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1 de Agosto de 2011

Armada presenta denuncia a fiscalía naval por filtración de información secreta

La presentación ordenada por el almirante Edmundo González se suma a otras dos indagatorias internas. La primera es de carácter administrativo respecto a la compra de las fragatas holandesas, diques para reparación y la adquisición de munición en Italia. La Segunda es “confidencial” y la realiza Inteligencia, para determinar qué y cómo se filtró y quiénes habrían participado. Lo anterior se suma a las que sustancia el fiscal oriente, Carlos Gajardo por el delito de lavado de dinero en la compra de las naves de guerra. La Marina, además envió dos informes secretos al perseguidor penal. Todo lo anterior busca corregir procedimientos y transparentar la actuación institucional.

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La Armada presentó una denuncia ante la Fiscalía Naval de Valparaíso por la filtración de información secreta que podría afectar la seguridad nacional, informaron en exclusiva fuentes institucionales a The Clinic Online.

La orden, refrendada en el oficio reservado Nº 4260/3338 del 8 de julio pasado, provino directamente del comandante en jefe, el almirante Edmundo González, luego que este medio y su versión en papel, publicaran los mails que contenía el disco duro de Guillermo Ibieta, el intermediario de armas que participó de la negociación en la compra de las fragatas holandesas durante el gobierno de Lagos y recibidas en la administración Bachelet.

Por esta gestión, Ibieta recibió una comisión de 800 mil dólares. La mitad la transfirió a la empresa Norbar, donde eran socios el ex marino Juan Tapia y el almirante (R) Patricio Basili, este último ex director y ex gerente de Asmar, quien fue despedido por estos hechos.

Basili, para acelerar y mejorar el negocio, envió documentación confidencial a Ibieta como también lo hicieron otros funcionarios de la segunda rama en antigüedad de las Fuerzas Armadas.

A raíz de estos hechos, González determinó realizar otras dos investigaciones internas. Una de carácter administrativo a cargo de la Contraloría de la Armada, donde se revisarán todos los procedimientos adoptados en Asmar, tanto en el proyecto de las fragatas holandesas, como también en la compra de un dique para reparaciones.

La segunda es la más compleja para la institución. Es la que realiza el Departamento Segundo de Inteligencia que busca determinar quién, cómo y qué información de carácter confidencial salió de la esfera de secreto en la que debe mantenerse.

“Los hechos antes descritos hacen presumir una custodia inadecuada en documentación clasificada referida a capacidades operativas de la Armada de Chile, circunstancia que habría permitido que aquella saliera indebidamente de la esfera de resguardo de la institución hacia terceros ajenos a ella y cuyo conocimiento les estaba vedado”, señala el documento.

Dicho y hecho

Con estos antecedentes el mismo 8 de julio la Fiscalía Naval dio curso a la presentación, abrió el llamado “auto cabeza de proceso” y roló el expediente, decretando diligencias.

Hay que recordar que paralelamente a estas investigaciones, el Ministerio Público Oriente, a través del fiscal Carlos Gajardo, lleva otra por el delito de lavado de activos en contra de Ibieta, Basili y Tapia que hasta ahora no tiene formalizados.

Las publicaciones hechas por The Clinic Online y su versión en papel que encendieron las alarmas tanto en Defensa como en la Armada fueron dos. La primera referida a la filtración de un contrato secreto con el Estado holandés. La segunda apareció en el impreso el 23 de junio, titulada “las cuatro joyas del disco duro de un vendedor de armas”.

Básicamente, dicen en la Armada, el alcance de la determinación adoptada por González apunta la colaboración total con la justicia, como también a corregir los procedimientos internos, tanto los administrativos como los relativos al resguardo de información secreta. Lo anterior tiene como contexto la tensión que Chile tiene con Perú por el juicio en La Haya y los roces con Bolivia, hechos que tienen a las Fuerzas Armadas en un elevado estándar de preparación ante un eventual conflicto.

En la misma dirección González ordenó enviar cartas a las 14 empresas que proveen pertrechos a la Armada y que eran representadas por Ibieta, señalándoles que de ahora en adelante, cualquier acto comercial debe realizarse por los canales institucionales.

Informes secretos

No ha sido lo único que ha sucedido en las últimas semanas, porque el fiscal Gajardo solicitó a la Armada información sobre Tapia, Ibieta y Basili y la participación que habrían tenido en la compra de los buques y del dique, como también en la adquisición de municiones a una empresa italiana y todos los procesos administrativos de forma detallada.

De allí que la Marina le envió dos informes de carácter secreto, que nunca podrán ser conocidos públicamente, aún cuando termine la investigación en el Ministerio Público, ya que están amparados en el artículo 436 del Código de Justicia Militar que protege la información referida a la seguridad nacional.

En ellos también consta la hoja de vida completa de Basili, donde se detallan las destinaciones y cargos que tuvo durante todo su carrera en la Armada.

Con estos papeles, Gajardo profundiza en los detalles técnicos y comerciales en las tres las aristas de su indagatoria. En esa línea también se ha coordinado con la fiscalía naval para requerir detalles.

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