De movilizaciones, demandas y sistema político

Rodrigo Gangas Contreras

¿Que diferencias tienen las actuales movilizaciones estudiantiles con las del año 2006? Pregunta necesaria cuando nuevamente aparecen las sillas en las entradas de los colegios, los carteles en las universidades y las grandes marchas de estudiantes, profesores y otros actores.

Dejando de lado la natural rotación de líderes y el fondo de las demandas, que naturalmente mantienen una lógica muy similar, existen variables de contexto, en el sistema político, que hacen a este ciclo de acción ser un proceso que debe ser mirado con atención y mucha cuidado.

En el fondo, las demandas se mantienen en el mismo discurso: desmunicipalización, educación estatal gratuita y de calidad, mejores condiciones de infraestructura –hoy se suman los costos del terremoto-; y en el caso de los estudiantes universitarios, mayor inversión del PIB en educación superior y fin al usurero y lucrativo negocio de los créditos con tasa de interés bancaria.

Sin embargo, las diferencias del contexto político hacen de esta coyuntura un escenario distinto y es ahí donde están las principales diferencias, no solo por la distinta coalición que gobierna, ideológicamente entre unos y otros no habría mucha diferencia, sino que fundamentalmente porque hoy más que nunca existen condiciones objetivas para poner en jaque la principal fortaleza del sistema político chileno, su estabilidad, gobernabilidad institucional y su capacidad para llegar a consensos.

Es verdad que las movilizaciones del 2006 fueron un punto de inflexión en materia de manifestaciones ciudadanas. Se presentaron como el primer ciclo de acción colectiva con capacidad de transformase en movimiento social, antes de eso la ciudadanía chilena se conformaba con asumir las estables reglas del juego y con cumplir cada cierto tiempo su rol de ciudadanos de baja intensidad, cuando la élite política bien asentada en el binominalismo permitía legitimar y revalidar sus disposiciones consensuadas.

Es cierto que existieron algunos atisbos de acción colectiva durante los noventa e incluso entrado ya el 2000, no obstante lo del 2006 sentó el precedente de la constancia en el tiempo, tuvo la capacidad de modificar la agenda –educación era un tema menor en el programa de Bachelet-, y generó importantes niveles de incidencia –aun cuando las demandas no se satisfacen completamente-, propiciando el primer cambio de gabinete del gobierno, colocando a prueba la filosofía del gobierno ciudadano, y discutiendo la legitimidad de una ley orgánica constitucional, que  finalmente fue modificada para establecer la actual Ley General de Educación.

Más allá del éxito o fracaso del movimiento –en definitiva se mantuvo la filosofía del lucro y la mercantilización de la educación- lo cierto es que el 2006 el sistema político respondió como siempre con la principal fortaleza que tenía hasta ese momento, el consenso y el acuerdo entre los actores para mantener el status quo. Consenso entre un gobierno que se mostraba muy auspicioso en materia social y una Concertación triunfante y con un último resabio de proyecto (la figura de Bachelet dio un respiro).

Consenso con una oposición herida pero dispuesta como siempre  a no claudicar para conservar su posición de privilegio y acceder al poder. Y consenso entre los estudiantes que después de un mes –más incluso de lo que algunos presagiaban- aceptaban el establecimiento de una mesa de negociaciones que significaría ciertos logros de corto plazo, pero fracasos de largo aliento.  El sistema político nuevamente cumplía y respondía, solucionaba el conflicto y todos –la política- estuvieron dispuestos a transar para mantener la estabilidad de la gobernabilidad  institucional.

En ese sentido, la situación de hoy es muy diferente. Existen al menos dos convicciones por parte de los actores movilizados, la primera es que hay muy poco margen para negociar propuestas de corto plazo (mejoramiento de infraestructura y pase escolar) y específicas a nivel educacional. La discusión necesariamente tiene que ser de largo alcance, apuntar a transformaciones estructurales en el sistema político (cambio constitucional mediante) y económico, con discursos más heterogéneos y transversales a muchos actores.  Pero por otro lado,  los estudiantes saben el poder que pueden llegar a generar, lo probaron en el 2006 y hoy, en un contexto de muchas movilizaciones, la acción tiene mayor capacidad de movilización y enfrentamiento, lo que no dejarán pasar.

En cuanto al sistema político, pocas veces se presentó un escenario como el de hoy, con un gobierno que muestra nula capacidad de conducción política y por ende de negociación, con un discurso agotado sobre “las reales necesidad de la gente”, que no asume la necesidad de una discusión más profunda respecto de las transformaciones del sistema político y económico que permita institucionalizar las nuevas formas de acción y participación.

Además, la coalición de gobierno está divorciada y con objetivos distintos (la UDI comenzó su carrera electoral), imposibilitada de  transmitir coherencia en cuanto al arte de gobernar, tomar decisiones y solucionar conflictos. A ello se suma una fuerte caída en los niveles de aprobación y aumento del rechazo en la figura del presidente.

En la vereda del frente hay una oposición que no convoca ni representa, con niveles históricos de rechazo, sin proyecto y sin capacidad de recoger el malestar y las diversas demandas que se han manifestado en el último tiempo.

Completa este cuadro, un ciclo de acción colectiva que se manifiesta en distinto discursos, desde el ambientalismo hasta las injusticias estructurales del modelo, pero también con un fuerte rechazo a la tradicional forma de hacer política y expresivas demandas de transformación del sistema.  En definitiva un escenario disperso; el gobierno y los partidos no logran -o no quieren- institucionalizar el conflicto; a su vez, el sistema pierde su capacidad de tomar decisiones, de canalizar las demandas de una ciudadanía más exigente y heterogénea que se expresa legítimamente por canales informales de participación. Este escenario  pone en juego lo que durante 20 años la Concertación y la Alianza tanto cuidaron y mantuvieron: la gobernabilidad institucional y la capacidad de llegar a acuerdos, por sobre las legítimas demandas de una ciudadanía que buscaba algo más que estabilidad política.

* Cientista Político, académico de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano