Por qué necesitamos una nueva Constitución

POR PAULA AHUMADA Y FRANCISCO SOTO*

(En el número pasado, el abogado Fernando Atria hizo un crudo análisis sobre el daño que nos provoca la Constitución actual: sobre cómo le da poder de veto a las minorías y vuelve inútil ganar las elecciones, porque para hacer cambios relevantes no basta la mayoría. Aquí, insisten en el tema dos abogados de Océanos Azules, el equipo programático de Frei.)
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En España se celebra el “día de la Constitución” cada 6 de diciembre, fecha en la cual se conmemora el Referéndum Constitucional de 1978, ocasión en la que el pueblo español aprobó por amplia mayoría su actual Carta Fundamental. A pesar de ser extensamente conocidas las profundas diferencias políticas y regionales que dividen a ese país, muchos de tales conflictos se han encauzado en forma institucional, precisamente gracias al citado acuerdo constitucional que es celebrado año a año. Así, los españoles no festejan un hito de independencia, una nacionalidad común, sino un modelo institucional que los conforma y les da identidad.

Similar objetivo es el que persigue la propuesta de cambio constitucional presentada por el senador Frei denominada “Una Constitución para el Bicentenario”. En ella se pretende instaurar un sistema institucional que garantice la participación e integración de todos los sectores y en una norma fundamental que identifique y convoque a todos los chilenos.

Si creemos que hay que hacer una nueva Constitución es porque necesitamos una Carta Fundamental que recoja la nueva realidad que existe en Chile y que es muy distinta a la que había en el 80 o en el 89, año en el que se efectuaron las primeras grandes reformas a la Constitución. El país ha evolucionado, por ejemplo, en el concepto de familia, y en una nueva concepción de los derechos económicos y sociales que hoy se encuentran muy debilitados. Nos parece que es necesario un nuevo pacto social. Y nuestras críticas no sólo se refieren al sistema político, sino también a que la sociedad chilena ha cambiado en su conformación social y económica.

Producto de esta nueva realidad es que se debe incorporar el reconocimiento constitucional de la igualdad política de género, de mecanismos de participación ciudadana, así como los derechos a la integración de las personas discapacitadas e incorporar la noción de pobreza como contraria a los derechos humanos. Es decir, una nueva concepción sobre los derechos fundamentales, donde también podamos ver fortalecida la idea de la igualdad y equilibrarla con la concepción neoliberal de los derechos que está reforzada en la Constitución actual.

Por otra parte, la constatación de la fatiga del sistema político chileno no sólo se aprecia en el empate de la mayoría con la minoría y en la existencia de quórums calificados para la aprobación de leyes, como bien cita el profesor Fernando Atria en una reciente entrevista publicada en este medio, sino en temas contingentes, como por ejemplo, la dificultad para llevar a cabo reformas complejas como el Transantiago o la polémica distribución en servicios públicos de la “píldora del día después”, y en circunstancias generales como la aparición de oportunismo político y la pérdida del sentido de servicio público, en la disminución de los índices de inscripción en los registros electorales de los jóvenes y el cúmulo ineficiente del poder presidencial y el excesivo centralismo.

Por ejemplo, el sistema binominal, conjuntamente con los quórums especiales, lo que produce es distorsionar la representación política: no es que exista una minoría que gobierne sobre la mayoría, sino que hay minorías que no están representadas ni en el Parlamento ni en ningún otro poder del Estado chileno. Y hay otra minoría, que es la primera, y que se ve fortalecida con el sistema binominal, y esa es la derecha.

También, el sistema binonimal genera una distorsión en la competencia electoral que se traslada al interior de las coaliciones, que terminan por designar candidatos asegurados para ganar a través de las negociaciones entre ellos, lo que le da un gran poder a las directivas, pero disminuye el poder ciudadano en el voto.

Otra institución que requiere de cambios es el Tribunal Constitucional: se pueden disminuir sus atribuciones o modificar la forma en que se eligen a sus miembros, pues hoy el TC se ha transformado en una suerte de legislador negativo que puede llegar a bloquear lo que ha decidido el Parlamento, que es donde está expresada la soberanía popular.

Desde una perspectiva comparada, a partir de la década del 80 es posible advertir una clara tendencia en los países occidentales, tanto europeos como latinoamericanos, por incorporar reformas en sus sistemas de gobierno. El resto de los países latinoamericanos nos lleva ventaja en este sentido, ya que la mayoría de ellos han desarrollado importantes debates constitucionales. Las reformas introducidas a los sistemas institucionales tienen temáticas comunes tales como el fortalecimiento del rol de los Parlamentos, el incremento de la participación ciudadana, la descentralización política y administrativa y la regulación de nuevos derechos.

En Chile, este debate no se ha dado en términos generales, sólo a través de reformas puntuales y mediatizado por las críticas a la Constitución del 80. De tal forma, las elecciones presidenciales de este año ofrecen una oportunidad que no se puede dejar pasar: proponer una nueva Constitución para el Bicentenario que es más que la superación del legado del pinochetismo constitucional, porque supone pensar una Carta Fundamental adecuada a la nueva realidad que vive Chile.

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*Abogados, coordinadores, junto a Javier Cousso, de Una Constitución para Bicentenario, de Océanos Azules.