Ministerio de Educación: sumario por anomalías en licitación de prueba de inglés

La Contraloría ordenó la realización de un sumario administrativo en el ministerio de Educación, luego que descubriera una serie de anomalías en la comisión evaluadora que aprobó el programa para realizar una prueba estandarizada de inglés y su posterior medición, licitación adjudicada por el Instituto Chileno Británico de Cultura, por más de 1.885 millones de pesos, según consta en el portal Chilecompra.

La decisión del organismo fiscalizador obra en un documento del pasado 28 de noviembre, firmado por el titular Ramiro Mendoza, donde la empresa Seminarium reclamó porque la mentada comisión fue conformada, en una primera instancia, por empleados contratados a honorarios que redactaron un acta. Posteriormente la autoridad conformó otra comisión evaluadora, esta vez con funcionarios a contrata -como siempre debió ser-, que redactaron un segundo documento con la misma fecha. “El ministerio de Educación se encuentra en el imperativo de disponer la instrucción de un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa del personal que intervino en esas actuaciones, de lo cual deberá informar a la brevedad a este ente fiscalizador”, señala el documento al que accedió The Clinic.

Por esta razón, Seminarium recurrió al Tribunal de Compras Públicas para revocar la decisión de la cartera de Harald Beyer, proceso que está actualmente en curso. Básicamente, el reclamo consiste en que el Chileno Británico ofreció un programa para enseñanza básica y no secundaria como lo necesitaba el Mineduc, cuestión que haría nula la licitación, toda vez que no se respetaron las bases.

En todo caso, el organismo revisor declinó pronunciarse sobre el tema de fondo, atendido que el caso es de un “ámbito litigoso” y se encuentra bajo la supervisión de los tribunales de justicia.

Sumario chanta

La Contraloría le hizo un severo llamado de atención a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Susesan) por la falta de rigurosidad en un sumario administrativo que determinó sobreseer a los funcionarios responsables de fiscalizar la grave contaminación provocada por la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Temuco y Padre Las Casas, ocurrida el 7 de septiembre de 2010, donde se vertieron desechos tóxicos en el río Cautín. “El fiscal del proceso no efectuó una investigación exhaustiva para determinar las eventuales responsabilidades administrativas… limitándose sólo a solicitar información acerca de la normativa aplicable a la planta… sin indagar respecto de la responsabilidad de esa índole que podría afectar a los funcionarios a cargo del control de dicho proyecto”, señala el dictamen al que accedió The Clinic. Por esta razón, la Contraloría devolvió al expediente para que la Susesan haga la pega como corresponde.