“Reforma” tributaria: un ajuste que no alcanza en salud

El Presidente Sebastián Piñera anunció con grandilocuencia y espectacularidad una “reforma” tributaria. Luego de darse a conocer los detalles de ésta, queda claro que de reforma no tiene nada y más bien es un ajuste tributario cuyos principios filosóficos descansan en incentivar el mercado por sobre el trabajo, filosofía que ha permitido tener una estructura tributaria regresiva, que en vez de corregir la desigualdad, la perpetua. Estamos frente a una propuesta insuficiente y profundamente regresiva, que no se hace cargo de los problemas del conjunto de los derechos sociales.

El mundo social instaló la necesidad de realizar una reforma tributaria en Chile; valorables son los aportes del movimiento estudiantil, así como la comisión de reforma tributaria de la Fech, quienes plantean que hay que realizar una reforma que evite la elusión del pago de impuestos que bordea los 5% del PIB (La elución se concentra en los más ricos), además plantean reformular la ley de impuesto a la renta, de tal forma que exista una recaudación extra para el Estado de US $3.800 millones. Así como generar impuestos respecto de los recursos naturales, traspasando las externalidades negativas que una determinada industria genera al medio ambiente, mediante impuestos.

No es un detalle menor afirmar que si hoy estamos hablando de estos temas, es debido a la lucha del movimiento estudiantil y social durante el año pasado y no por la lucidez del gobierno.

La necesidad de una Reforma

Chile es un país desigual y segregado, situación consagrada en el mundo laboral y que se agrava aún más al reproducirse esta problemática en nuestros derechos sociales: educación, salud, previsión. Las cifras que ha revelado la Fundación Sol respecto a la situación del trabajo en Chile (pie de página) son realmente brutales y hacen un llamado a transformar radicalmente el mundo laboral. Por otro lado, la dictadura se encargó de entregar nuestros derechos sociales al mercado, situación que queda consagrada en la lógica del Estado subsidiario, el cual permite al gobierno de turno entregar un flujo constante de recursos para los privados a través de subvenciones. Esto ha servido para crear las grandes fortunas que hoy son dueñas de nuestro país, mientras el mundo social aún se encuentra luchando para recuperar sus derechos arrebatados, por lo que la reivindicación de una reforma tributaria con énfasis en lo social es algo que es transversal a todos.

La propuesta del ejecutivo

La propuesta del gobierno en materia tributaria es insuficiente desde el punto de la recaudación esperada, que se estima entre los 700 y 1000 millones de dólares, es decir un 0,3% del PIB. Frente a esta cifra, no está de más recordar que hoy los subsidios al Transantiago alcanzan unos 750 millones de dólares, o que las transferencias que realiza el Estado a las clínicas privadas alcanzan los 1.058 millones de dólares anuales, recursos que, por lo demás, deberían destinarse a la red pública de salud. Hay otro punto que aparece en la propuesta que es sumamente cuestionable y guarda relación con el descuento de impuestos para aquellos que pagan por la educación. En principio esto puede parecer inocuo desde el punto de vista de los montos que implica, sin embargo esta medida tiene una perversidad que no podemos dejar pasar: La propuesta fomenta el copago y el lucro en la educación al igual como promueve la educación privada por sobre la educación pública, lo que implica legitimar y consagrar la educación como un bien de consumo, desconociéndola como un derecho social y, por tanto, un bien público que el Estado tiene la responsabilidad de promover y resguardar.

La Salud reclama una Reforma real

El ajuste tributario no se hace cargo de las necesidades de otros derechos sociales de obtener mayores recursos. Desde la Mesa social por la Salud hemos destacado la necesidad de que como país avancemos en una reforma estructural del sistema de salud que permita resolver los graves problemas del sector, que entre otras cosas implica duplicar el gasto público en salud. Actualmente Chile gasta un 3,4% del PIB en nuestra red pública de Salud para atender los requerimientos de cerca de 13 millones de chilenos (en el sector privado se gastan 4,4% PIB para atender a sólo 2,8 millones). El gasto público recomendado por las organizaciones como la OMS para países del tamaño de Chile es por sobre el 6% del PIB. Otro dato que debemos considerar es que el promedio de gasto público en salud en los países de la OCDE es de un 6,8% del PIB.

De los escasos recursos que tiene el sistema público de salud, un 0,4% del PIB termina en el sector privado (lo que equivale a 1000 millones de dólares) producto de que la oferta pública es insuficiente -en infraestructura y recursos humanos-, Esto obliga al Estado a derivar cerca de 38 millones de prestaciones anuales a clínicas privadas a través de la modalidad libre elección de Fonasa. Esto si bien sirve para resolver un problema inmediato de salud de las personas, genera una situación en la cual se termina perpetuando el déficit de oferta pública, dado que no se realiza la inversión necesaria para superar los problemas de falta de oferta pública.

Desde la Mesa social de Salud nos hemos puesto el desafío de ayudar en la construcción de una salud pública financiada por impuestos generales, de calidad y capaz de responder a las necesidades sanitarias de la población. Y por cierto, gratuita.

Matías Goyenechea vocero de Salud un Derecho.
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