, no los que los ayudaron a fabricar el montaje ni los que encubrieron toda la cadena de mentiras, menos aún quienes estaban al mando de la institución. En uno de los casos, el de Matías Catrileo, la sentencia exigió que el autor de su muerte fuera dado de baja, medida que Carabineros se resistió a cumplir por meses, sin que el gobierno de la época, del mismo Sebastián Piñera, ni siquiera chistara.

Algo ha cambiado en Chile para que las cosas transcurran ahora de un modo tan distinto. Es un cambio positivo, pero lo será mucho más si intentamos entender verdaderamente qué explica esta sucesión de episodios bochornosos y actuamos profundamente para cambiar la situación.

Carabineros se ha visto superado por años en su capacidad de responder a los hechos que suceden en la Araucanía en torno al conflicto entre los mapuche y el Estado de Chile. Era que no. Se trata de un problema eminentemente político, que dice relación con la composición del Estado de Chile, la identidad de sus pueblos y su memoria. Nada más lejos de las habilidades policiales. Ese conflicto ha tenido dentro de sus manifestaciones la realización de acciones violentas, delitos de diversa naturaleza, la mayoría de ellos contra la propiedad pero no pocos contra las personas, incluyendo el asesinato del matrimonio Luchsinger. La presión ha sido muy alta para que se esclarezcan estos delitos, pero los resultados han sido escuálidos. En la enorme mayoría de los casos no hay ni siquiera sospechosos y, cuando los hay, los tribunales suelen desestimar las pruebas que se presentan y terminan declarando inocentes a los acusados. En una ocasión, en que se dictó sentencia condenatoria contra dos lonkos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado de Chile por aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista y violación del debido proceso. Ha sido en medio de esos casos que se ha construido un verdadero modus operandi institucional de fracasos policiales, mentiras y montajes que no fue frenado a tiempo por las autoridades y organismos que podían hacerlo. De hecho, es evidente que la Operación Huracán no fue la primera oportunidad, y ciertamente no fue la última, en que se fabricaron pruebas, se amañaron testimonios y se ocultaron antecedentes. Esto ha pasado una y otra vez ante las narices de los fiscales de la Araucanía que llevaron estas investigaciones los cuales, lejos de develarlo, como sí lo hicieron en la Operación Huracán, lo han apañado y se han valido de ese impresentable trabajo policial para formalizar y pedir penas contra decenas de mapuche. Por suerte, los Tribunales han sido más rigurosos y han denegado muchas veces las condenas solicitadas. Los gobiernos, casi siempre de centro izquierda, desesperados por mostrar avances en la investigación de los hechos de violencia, han mirado al cielo.

Es en medio de esas dinámicas que cayeron muertos Lemún, Catrileo y Mendoza Collío. La tolerancia de las autoridades políticas y de la Fiscalía Regional con las prácticas irregulares de la policía ya estaba asentada, y la muerte de los comuneros no fue suficiente para revertirla. Duele decirlo, pero hay que hacerlo. Tuvo que producirse la muerte de Camilo Catrillanca, en medio de un gobierno de derecha, para que toda esta dinámica explotara por los aires y se hiciera ineludible enfrentarla, tanto en su dimensión de reforma policial como respecto al desafío mayor que es darle una respuesta sustantiva al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche.

Los sectores de centro izquierda, que gobernamos durante casi 25 años desde el retorno de la democracia, tenemos en estas materias una deuda evidente y lo dice una persona que no ha renegado de esa trayectoria, y que la valora fuertemente. En particular, en lo relativo al tema indígena, hay que hacerse cargo de la ausencia de una respuesta política coherente con los principios en los que creemos, con el valor del diálogo y de la diversidad, con la búsqueda de la equidad y el respeto de los derechos humanos. Incluso más, con el sentido más básico de la justicia. Aquí, como en otros casos, se muestra la dificultad que tenemos como sector para enfrentar los temas que están atravesados por la agenda de la seguridad, donde tendemos a quedar atrapados entre las políticas autoritarias que exige la derecha y el buenismo naive del progresismo de salón. Tanta deuda acumulada haría aconsejable que en esta etapa los actores políticos que fuimos gobierno por tanto tiempo tuviéramos una agenda propositiva y de avanzada hacia el actual gobierno y la sociedad, en lugar de un discurso recriminatorio pues, si de eso se trata, los primeros recriminados debiéramos ser nosotros mismos.

Para el gobierno del presidente Piñera se abre una opción histórica. Ellos, y quizás sólo ellos, pueden conducir un entendimiento para adaptar nuestro Estado a la realidad de una sociedad plurinacional, entregando espacios de autonomía y representación política. Como hizo Nixon con China o Reagan con la Unión Soviética, un gobierno de derecha tiene más espacio para buscar acuerdos con aquellos que son vistos con temor y rechazo desde su propio sector. Para asumir ese rol, que pondría a este gobierno en un cuadro de honor en la historia de Chile, la derecha debe hacer su propia autocrítica. Así como han sido más certeros que nadie para sancionar las irregularidades policiales por el homicidio de un comunero mapuche, Camilo Catrillanca, su trayectoria hacia atrás debiera ser claramente rectificada: desde la militarización de la Araucanía con el Presidente al frente anunciando el comando ex jungla, hoy anónimo, pasando por los años y años de discursos del miedo, acusando terrorismo, ausencia de Estado y exigiendo mano dura. Con esa política del terror, la derecha contribuyó activamente a que se cerrara el camino para soluciones más dialogadas y políticas, misma actitud con la que rechazó los diversos intentos de reforma constitucional.

Hay un tercer sector político que tiene aquí algo que decir, y es el Frente Amplio. Si logran salir del discurso sentenciero podrían ser grandes facilitadores de un entendimiento transversal y responsable, que se haga cargo de la mayor fractura de la sociedad chilena: la ausencia de un entendimiento para que el Estado reconozca y dé cabida a sus propios pueblos.

Un esfuerzo transversal por avanzar hacia un, ahora sí, nuevo trato con los pueblos indígenas, requerirá algo más que la voluntad de los distintos sectores políticos. Los líderes mapuche tienen un papel imprescindible y un gran desafío, así como también las comunidades indígenas, la sociedad civil y los medios de comunicación. Lo sucedido ha sido de tal magnitud y dramatismo que no es ingenuo suponer que todos nos hemos visto obligados a reflexionar y cuestionarnos. Sólo lo sabremos si alguien toma la iniciativa, y ese alguien, en Chile, no puede ser otro que el gobierno. Ojalá tenga la lucidez y el coraje de asumirlo.