Todo inició con un déficit financiero de $1.200 millones. La matriarca de la institución, Filomena Narváez, prometía ser una vez más la salvadora del proyecto educativo. Sin embargo, una profunda crisis familiar en su círculo más cercano dejó a la Unicit en una especie de limbo, a la espera de una ayuda económica que nunca se concretó. Los últimos datos públicos que se conocen fueron los entregados por el exrector del plantel, Héctor Jara, en marzo del año pasado, asegurando que la cifra ya bordeaba los seis mil millones de pesos.

Para cualquier institución que busca participar del proceso de acreditación, la autonomía es esencial. El Consejo Superior de Educación (actual CNED), le concedió este carácter a la Universidad Iberoamericana (Unicit) en enero del 2004. El fin de este título, según explica Alejandra Contreras, exjefa de la Divesup que asumió el inicio de la crisis, es que la universidad logre ser independiente de las decisiones que tome su grupo controlador, en este caso, de la familia Cárdenas Narváez. “La Iberoamericana es una universidad que, si uno revisa hacia atrás en sus procesos de licenciamiento, siempre tuvo dificultades para salir de la dependencia de la señora Filomena Narváez y sus hijos”, afirma.

Una vez obtenida la autonomía, la Unicit decidió postular a la acreditación institucional. Para esto, tomaron una serie de decisiones relevantes: la creación de una junta directiva independiente y la salida de la familia de las principales funciones ejecutivas.

Hay que destacar que la universidad se sometió de forma voluntaria y exitosa al proceso de acreditación en los años 2005, 2007, 2009, 2010, 2013 y 2016. Expusieron en tres oportunidades diferentes documentos para la reposición de la acreditación, y dos de estas fueron negadas (2006 y 2014). Además, en el último año mencionado, presentaron un recurso de apelación, que tampoco fue considerado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Una mayor cantidad de años en acreditación significa haber obtenido mejores resultados en el proceso de certificación de calidad que otorga la CNA. En el caso de la Iberoamericana, las acreditaciones nunca fueron entregadas por más de dos años (de un máximo de siete), ni en otra categoría que no fuera Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Con este sello, las instituciones suelen atraer jóvenes que van a ingresar a estudios superiores ya que, a diferencia de los planteles que no cuentan con acreditación, ellos sí pueden ofrecer acceso al financiamiento estatal.

Para una institución de educación superior, que no obtenía grandes recursos por medio del pago de sus aranceles (muchos de ellos bordeaban los aranceles referenciales del Mineduc), presentarse al proceso de acreditación significaba una gran oportunidad para recibir ingresos estatales por medio de becas y del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Santa Filomena y su proyecto familiar

Uno de los momentos más duros que vivió la universidad fue en el año 2013, cuando perdieron la acreditación institucional debido a múltiples incoherencias y faltas en sus antecedentes. La más grave: la omisión de las problemáticas legales entre los miembros de la junta directiva, la familia Cárdenas Narváez. La evaluación externa de la CNA constató que tales juicios ponen en jaque la real independencia de la universidad del grupo fundador, convirtiendo en riesgosa la continuidad de su proyecto educativo.

Además, la CNA textualmente informó que “edificios importantes por su tamaño y significación en que funciona la Universidad, pertenecen a Inmobiliaria Iberoamericana S.A cuyos socios son los mismos miembros fundadores de la Junta Directiva que están en entredichos de tipo legal”. Una institución, declarada autónoma por el mismo Mineduc en 2004, dependía total y exclusivamente de los negocios y relaciones que tenían sus miembros fundadores, dueños de los edificios centrales de la universidad y destinatarios de los pocos recursos que obtiene.

El proceso de acreditación del 2013 dejó muy mal parada a la Universidad Iberoamericana, no sólo por la trama de índole legal: remuneraciones académicas no reajustadas para los profesores hora, débil acceso a financiamiento externo, bajo crecimiento en la matrícula y pocas carreras acreditadas (sólo el 4% tenía certificación), entre otras deficiencias. El 2016 se veía como el año de la revancha para la evaluación de las áreas de Gestión Institucional y la Docencia de Pregrado. Con Filomena Narváez y sus hijos lejos de la junta directiva, la Unicit tuvo la oportunidad para reivindicarse de sus errores.

Y lo logró. Según constata la comisión en octubre de ese año, la casa de estudios privada cambió diversos puntos: se destaca la formación de una nueva junta directiva, la reducción de docentes acorde al tamaño de la propia institución y el aumento de la infraestructura perteneciente a la universidad.

No obstante, el desequilibrio financiero se evidenció de igual forma. El presupuesto de remuneraciones para académicos planta se redujo en un 25%, pasando de $4.015 millones en 2013 a $2.913 millones dos años después. Al no tener acceso a recursos estatales para los alumnos o para el plantel, las operaciones generaron un déficit inicial de 263 millones de pesos. A pesar de esto, su nivel de endeudamiento continuaba siendo bajo.

Ninguna reestructuración podría salvar económicamente al plantel debido a que sus aranceles eran demasiado bajos para poder ser una institución rentable y la gran mayoría de los estudiantes tenían becas internas que cubrían una importante parte de los gastos (algunos funcionarios también estudiaron con aquellas facilidades). La idea de Filomena Narváez, se afirma en su entorno, era no dejar a nadie fuera del sueño de poder titularse de una carrera profesional. Y si eso significaba seguir tapando hoyos financieros con su propio dinero, lo haría hasta el último peso.

Y fue así durante muchos años: existía una crisis interna cada cierto tiempo, ella inyectaba recursos y todo volvía a la normalidad. De autónoma, la universidad no tenía nada, a final de cuentas. A pesar de que Narváez se hubiera retirado de los cargos directivos, sus hijos o personas de su confianza permanecían allí. Frente a cualquier crisis, ella “soltaba el billete”.

Es por esto que muchos docentes o directivos de la institución no creían en las acusaciones de lucro que se formulaban a la Unicit. Jorge Balmaceda, exabogado de Filomena Narváez y exsecretario general del plantel, afirma: “Duele que digan que la universidad se formó para lucrar, es todo lo contrario: aquí no se lucró, sino que se invirtió un montón de plata, de carácter personal, para que gente que no tenía acceso a otras universidades, pudiera sacar su título profesional”.

Marcia Jarpa, quien fue docente de la carrera de Medicina Veterinaria, opina distinto. Según ella, la Unicit era “la gallina de los huevos de oro” para la familia Cárdenas, sobre todo para los hijos de la dueña. “La universidad siempre daba lucas, pero como no se invertía ni trabajaba, finalmente ellos empezaron a sacar y sacar dinero, y llegó un momento en que obviamente ya no tenían cómo cubrir gastos. Y aunque devolvían, nunca se equiparaba con todo lo que sacaban”.

A pesar de lo ocurrido en el año 2013, la CNA entregó nuevamente la acreditación por dos años a la «Ibero» en el 2016. Aquellos “detalles” del pasado no la estimularon a evaluar con mayor rigurosidad la nueva solicitud. Cinco meses después de recibir la certificación, la bomba explotó: la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología declaró tener un desequilibrio financiero debido a una deuda que rodeaba los $1.200 millones. Esto significó la renuncia inmediata del entonces rector, Félix Viveros, y de gran parte de la junta directiva.

Héctor Jara, vicedecano en ese entonces de la Facultad de Ciencias Jurídicas, a petición de las autoridades restantes del plantel, asumió como el nuevo rector de la universidad. “La acreditación la alcanzamos porque nuestro proyecto educativo era formidable y porque se presentó un estado de balance sostenible en el tiempo. El desajuste que se produjo fue porque se gastó más de lo que se producía y los sostenedores no quisieron poner los recursos o aceptar a un socio estratégico para sacar adelante a la universidad”, afirma.

Alfonso Muga, presidente de la CNA, aseguró que la situación financiera no les fue informada a tiempo. Inicialmente, incluso acusó a la casa de estudios de una posible adulteración en la entrega de antecedentes para el proceso de certificación. “No descartamos que, a lo mejor, haya habido un arreglo de información. Sería grave si lo pudiésemos constatar”, afirmó Muga a Emol, defendiendo su riguroso trabajo en la entrega de sellos de calidad, aunque cuatro meses después, en rueda de prensa, aseguraría que no hubo dolo por parte de la Universidad Iberoamericana.

La deuda de la Unicit comenzaba a aumentar, pero la tranquilidad de la comunidad universitaria descansaba en una antigua tradición: la familia Cárdenas Narváez había comprometido una inyección de capital para salvar a la institución, una vez más. Existía confianza en que “Santa Filomena” solucionaría una vez más los problemas financieros de su anhelado proyecto educativo, y defendería los sueños de sus queridos estudiantes y funcionarios.

Un salvavidas llamado CAE

La acreditación era, porejemplo, la llave para que los alumnos de la institución accedieran a crédito con aval del Estado (CAE) para estudiar y para la universidad eso significa ingresos seguros.

En la escuela de Kinesiología de la Unicit, los administrativos adulteraron la información exigida por la CNA para obtener fondos del CAE. Un exdocente de la carrera, quien pidió reserva de su identidad para esta investigación, presentó una carta de autodespido a la universidad, por el incumplimiento del pago de sueldos y cotizaciones, y en entrevista con las autoras reveló esas irregularidades.

El profesor llegó a la institución el año 2013 como profesor de media jornada para las modalidades diurnas y vespertinas. Se encontraba cesante desde hacía trece meses y vio una gran oportunidad en enseñar a estudiantes de este plantel, quienes, según describe, “son alumnos de nivel socioeconómico muy bajo, que no llegan con una formación académica buena”.

Pero desde el primer minuto, el profesor tuvo problemas con el pago de su remuneración. En su carta de autodespido constató que entre septiembre del 2013 y enero del 2014, no recibió pagos por parte de la universidad, tanto para su trabajo en la carrera diurna como en la vespertina. La deuda total, sólo de esos cinco meses, superó los cinco millones de pesos.

Luego de ser contratado en enero del 2016, el ex funcionario presenció diferentes irregularidades en el funcionamiento de la escuela. “Desde que firmé el contrato laboral, solicité formalizar mi asistencia, según consigna la ley. Durante el primer año se me negó dicho derecho, argumentando que no era necesario, y en 2017 se regularizó el tema. Yo sé de profesores que no cumplían sus horas de contrato y que incluso no iban a la universidad y recibían sueldo igual. No existía libro de asistencia, nadie controlaba el trabajo docente”, revela.

Las cotizaciones y los gastos extras, como bonos de movilización y acreditación, tampoco fueron pagados. Por órdenes de la escuela, el profesor afirma que tuvo que viajar varias veces fuera de Santiago para tomar exámenes de prácticas clínicas a los estudiantes. “Una vez me mandaron a Curacaví, me rompieron la chapa del auto y quedamos en pana. Nadie nunca nos respondió. No me devolvieron ni un peso”, recuerda. También participó en el proceso de acreditación de Kinesiología, trabajo que sería remunerado con el pago de un bono, pero tampoco percibió este dinero. El docente explicó en su carta de autodespido que “se me forzó a cumplir un cuarto de jornada adicional a cambio de recibir dicho bono, el cual no fue formalizado contractualmente, quedando desprotegido en relación a mis derechos y deberes como trabajador”. Respecto a esta arista, el plantel privado registra en total 32 denuncias en la Dirección del Trabajo, de las cuales 13 se realizaron sólo en 2017. Los motivos principales: atrasos o no pago de remuneraciones e incumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato de trabajo.

Pero una de las faltas más graves en la que se vio involucrado fue la adulteración de información para el proceso de acreditación de la carrera. El profesor afirma que el director de Kinesiología, Marcos San Martín, participó en una serie de declaraciones fraudulentas, en las cuales mintió y adulteró su información personal para que la CNA mirara con mejores ojos su desempeño. Por ejemplo, declaró que trabajaba tres cuartos de jornada, cuando en realidad su contrato era por media; le asignaron en el papel el cargo administrativo de “Coordinador de Segundo Nivel Curricular”, que nunca desempeñó y también se le asignaron horas “de investigación”, que jamás los realizó.

En esa ocasión, la carrera obtuvo el visto bueno por parte de la CNA, siendo beneficiada por dos años de certificación estatal. El profesor realizó una denuncia formal ante organismo, informando la adulteración de datos por parte de la escuela, pero no fue atendida. “Yo me enteré del fraude cuando ya se había enviado la autoevaluación a la entidad acreditadora. Hice la denuncia a la Comisión Nacional de Acreditación y la desestimaron. Me dijeron que no compete, lo cual demuestra que la universidad sí cometió una falta y que la CNA es un ente fiscalizador incompetente”, expone.

Después de presenciar esta serie de irregularidades, el exfuncionario afirma que no quiere seguir trabajando en ninguna universidad. “Cuando cachai que el lucro es indiscriminado, no sólo en la Ibero, sino que en otras universidades, como las del grupo Laureate, el sistema te desencanta. Trabajaría sólo por los alumnos, pero las condiciones son ridículas. Hoy en día están regalando títulos. No se están forjando verdaderos profesionales”, concluye.

Unicit: una recicladora de sueños

Manuel Contreras está cansado. Tiene 47 años, cuatro hijos y estudió en la Escuela de Investigaciones Policiales. Sin embargo, siempre soñó con tener un cartón universitario. Desde Arica se vino a la capital por motivos laborales y decidió aprovechar la oportunidad para estudiar. En 2010, se matriculó en Derecho en la Universidad del Mar (UDM), carrera que se vio interrumpida tres años después tras el destape de un gran hoyo financiero que tenían los dueños de la institución, quienes lucraron con el dinero obtenido de miles de estudiantes.

Con quince sedes a lo largo del país, la tarea de reubicar cerca de siete mil alumnos era compleja. La Cámara de Diputados creó en 2015 una comisión investigadora especial para el caso y, en abril del 2016, publicaron el plan de reubicación. A los alumnos que quedaron con sus carreras frustradas se les presentó la opción de continuar sus estudios en cualquiera de 26 instituciones, estatales y privadas, aprobadas para recibirlos.

Entre las opciones estaba la Universidad Iberoamericana que, según revelan documentos oficiales, recibió un monto a rendir de $13,5 millones de pesos para incorporar a estos nuevos alumnos, un monto insignificante en comparación con otros planteles de similares características, como la Universidad Católica Silva Henríquez ($510 millones) o la Universidad de Atacama ($190 millones).

“A nosotros nos hablaron de la Universidad Católica Silva Henríquez y de la Universidad Iberoamericana. De toda la gente que conozco, cuarenta estudiantes de Derecho nos fuimos a la Iberoamericana, porque nos daba una mejor convalidación”, recuerda Manuel. El estudiante de leyes vio en la reubicación una gran oportunidad para volver a aferrarse al sueño de ser profesional.

Ciper informó en 2013 que el Mineduc suscribió un convenio con la Unicit para reubicar a 300 estudiantes de la Universidad del Mar. El contrato fue firmado por el jefe de la Divesup de ese entonces, Juan José Ugarte, y el presidente de la Junta Directiva de la Unicit, Jorge Antonio Cifuentes Narváez, sobrino de la fundadora de la misma universidad, Filomena Narváez.

¿Y por qué la Universidad Iberoamericana fue seleccionada para recibir a aquellos alumnos? Por su reciente acreditación por dos años, lograda en 2016, sello de calidad que garantizaba al Mineduc que reubicaría a estudiantes frustrados y desesperados por continuar con sus estudios en una institución de buen nivel, una universidad que no sufriría los mismos percances que la casi extinta UDM, y que tenía un proyecto educativo, aceptado y evaluado por el mismo Estado.

El cierre de la UDM no fue el único que benefició a la Unicit. En 2008, la Universidad La República (Ulare) informó a sus estudiantes, a través de un comunicado del rector Mario Jarpa, que la institución cerraría sus puertas. La razón: una deuda financiera que había iniciado en julio del 2007, que a la fecha dejaba un déficit económico de más de siete mil millones de pesos.

Ante ese escenario, comenzó el proceso de reubicación de alumnos. La Universidad Iberoamericana recibió tres carreras completas: Derecho, Kinesiología y Enfermería; y con esto se formó la Facultad de Ciencias Jurídicas y la de Salud, la que con los años comenzó a incluir nuevas carreras. “Recibirlos y crear la Facultad de Salud fue un error porque ellos (los alumnos), con lo que pagaban, no alcanzaban a cubrir todos sus gastos. Al final, las otras carreras terminaban de subvencionar lo que a ellos les faltaba”, asegura Marcia Jarpa, exdocente y directora de la carrera de Medicina Veterinaria.

A pesar de que la Ulare había informado el cierre de sus dependencias, en el 2012 se inició un nuevo año académico. “El complejo escenario que vivió la universidad ha quedado atrás, ahora se enfrenta a una nueva etapa de desarrollo y consolidación de la gestión”, se puede leer en la página web de esa universidad.

Pero la Ulare no sólo reactivó sus matrículas, también abrió dos nuevas sedes, en Aysén y Purranque. “Hicieron el siguiente ejercicio: se redujeron a su más mínima expresión —porque cerraron carreras— y después se recuperaron como las estrellas de mar, que cuando pierden un brazo, lo regeneran”, afirma una ex trabajadora de la Ulare que luego se mudó a la Iberoamericana y que fue testigo de ese proceso.

Efectivamente, la Unicit aprovechó ambas crisis ajenas que se le presentaron como una oportunidad de recibir nuevos estudiantes y recursos. En propias palabras de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), según declaran sobre la Iberoamericana en el informe del año 2013: “Cabe señalar que una parte del alumnado (10 a 15%) proviene del cese funcional de otras universidades, principalmente en los últimos años la Universidad de la República y la Universidad del Mar, cumpliendo así la Institución un cierto rol de reciclaje en el sistema (sic)”.

Documentos perdidos y negocios con el Estado

En marzo del 2013, Sergio Becerra Ovalle (Ingeniero Comercial de la Universidad Iberoamericana y MBA en la Universidad de Tennessee, EE.UU), asumió como rector de la Unicit y se mantuvo en ese puesto hasta junio de 2014. Debido a que la universidad comenzó un proceso de reestructuración, dejó el cargo y se nombró a un nuevo rector interino: Mario Jarpa Gibert.

Una funcionaria con acceso a documentación privilegiada de la universidad —y que para esta investigación prefirió no dar su nombre—, cuenta que cuando Becerra dejó la institución, desaparecieron los archivadores con las resoluciones de las carreras, y que cuando se acercó el proceso de acreditación, tuvieron que reconstruir el archivo en base a la información digital respaldada por cada departamento en sus correos.

Por medio de una solicitud vía Transparencia al Ministerio de Educación, constatamos que las actas de aprobación de creación de carreras se encuentran respaldadas en su base de datos y en extractos del Diario Oficial, pero que sí se extraviaron los archivos originales que fueron entregados a la Universidad Iberoamericana.

La misma trabajadora señala que ésta no fue la única vez que “se perdió” material fundamental de la institución. Cuando Félix Viveros, quien se mantuvo en rectoría desde 2014 a 2017, dejó la universidad, mucha documentación desapareció. “Quedó la escoba el año pasado cuando se fueron. Dejaron una estela de destrucción: se perdieron las bases de datos del sistema académico, todo el disco virtual de lo que se desarrolló en docencia, las planificaciones. Hicieron desaparecer todo y no fue posible recuperarlo. En ese tiempo, Carlos Landeros se encontraba al frente de la parte informática”.

Al cierre de esta investigación, Ramón Zegers era el director de sistemas del plantel, y quien verificó que los discos se habían perdido. Por órdenes de la universidad, no pudo dar su versión de los hechos para este reportaje.

Otro grave antecedente a considerar es la falta de rigurosidad y criterio por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, organismo que decide otorgarle la misión a la Universidad Iberoamericana de hacerse cargo de estudiantes vulnerables. La Unicit inició un convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) el año 2016. El programa llamado +Capaz Continuidad de Estudios tiene como finalidad que las personas que pertenecen al 60% más vulnerable de la población, continúen con su educación. Se busca capacitar al estudiante en un oficio y ofrecerle la oportunidad de seguir sus estudios de Educación Superior Técnico Profesional.

El plantel recibió a más de 40 alumnos en las carreras de Asistente de Recursos Humanos y Asistente de Educación, quienes recibieron una beca de arancel para la carrera técnico profesional ($1.250.000 de ese entonces) y subsidios de movilización, manutención y cuidado infantil. Gastón Cerda, encargado de la iniciativa, realizó un discurso en la jornada de bienvenida a los estudiantes: “Los insto a hacer su máximo esfuerzo, porque al terminar van a salir con más herramientas. Van, además a comprobar que cuando hay ganas, y el Estado y la empresa se unen, a través del talento de ustedes, se puede avanzar, y se puede ayudar a hacer un Chile más productivo”.

Comenzando 2019, la sede principal de la Unicit en calle Dieciocho, en el centro de Santiago, está cerrada, rayada y con los vidrios rotos. Sobre su fachada, manchas de pintura roja -que los estudiantes lanzaron durante las protestas que realizaron todo el 2018- le dan un aspecto tétrico y desesperanzador, como si fuera una casa habitada por los fantasmas de las víctimas de la educación superior chilena.