El asbesto, se sabe, es un mineral mortífero que se mezclaba con cemento para moldear placas de pizarreño y que se utilizó en Chile sin mayores restricciones hasta 2001, cuando finalmente fue prohibido. Sin embargo, el asbesto sigue amenazándonos desde cañerías, techos y paredes de casas, escuelas y hospitales, donde nadie supervisa. Este es un viaje al desconocido mundo de un enemigo que nos amenaza en silencio y con la ayuda de no pocos cómplices.
Compartir
En la década de los 50 se construyó la Villa Pizarreño, en Maipú, para que vivieran allí los trabajadores de esa fábrica que operaba en Chile desde 1935. Desde aquel tiempo, las familias organizaban partidos de fútbol en una multicancha ubicada junto a montículos de un mineral desconocido con el que se trabajaba en la fábrica y sobre los cuales los niños jugaban. Lo que no sabían, esas personas era que estar en contacto frecuente con ese material, conocido mundialmente como asbesto, podía enfermarlos gravemente.
Según un informe del Jefe del Departamento de riesgos químicos y biológicos del Instituto Nacional de Investigación y de Seguridad en Francia, Philippe Huré, la Organización Mundial de la Salud declaró en 1977 que el asbesto es cancerígeno en todas sus variedades. Hacia 1986, la Organización Internacional del Trabajo, mediante el convenio 162, recomendó a los legisladores de los países miembros que contemplaran, en la medida de lo posible, “la sustitución del asbesto, o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que contengan asbesto, por otros materiales o productos o la utilización de tecnologías alternativas, científicamente reconocidos”.
En Chile, el convenio de la OIT se firmó prontamente, pero las autoridades tardaron 15 años en dictar un simple Decreto Supremo (que emana del Ejecutivo, sin necesidad de pasar por el Congreso) limitando su uso. Bernardo Reyes, ecólogo de la Universidad de Toronto, trabajó en el Instituto de Ecología Política y conoce desde dentro el camino largo y tortuoso que llevó al gobierno de Chile a restringir el uso del mineral, a pesar de que los riesgos para la salud eran sobradamente conocidos. En entrevista para este reportaje, Reyes cuenta que hubo dos obstáculos principales: uno, la reticencia de la industria a cambiar sus procesos de fabricación, y otro, la resistencia de los propios gobiernos concertacionistas, preocupados de la incidencia que la regulación tendría sobre el costo de las viviendas sociales y en las relaciones comerciales con países como Canadá, que producía asbesto.
“Lo que tenemos acá, es una industria que sistemáticamente escondió la información, y que cuando se vio enfrentada con la información cara a cara, lo que hizo fue crear inmediatamente la asociación de la industria del asbesto y defender el negocio como grupo. ¿Contra qué? Contra la salud pública, la protección de las personas”, dice Reyes. “Lo otro, fue la desidia institucional. El ministro de trabajo el año 92 (René Cortázar, bajo el gobierno de Aylwin), le respondía en una carta a Pizarreño (en un momento en que la propia empresa quería la regulación) diciéndole que no podían aplicar el convenio 162 de la OIT”.
Reyes recuerda que cuando, más tarde, se le presentó la información al ministro de la Vivienda, Edmundo Hermosilla, bajo el gobierno de Eduardo Frei, “él dijo que iba a crear una comisión para ver cómo enfrentaba el tema, para que no se creara una sicosis como en Europa. Según él, esto iba a generar una crisis mediática. Y decía que (la regulación) iba a encarecer las viviendas para los pobres, y que era un lujo que Chile no se podía dar. O sea, vivienda saludable era un lujo que Chile no se podía dar ¿Por qué los ricos pueden vivir en viviendas sin asbesto y los pobres tienen baños de asbesto, pisos de asbesto, paredes de asbesto, techos de asbesto?”.
La actitud histórica de Pizarreño, dice Reyes, fue transferir “la responsabilidad a los operarios de la industria, acusándolos de no usar las medidas de seguridad que les indicaba la industria, y que no se cuidaban. Pero le vendían hasta el material de los filtros a la gente pobre que vivía en su villa y lo compraba para usarlo de frazadas en sus casas, y las señoras se contaminaban con asbesto lavando la ropa, lavando esto. De hecho les entregaban la borra… Nosotros llegamos a la pista de Pizarreño a través de la borra que le vendían o le regalaban a los trabajadores para deshacerse de un deshecho cuya mantención era costosa para la empresa”.
Reyes relata que la respuesta del gobierno fue crear una comisión de trabajo, “para evitar que como ecologistas hiciéramos una campaña pública”.
El resultado de esa comisión, tres años más tarde y bajo el gobierno de Ricardo Lagos, fue dictar el Decreto Supremo 656, publicado el 13 de enero del 2001, que prohíbe “la producción, importación, distribución y venta de materiales de construcción, que contengan cualquier tipo de asbesto”. Luego de ese decreto, las empresas que aún fabricaban productos de asbesto –planchas de pizarreño, cañerías, pinturas, trajes para la minería– dejaron de producir materiales con el peligroso mineral.
La regulación se dictó incluso después de que la principal empresa chilena del rubro, Pizarreño, hubiera cesado la producción motu propio (hacia 1998), pues, según Reyes, temía que los ecologistas estropearan su negocio con una campaña publicitaria. Y porque, para entonces, producir planchas sin asbesto era igual o más barato que aquellas que lo contenían.
El decreto gubernamental, sin embargo, se dictó con importantes vacíos y no consideró, por ejemplo, normativas ni protocolo para quitarlo, salvo algunos procedimientos específicos para el retiro de las planchas de Pizarreño. En el caso de las cañerías, la omisión es completa.
Reyes agrega que en Chile el decreto se aplicó tarde y de modo deficiente. Primero, porque la asbestosis se consideró una enfermedad “profesional” que podría afectar exclusivamente a los trabajadores de empresas que fabricaban productos con asbesto y no a quienes lo manipulaban (como los trabajadores de la construcción) o quienes convivían con el material.
El censo de 2002 reveló que un 42,2% de las casas en Chile están construidas con placas de pizarreño mezcladas con asbesto.
El terremoto grado 8,7 del 27 de febrero del 2010, obligó a muchas familias a recoger los escombros de sus casas derrumbadas. La autoridad no les informó que tomaran precauciones, pues si había materiales confeccionados con asbesto, al romperse liberarían el mineral que, al ser inhalado, podría provocarles graves problemas respiratorios.
Esa actitud contrasta con lo que ocurrió en Estados Unidos apenas cayeron las torres gemelas en el World Trade Center en New York, el 11 de septiembre del 2001. En esa ocasión, tanto las autoridades como la prensa advirtieron a la población del peligro que significaba respirar las cantidades de asbesto que se dispersaron en el aire tras el derrumbe.
EL PODER DE PIZARREÑO
El asbesto se utiliza en el mundo desde hace más de un siglo. Según el informe del francés Huré, “la extracción de asbesto se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en Canadá, Sudáfrica y Rusia. Los otros yacimientos importantes se sitúan en Brasil, Zimbabwe, China, Italia, Colombia, Grecia, India, Estados Unidos, Australia, Alemania y Francia”.
En ese mismo informe, presentado en la asamblea general de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) sobre prevención, realizada en Beijing el 2004, Huré mencionó que entre 1990 y 1999, en Estados Unidos, se registraron 20.000 casos de asbestosis. También reveló que hasta el año 2000 “las compañías aseguradoras estadounidenses han informado que gastaron 21,6 millones de dólares como consecuencia de las denuncias depositadas en relación con la exposición al asbesto; 32 millones de dólares, además, han corrido por cuenta de las empresas acusadas. Mientras tanto, 22 empresas, ante la incapacidad de hacer frente a estas deudas, han quebrado. Se calcula que las solicitudes por indemnización deberían aumentar hasta alcanzar entre 200 y 265 millones de dólares”.
Por el directorio de Pizarreño han pasado personalidades del mundo político y económico. Entre ellas, el ex presidente Jorge Alessandri, el último Ministro de Hacienda de Pinochet, Martín Costabal, y el empresario y dirigente gremial, Eugenio Heiremans, quien falleció el 2010. Además, hasta el año 2006, el grupo Matte era el dueño del 24,47% de Empresas Pizarreño.
Según un reportaje de CIPER publicado el 24 de junio del 2011, Eugenio Heiremans fue presidente de la Asociación Nacional de Seguridad (ACHS) desde su creación en la década del 50´ hasta el año 2010 y, manteniendo ese cargo, a mediados de los 70 ejercía simultáneamente como vicepresidente de Pizarreño.
La ACHS es la entidad encargada de velar por la seguridad de los trabajadores y en cuya mutual, en este caso, se atendían los trabajadores por problemas de salud derivados de su exposición al asbesto. Heiremans renunció a la ACHS apenas dos meses antes de morir.
En la actualidad, Canio Corbo, hermano mayor del conocido economista y consejero del Banco Santander en España, Vitorio, encabeza el directorio de la empresa. A fines de los 90, Corbo asumió como director a nivel mundial de la multinacional belga ETEX, empresa que se copnvirtió en la dueña mayoritaria de Pizarreño al adquirir el porcentaje del grupo Matte.
A principios de este año, el ex propietario de la multinacional Eternit, empresa asociada al grupo Etex, Stephan Schmidheiny, fue condenado a 16 años de cárcel por el caso “Casale Monferrato”, pequeña localidad italiana en donde han fallecido 2.000 personas producto de la exposición al asbesto en faenas constructoras.
VÍCTIMAS CON MALA FORTUNA EN LAS CORTES
Juan Carlos Ortiz (60), vivió durante 15 años en la Villa Pizarreño. De niño pasaba el día jugando en la calle, desde partidos de fútbol hasta revolcarse en las borras de asbesto que se acumulaban por todos lados. Su padre, quien trabajaba en la fábrica, murió a los 81 años producto de un mesotelioma pleural (cáncer que se genera por la exposición al asbesto). Su hermana, Pilar, quien nunca trabajó en la fábrica, falleció por causa de la misma enfermedad, exactamente un año y un día antes, a los 56 años.
Ortiz es parte del movimiento ciudadano Unidos Contra el Asbesto (UCA). La mayoría de los integrantes de esta organización son familiares de personas que han enfermado o muerto por causa de la exposición al asbesto y con una característica en común: vivieron en las villas aledañas a la empresa: Pizarreño, Aromos y Portales.
Adrián Prieto (26) está por recibirse de abogado en la Universidad Central. Sus abuelos trabajaron en Pizarreño y en ese lugar fue donde se conocieron sus padres. Recuerda que el asbesto era parte de la familia. La empresa les regalaba el material para hacer alfombras y pavimentar las calles de la villa. Los niños usaban cartones para tirarse por las rumas de asbesto que se acumulaban por doquier.
El 25 de junio del año 2010, Adrián estaba en el cumpleaños de una ex novia, cuando de pronto, sonó el celular. Era su padre avisándole que tenía fuertes dolores de espalda. Inmediatamente se acordó de su tío Víctor, muerto el 2000 por un mesotelioma (cáncer relacionado con la exposición al asbesto), quien sufría con mucha frecuencia dolores de espalda. Se preocupó. Fue a buscarlo y lo llevó a la clínica. Ahí le revisaron el tejido de la pleura y encontraron dos nódulos de asbesto.
“Ahí comenzó una pesadilla que duró alrededor de un año. Durante ese período lo derivaron desde la Mutual de Seguridad a la clínica de la Universidad Católica. El doctor propuso sacarle el pulmón, puesto que podía resistir la operación. Era un hombre fuerte, que siempre fue deportista. Después de la operación anduvo bien 10 meses, hasta que un día lo encontré en la casa, con fiebre”.
Fue internado nuevamente y ya no regresó a la casa. El 28 de abril del 2011, Adrián vio por última vez a su padre con vida, entubado en una sala UCI del hospital de la Universidad Católica. “Te quiero”, le dijo. Su padre solo lo miró y levantó el dedo pulgar, sonriendo.
Unidos Contra el Asbesto presentó un recurso de protección contra Pizarreño que fue rechazado por la justicia el pasado 25 de junio. El abogado Jaime Gatica, uno de los representantes de las víctimas de asbesto, ha perdido una decena de casos que le ha correspondido representar.
En la arena judicial, ningún otro abogado ha logrado vencer a la empresa, donde siempre se han impuesto los abogados de Pizarreño, encabezados por Gabriel Zaliasnik, militante UDI y ex presidente de la comunidad judía en Chile, excepto por un caso: el del ex trabajador Humberto Bravo, quien acaba de conseguir un acuerdo reparatorio extrajudicial con la empresa, el pasado 4 de octubre.
Unidos Contra el Asbesto tiene una lista de 290 fallecidos por exposición al asbesto en el perímetro más cercano a la fábrica Pizarreño.
EL CASO DE LAS CAÑERÍAS
El asbesto puede ser dañino en cualquier situación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo en 1988 que “los efectos crónicos por contacto al asbesto son independientes de la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles seguros”. Esto quiere decir que una persona se haya expuesto a niveles bajos de asbesto estaría en riesgo de tener alguno de los tantos problemas de salud relacionados con el mineral.
Otro producto que fabricaba Pizarreño eran cañerías de asbesto cemento para agua potable. De éstas se vendieron muchas. Es más, un documento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSIS), fechado el 23 de junio de 2011, revela que ESVAL tiene un 44% de su red de cañerías con asbesto cemento. Aguas Andinas, un 58%, ESSBIO un 30% y Aguas Antofagasta, un 44%.
Es decir, las principales empresas de agua potable en Chile construyeron gran parte de su red de cañerías con asbesto y es casi imposible que un usuario en particular sepa si su casa está alimentada con agua transportada por este tipo de cañerías.
Un funcionario de la SSIS, quien pide reserva de su nombre, cuenta que la institución no cuenta con un procedimiento para retirar y cambiar estas tuberías. “La verdad es que nosotros no somos operativos, sólo fijamos las normas. Suponemos que ellos (las empresas) deben retirar los productos cumpliendo con toda normativa vigente”, afirma, recalcando que el poder fiscalizador de la SSIS es muy débil para verificar cómo se retiran las cañerías de asbesto cemento. A nivel nacional, la SSIS tiene apenas 30 fiscalizadores.
En un comunicado emitido por ESVAL, en una respuesta a una solicitud realizada por este reportaje, la empresa comunicó que: “En relación a las medidas de seguridad implementadas por la sanitaria en las faenas de recambio de matrices de asbesto, todos los trabajadores de Esval cumplen con estrictas normas de seguridad, entre ellas el uso de mascarillas con filtro y antiparras”. Además, expresa que “las redes de asbesto existente no representan riesgo alguno en la conducción de agua potable y el servicio entregado a los clientes es monitoreado continuamente por la SISS y el Servicio de Salud, dando cuenta que no presenta ninguna alteración y su consumo es totalmente inocuo”.
Francisco Aravena entró el año 1979 a trabajar en Aguas Andinas, cuando la empresa era propiedad del Estado. De allí se retiró en el 2004. Siempre fue el encargado de controlar la calidad de los materiales que se usaban en las redes de cañería. En entrevista para este reportaje revela que, en realidad, “la calidad de las cañerías no se va midiendo. El mal estado se detecta sólo cuando una cañería se rompe”.
Aguas Andinas, dice Aravena, creó a finales de la década de los 80, un Sistema de Información de Fallas, para reportar los problemas que presentaban distintas tuberías. Así se detectó que las cañerías de asbesto cemento tenían varias fallas: aparte de erosionarse con el tiempo, sufrían el ataque de raíces de árboles que se metían en las uniones de caucho, en busca de agua. Sin embargo, luego del diagnóstico, no hubo seguimiento del problema, ni fiscalización de las autoridades.
Aravena señala que el defecto sí se le fue informado a Pizarreño en su momento. Sin embargo, la empresa no tomó ninguna medida en particular, hasta que finalmente una década más tarde suspendió el uso de asbesto en sus materiales.
El Toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchernitchin, revela que existen muy pocos trabajos que investiguen las consecuencias de beber asbesto, pero que el consumo del mineral por vía oral “puede producir cáncer al estómago y en casos más particulares cáncer al hígado, siendo este último menos frecuente”.
LOS MARINOS CONTAMINADOS
El 13 de junio de 2011, El Mostrador informó sobre la demanda por mil millones de pesos que interpusieron los ex suboficiales Juan Inostroza y Gustavo Donoso en contra de la Armada, por perjuicios relacionados con el asbesto en el tiempo que trabajaron en la institución.
Gustavo Donoso, entrevistado para este reportaje, relata que entró a la institución en 1972. Trabajó como mecánico de máquinas en ocho buques. Entre ellos, tres de origen norteamericano -Ministro Zenteno, Crucero Prat y el Crucero O´Higgins- cuyas tuberías estaban recubiertas con asbesto.
Donoso se levantaba a las 6:30 de la mañana, tomaba una taza de té o café y partía a la sala de máquinas. En esa sala oscura y calurosa –alrededor de 30 grados en promedio- hacía reposición de cañerías. Nunca ocupó zapatos de seguridad, ni mascarillas de respiración. Protectores auditivos comenzó a ocupar solo a principios de los 90. Cuando una tubería se rompía, tenía que sacarla y quitarle el asbesto que funcionaba como aislante térmico. Después que la arreglaba, la cubría nuevamente con el material: “A veces ocupábamos el mismo asbesto que sacábamos”, dice.
En un documento ordinario de la Armada, al que tuvimos acceso para este reportaje, fechado el 14 de agosto de 1996 y firmado por ex senador Jorge Arancibia (cuando era Director General del Personal de la Armada y vicealmirante) se dice que: “En las unidades de flote y reparticiones terrestres, el asbesto es usado como aislante térmico de calderas, cañerías y compartimientos”, como también se reconoce que el asbesto “es peligroso para la salud”. Sin embargo, hasta el 2001, año en que Gustavo Donoso se retiró de la Armada, no conocía ese documento y nadie le informó de los peligros que corría en su trabajo.
Cuando pasó a retiro, Donoso fue contratado por Carozzi. La mañana del 23 de noviembre de 2008, mientras trabajaba, tuvo una crisis respiratoria. Avisó a la enfermería de la empresa y fue derivado de urgencia al Hospital Naval Almirante Nef, en Viña del Mar. Ocho días después entró de urgencia por una crisis respiratoria acompañada de sangre de narices, mareos y sudoración. Fue nuevamente internado en el hospital. En esa oportunidad, le diagnosticaron asbestosis en pleuras y pulmones.
En reiteradas ocasiones trató de obtener el beneficio para las personas que sufren de enfermedades profesionales. El 23 de agosto del 2010, envió una carta oficial a la Armada reclamando sus derechos, acompañando siete exámenes médicos que daban cuenta de que su estado se debía a la exposición al asbesto.
Cinco meses después, el 7 de enero del 2011, en una respuesta firmada por el capitán de navío y Director de la institución, Gonzalo Maldonado, se le reconoce que poseía “placas pleurales calcificadas que pueden estar relacionadas con exposición al asbesto”. Sin embargo, en un lenguaje ambiguo, no se lo reconoció como enfermo de asbestosis, por lo que al final de la carta, el oficial le negó la indemnización correspondiente: “En relación a lo anterior, informo a Ud. que lamentablemente nos es posible acoger favorablemente su petición”.
Álvaro Soffia Contreras, sicólogo y quien fuera hace algunos años el Jefe de División Psicológica del Departamento de Medicina Preventiva de la Armada, lo atendió. En su informe, del 12 de abril del 2012, el sicólogo ratifica que Donoso es un paciente de asbestosis que expresa temor a perder la vida, cambios de humor repentinos y “riesgo de la autoeliminación por no ver una salida a su compleja problemática de salud”.
LLUVIA DE ASBESTO
La calurosa mañana del 30 de noviembre del 2001 fue la vez en que el asbesto tuvo más portadas en los diarios chilenos. Ese día, Eduardo Miño, habitante de la Villa Pizarreño y enfermo por asbestosis, lanzó panfletos informando su situación y se quemó a lo bonzo en la Plaza de la Ciudadanía, frente a La Moneda. Mientras se quemaba, Eduardo Miño se acuchilló el estómago.
Bernardo Reyes cuenta que cuando se prohibió el asbesto en Chile, no fue Pizarreño, sino el gobierno quien asumió la responsabilidad por la limpieza y retiro seguro del material, por ejemplo en la escuela El Llano y otras que estaban cercanas a la fábrica. Sin embargo, dice, “no reconocieron la contaminación por vecindad, producto del polvo que se dispersó en los sectores aledaños, y tampoco reconocieron la cantidad de borras y productos repartidos entre la comunidad”.
El ecologista explica que no existe certeza sobre a dónde han ido a parar los deshechos de asbesto, qué se hizo con los pisos flex, las cañerías y otros materiales confeccionados con el mineral. De hecho, cuenta, que el material no está completamente prohibido. Por ejemplo, hay sellos de cocina que actualmente aún se confeccionan con el mineral. El grupo Etex, controlador de Pizarreño, sigue ocupando asbesto para fabricar sus productos en Perú, en donde la prohibición del mineral quedó fijada recién para el 2013.
“Si tu vas al campus Antumapu de la Universidad de Chile, todos los techos son de asbesto cemento y hoy están liberando el mineral sobre los estudiantes. ¿Por qué esa universidad, por qué los hospitales, consultorios, escuelas públicas en Chile no han sido etiquetados? En cada país donde fue prohibido el asbesto el paso siguiente y lógico, y eso es responsabilidad del Ministerio de Salud, ha sido emitir un instructivo que obliga a etiquetar y señalar dónde hay asbesto en hospitales y escuelas. Acto seguido, proceder a retirarlo o a recubrirlo para evitar que se transforme en producto friable.
Y cuando es removido por los trabajadores de la construcción, hay que tratarlo como material peligroso. ¿Está etiquetado en Chile? En ninguna parte. ¿Existe alguna norma del Ministerio de Vivienda que establezca que antes de cualquier demolición las constructoras deben identificar dónde hay asbesto cemento antes de que vaya un camión y lo retire por separado?”.
Según normas internacionales, el asbesto tiene que ser enterrado con rigurosas medidas de seguridad, pues no hay manera de eliminarlo.
En las dependencias de una institución de gobierno, preguntamos a un funcionario relacionado con el tema dónde se dejan las cañerías con asbesto que han sido retiradas. El empleado esboza una leve sonrisa, se echa para atrás en su silla, sonríe de nuevo y dice: “Deben estar en una plaza, o tiradas en cualquier lado”.
(*) Reportaje realizado por los alumnos del ramo Periodismo de Investigación que dicta la periodista Alejandra Matus en la Universidad Diego Portales