“Es la clásica respuesta de la derecha cuando está desesperada, cuando no tiene iniciativa, cuando no tiene proyectos comienza con más autoritarismo”. Eso dice el presidente de la Fech, Gabriel Boric, sobre la suma urgencia que tomó este martes el proyecto de Ley que fortalece el resguardo del orden público, más conocida como la Ley Hinzpeter o Ley Anti tomas.

Por eso la Fech hizo un llamado para hoy frente al Palacio de Tribunales para manifestarse en contra de la iniciativa legal que pretende criminalizar las tomas de establecimientos públicos y que, entre otras cosas, cambia la figura penal para quienes participen o hayan incitado desórdenes públicos con penas de 541 días a 3 años de presidio. La marcha está autorizada por la Intendencia de Santiago, según dijo el mismo dirigente magallánico.

“Esta es una señal política muy clara del gobierno y que finalmente pretende forzar esta ley. Es la clásica respuesta de la derecha cuando está desesperada, cuando no tiene iniciativa, cuando no tiene proyectos comienza con más autoritarismo. Y lo que hay en esta ley es una limitación inaceptable a la libertad de expresión, no sólo de los estudiantes sino que de toda la ciudadanía que cada vez está más empoderada y desde el gobierno, o el ministerio del Interior particularmente, se pretende amarrarla. Es muy sintomático del divorcio entre la ciudadanía y el gobierno”, dice Boric.

El llamado ya se regó por todos lados ayer a través de Facebook y Twitter y pretende, según el mismo Boric, “demostrar que los estudiantes seguimos preocupados de lo que está haciendo el gobierno con esta iniciativa que al final del día criminaliza todo lo que hicimos el año pasado”.

“Esta es una persecución de la gente que se movilizó el año pasado. Nosotros condenamos también los hechos de violencia que surjan desde nosotros. No hay que ver la paja sólo en el ojo ajeno. Si han habido destrozos o robos, cosa que debe comprobarse por la justicia y no enjuiciar a la gente sin el debido proceso, bueno, eso también es condenable. Pero lo que se está haciendo acá es hacer pagar a justos por pecadores y no sólo a los estudiantes sino que a los ciudadanos”, señaló.

Sobre el avance de la ley, aprobada en comisión el pasado 21 de diciembre, los estudiantes no descartan recurrir a organismos internacionales para impugnar la iniciativa legal si el llamado a los parlamentarios chilenos a no dar curso al resto del articulado de este proyecto de ley, que además el martes terminó su tramitación en el Senado .

Retiran norma para entregar grabaciones

En tanto, ayer por la tarde el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, Mauricio Weibel, recibió un telefonazo del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, confirmándole que el gobierno chileno retirará la cláusula del proyecto de ley donde se facultaba a la Carabineros solicitar a los medios de comunicación la “entrega voluntaria” de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos sin orden judicial, con el fin de identificar a posibles autores de delitos.

En la misma línea, el Círculo de Periodistas de Santiago consideró ayer que el proyecto de ley constituía “el peor atentado al ejercicio del periodismo libre desde la instalación del sistema democrático en 1990”. Según esa organización, la propuesta convertía al periodismo chileno “en un brazo auxiliar de los cuerpos policiales” y colocaba a los informadores que se nieguen a entregar su material de trabajo “bajo el riesgo de ser encausados por obstrucción a la Justicia”.