Alta dirección pública

POR JOSÉ ROA
Hoy, del conjunto de las autoridades que designa el Gobierno de turno, 942 de ellas deben ser elegidas a través de un proceso público y transparente de concursabilidad por mérito denominado “Sistema de Alta Dirección Pública”. Su objetivo declarado fue asegurar la idoneidad y competencia para un conjunto de altos directivos cuya misión es ejecutar determinadas políticas públicas. Son nombrados por un período de tres años, renovables hasta dos veces por igual plazo. Deben suscribir un convenio de desempeño con su superior jerárquico, de cuyo cumplimiento depende recibir un porcentaje significativo de sus remuneraciones. Finalmente son funcionarios de exclusiva confianza, lo que significa que su renuncia puede ser solicitada, por quien los nombró, sin expresión de causa.

Estos son los datos. De los que se desprende un conjunto de consecuencias, entre ellas, que el alto directivo público, pese a haber seleccionado por concurso, comprometer un estándar de desempeño y cumplirlo, ejecutar y no diseñar una política pública, requiere de la confianza política del gobernante de turno, y en consecuencia, a falta de ella, se le puede solicitar la renuncia sin expresión de causa, cuando quieren y porque sí. Estas son las reglas del juego.

No obstante, el Sr. Piñera asumió, frente al pueblo de Chile, el compromiso de “contar con los mejores servidores públicos”, terminando “con el cuoteo político, profundizando y extendiendo la selección para los niveles superiores de la administración pública sobre la base de méritos”. Por su parte, en una carta abierta a los funcionarios públicos indicó que “en nuestro futuro gobierno todos los funcionarios públicos -ya sean de planta, a contrata u honorarios- serán respetados en sus derechos, dignidad y promovidos en función de sus méritos”.

Hasta aquí, todo bien. Podíamos esperar que, más allá de la letra de la ley, la “nueva forma de gobernar” se comprometía con sus objetivos y su espíritu.

Pero esto era demasiado bueno para ser verdad. Una vez más, del dicho al hecho hubo mucho trecho. Recientemente el senador Espina indicó que “los cargos de confianza del Gobierno tienen que ser reemplazados por profesionales afines a las políticas del presidente de la República y sus ministros”, es decir, mirar la confianza política y no el mérito o desempeño del funcionario, tal como ya ha sucedido en diversas reparticiones como FOSIS o SERVIU.

Frente a esto, algunos han estimado que se ha vulnerado el espíritu del sistema consistente en premiar el mérito por sobre la confianza, y que se está sometiendo a los vaivenes de los cambios de administración el funcionamiento permanente que se le exige al Estado. Lamentablemente la letra de la ley, en los hechos, no impide que ello suceda. No obstante, las leyes no son eternas y pueden cambiarse.

Raya para la suma: esperar que en esta “nueva forma de gobernar” las promesas de campaña se cumplan, no tengan letra chica, no sean publicidad engañosa ni se las lleve el viento, es como pedirle peras al olmo.