POR ALFREDO JOCELYN-HOLT
Quienes celebran el rechazo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de levantar la estatua gigante de Juan Pablo II en Bellavista no debieran bajar la guardia. Tamañas proporciones –un millón de dólares sólo en la estatua, su nulo valor estético según cuanta opinión versada se ha hecho oír, y la solapada manera como se la presentó al público— hacen dudar que los promotores de proyecto tan descomunal vayan a deponer sus armas. Sólo un ingenuo podría creer que los enormes intereses envueltos bajo el manto de tanta “santidad” van a quedarse quietos.

Es que la “proporción”, como vienen sosteniendo los críticos desde un comienzo, es la clave. La estatua de casi 14 metros (equivalente a un edificio de cinco pisos) podrá parecernos monstruosa, pero ¿no será que dichas proporciones obedecen a un plan soterrado más colosal?

La Universidad San Sebastián (USS) tiene la intención de construir otro acorazado titánico al costado poniente de la iglesia enana del ex convento de las monjas Clarisas, en pendant con el “portaviones” de la USS ya levantado en Pío Nono. En ese mismo paño se encumbra, desde hace poco, un edificio de viviendas de también insólita altura. Dos otras obras gigantes se han estado edificando, hacia el oriente, detrás de la Escuela de Derecho; esta vez, sedes de la Universidad Andrés Bello y del instituto AIEP. Dados los lazos entre estas dos entidades y la USS –el nexo es Luis Cordero, dueño de intereses inmobiliarios en cada una de estas instituciones “académicas”– es más que claro que la estatua papal cumple objetivos simétricos con lo que se tiene en mente.

Cuando se comenzó a arrasar con el barrio El Golf también se giró en torno a un “hito”, punta de lanza también “religioso”: la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. De hecho, fue Monseñor Sodano, personaje discutible, quien pusiera la primera piedra del proyecto de Bellavista (¿$ANTAVI$TA?); el mismo personero vaticano que pontificara, años atrás, en nota también especulativa, que a Latinoamérica había que vislumbrarlo como el continente de la esperanza “evangélica” futura. Ante semejante propósito, no es extraño que se montaran “vigilias” a favor de la estatua, o bien, que Recoleta se hincara (¿“postrara”?) a los pies del principal proyecto jumbo-inmobiliario de toda su maldita historia. Conste que “La Chimba”, desde siempre, se ha visto como un lugar de puterío y perdición al que hay que “salvar”. Los “caminos del Señor” son misteriosos; donde hay pecado hay indulgencias lucrativas. Vieja historia, bien sabida.

¿Con el dictamen del CMN se termina la polémica y comienza el peregrinaje del papa-móvil por los valles y cerros eriazos todavía disponibles?

Dicha suposición Felipe Assadi la tacha de plano. A su parecer (La Tercera, 12/11), la estatua “no era más que una pantalla que, con la ilusa idea de ocupar la imagen del Papa, taparía la construcción de un zócalo semi hundido con un par de salas multiuso y estacionamientos subterráneos por parte de una institución privada”. Descartada la estatua, nada garantiza “que no se realice la plaza” y los estacionamientos; “lo que realmente es grave, es que la torta podría ser construida igual, aunque esta vez sin la guinda”. Obviamente, el proyecto aspira a un cielo e$$trellado de otras magnitudes. Gusto a “developer” chileno agresivo. Sé de uno que se sube a una avioneta, en sus ratos de ocio, e inspecciona a baja altura el Valle Central, de punta a rabo, tomando nota de franjas enteras de terrenos “por explotar” para, luego que aterriza, proceder a pujar su compra.

Y esto me lleva a otro punto. El secretario ejecutivo del CMN, tras el reciente dictamen, sale diciendo: “Por la vía administrativa, no existen recursos de apelación. A lo sumo, existe un recurso de reconsideración” (El Mercurio, 12/11). Un expediente que ha sido usado a favor de solicitantes inicialmente rechazados por el Consejo. Concretamente, se me viene a la mente el caso de la larga y confusa disputa a causa de la calificación inicial de “Santuario de la Naturaleza” de las Dunas de Concón, entre la empresa Reconsa y las autoridades municipales. Litigio que involucrara la rebaja de hectáreas afectas para construir un negocio inmobiliario de proporciones gigantescas (21 edificios con 1.500 departamentos por US$ 800 millones). En 1993, que es cuando se planteó inicialmente el problema, el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Edgardo Boeninger, me consta, no trepidó en llamar a miembros del CMN y presionar a favor de la empresa Reconsa, entre cuyos dueños figuraban Edmundo Pérez Yoma y Carlos Figueroa, poderosos futuros ministros de Defensa y del Interior de la administración Frei Ruiz-Tagle. Al final, la disputa se resolvió rebajando el terreno inicialmente “protegido”. Los resultados están a la vista.

En otras palabras, habiendo intereses de tamañas proporciones (las de la estatua papal son una piñuflería), no es extraño que existan poderosas “trenzas” transversales y políticas. Ante semejante cuadro ¿qué se puede esperar de las autoridades públicas?

Está visto que el CMN, en el pasado, ha sido superado. La U. de Chile, que podría verse afectada (su Escuela de Derecho, “asediada” por todos los lados, ya lo ha sido), no es confiable. Su historial reciente apunta a claudicaciones sistemáticas frente a intereses privados. El MOP-CIADE bajo la administración del rector Luis Riveros es un claro ejemplo; recordemos que el CIADE constituía una entidad “privada” que operaba bajo el paraguas de la universidad. Otro tanto es el caso del ex ministro Patricio Rojas quien, a juzgar por lo que ha ido apareciendo, usaba a la UCH como pantalla para dudosos negocios personales. Conste que Rojas, recién ahora, después de más de una década de haber usufructuado de su calidad “funcionaria”, ha sido “despedido” por el rector Víctor Pérez aunque sin auditoría pública. Pérez ignora por completo los mínimos procedimientos jurídicos de cómo se administra esa casa de estudio; se acaba de fallar en su contra en el caso de Roberto Nahum, ex decano de Derecho, por no proceder conforme a ley habiéndolo estigmatizado por “plagio intelectual” sin sumario ni debido proceso. Por último, no es ningún secreto que universidades privadas, como las aquí envueltas, operan con “grúas” y “desde dentro” de instituciones públicas; la reciente Toma de 40 días en Derecho volvió evidente esas presiones en conjunto con La Moneda. En definitiva, con la U. de Chile no se puede contar. Lo digo con el dolor de mi alma.

La mención de La Moneda tampoco es gratuita. Acabo de señalar como Boeninger presionó al CMN en el caso de las Dunas de Concón en 1993. Sólo dos de sus miembros mantuvieron su rechazo frente a Reconsa; el representante de la FFAA, cosa inédita, no asistió a la sesión en que se discutió el tema (evidentemente por verse involucrado el próximo ministro de Defensa). De ahí que no sea disparatado preguntarse: ¿qué podría ocurrir si los ocupantes de La Moneda cambiaran de signo político? La defensa de los intereses de Reconsa corría por cuenta de un abogado-empresario cercano a Piñera. Los vínculos del candidato de la Alianza con el autor del actual proyecto en disputa –Cristián Boza– son ampliamente conocidos. Si por el contrario vuelve Frei nada impide que se opere análogamente a lo ocurrido en 1993. La transversalidad de la política chilena hace rato que hace indiferenciable quién está o no en el poder.

No quiero ser aguafiestas, pero no descarto que el proyecto de Bellavista en su totalidad, tarde o temprano, termine por llevarse a cabo. Hay bastante más en juego que un adefesio escultural. La historia de estatuas “falsas” –ídolos que hacen las “veces de” cualquier otra cosa– son incontables. García Márquez relata que “el monumento al general Francisco Morazán, erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas”. El “Caupolicán” de Nicanor Plaza en el Cerro Santa Lucía no es tal; fue hecha para conmemorar a “El Último Mohicano” en el Central Park de Nueva York. Las dos estatuas de calle Ejército, la del Diego Portales “pedestre” y la de Santo Tomás, se deben a obsesiones vanidosas de sus dos gestores, ambos de triste recuerdo, a la sazón también rectores de instituciones pretensiosamente “académicas”. En fin, no nos equivoquemos; lo que se ve no es tal y cual. Por tanto, bajar la guardia ahora sería una soberana estupidez.