Gobierno analiza cómo cortarle el suministro a Aguas Andinas tras segunda turbiedad del año

Mientras campañas en internet exigen que la empresa pague por no garantizar la continuidad en el servicio, en La Moneda temen que los usuarios le pasen factura al Gobierno por los malos ratos.

Por Ivonne Toro Agurto.

Recién el miércoles 6 de febrero, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) formuló cargos a Aguas Andinas por el corte del suministro del pasado 22 de enero, que afectó a 21 comunas de la Región Metropolitana. En la ocasión se informó que la empresa arriesga una multa máxima de 1.150 UTA, $550 millones, por las deficiencias en el aviso a las autoridades y usuarios, y se dio un plazo de 10 días a la empresa para presentar sus descargos.

A tres días de la resolución, un nuevo corte en el suministro afectó a la capital este fin de semana y según informó ayer la superintendente de Servicios Sanitarios Magaly Espinoza, se va a “evaluar el comportamiento de la empresa en este corte y eso implica una investigación que deberá determinar si corresponde o no formular cargos. Esta investigación va a ser sobre la base de la información que los fiscalizadores de la Superintendencia están recogiendo en terreno en este momento. La investigación considera la forma en cómo abordó la emergencia la empresa sanitaria, las medidas de mitigación y los cuidados que tomaron para dar la información correcta a los clientes”.

Pero la SISS no es la única institución que sigue atenta las indagaciones a Aguas Andinas. Según información recabada por The Clinic Online, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) iniciará esta semana la recopilación de antecedentes respecto de los dos cortes masivos de suministro en la capital en menos de un mes, para decidir si presentará acciones en contra de la empresa para compensar a los usuarios afectados.

De hecho, fuentes del Sernac consultadas sostuvieron que la prioridad para el Gobierno en estos casos ha sido enfrentar la emergencia, pero que una vez que la fase crítica de reposición de agua ya ha sido superada, inmediatamente se inició la revisión de datos sobre el corte de enero para determinar si corresponde buscar un acuerdo de indemnización o emprender acciones legales, en lo que podría ser la primera cruzada encabezada por el director del Sernac, Juan José Ossa Santa Cruz, tras la mediática gestión de su predecesor, el hoy intendente José Peribonio.

Lo mismo se realizará esta semana en relación al corte del sábado y el domingo, aunque en la entidad aclaran que sólo se informarán los caminos a seguir una vez que la SISS tenga en su poder y comparta toda la información existente, es decir, cuando Aguas Andinas entregue sus argumentos respecto de los cargos que le fueron formulados la primera vez y los que serán imputados en esta segunda ocasión.

En tanto, asesores del Gobierno coinciden en que en el Ejecutivo existe preocupación por las repercusiones políticas que pueda tener, en pleno año electoral, la suspensión de servicios básicos. De hecho, en las campañas en la web contra Aguas Andinas se interpela directamente al Presidente Sebastián Piñera.

Respecto de los aspectos técnicos por los que debe responder Aguas Andinas, The Clinic Online consultó con la superintendente Espinoza los pasos a seguir.

En la indagación por el primer corte masivo de este año en Santiago, el 22 de enero se indicó que no había sido posible predecir una situación de este tipo. ¿Estima que esta vez se puede esgrimir nuevamente esta atenuante?

Es parte de la investigación que se inició. Pero es de público conocimiento que los niveles de turbiedad alcanzados por el Río Maipo no se habían registrado antes. El 8 de febrero alcanzó un nivel máximo alcanzó a 300.000 unidades de turbiedad, en enero 21 fue de 130.000 y las plantas pueden abatir niveles de hasta 5.000.

El informe final sobre el primer corte se establece que podría haber una multa de hasta $550 millones. Al haber reincidencia de Aguas Andinas este fin de semana ¿podría haber en este segundo caso una multa superior?

En primer término se debe establecer si en esta oportunidad corresponde formular cargos a Aguas Andinas, y claramente un aspecto a evaluar es si existe reincidencia de las posibles faltas. Pero eso es materia de la investigación que recién se inicia.

¿Cuáles son las inversiones que el Gobierno puede exigirle a la empresa para evitar otra situación de este tipo?

La empresa sanitaria tiene la obligación de la continuidad de servicio, salvo fuerza mayor, por lo tanto es la empresa que deberá presentar un plan de inversiones para mitigar los efectos de los niveles de turbiedad que se están observando en este verano y reforzar su plan de inversiones actual. Cabe señalar que para diciembre del año 2013 tiene obras comprometidas que están en ejecución por un total de US$ 65 millones. La empresa deberá analizar y comprometer con la autoridad las obras que entreguen un mayor nivel de seguridad para el abastecimiento de agua potable.

Independiente de la investigación de la SISS, ¿existe alguna coordinación con el Sernac para proteger a los usuarios?

Cada organismo actuará en su ámbito de competencia con el objeto de potenciar la protección a los usuarios.

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