Dos aspirantes a Carabineros muertos y un sumario sin efecto

El 1 de febrero del 2011, el sargento primero de Carabineros Diego Pinuer vio que su teléfono celular tenía una llamada perdida. Era un número desconocido, así que decidió no contestar. Si lo necesitaban, dijo, volverían a llamar. Pinuer, que trabaja en la comisaría de Osorno, estaba en su casa de Quemchi, Chiloé, junto a su esposa, Sandra Barría. Ese día habían estado en el supermercado, comprando té y chocolate para recibir a su hijo Sebastián, de 19 años, que pronto regresaría tras completar su primera campaña como aspirante a oficial de Carabineros.

El llamado tenía que ver precisamente con Sebastián. Y se repitió al poco rato: era el prefecto de Osorno, coronel Claudio Nash Berne, que llamó dos veces. La primera, para decir que iba a visitarlos a su casa, algo que les pareció raro. Minutos más tarde, para comunicarles que su hijo había muerto.

Había ocurrido a la misma hora en que ellos estaban en el supermercado. En Curacaví, en una parcela de Carabineros metida en los cerros, Sebastián soportaba un calor infernal en lo que la policía llama “Instrucción a pie – período individual sin armas”, la primera campaña de la escuela de oficiales, junto a 223 compañeros. Ese día, después de desayunar, Pinuer trotó casi dos kilómetros alrededor de una cancha para luego pasar a hacer varios ejercicios: posiciones firmes, giros, saludos y, por último, un módulo de coro. Tres horas después, almorzó. En la tarde, el oficial al mando, el teniente Rodrigo Oakley Gazale, les ordenó que dejaran las cantimploras a la sombra. Había 33,6º.

Sebastián Pinuer se recostó bajo un árbol. Sus compañeros le preguntaron si le pasaba algo pero él dijo que solo estaba cansado. Le echaron agua en la cara. Pinuer se quedó ahí mientras sus compañeros partían a la instrucción. Esperaban que se incorporara a la práctica.
Pero eso nunca pasó.

GOLPE DE CALOR
Mientras Pinuer estaba recostado, un compañero, Julio Andrés Ulloa Vargas, de 22 años, precalentaba junto a los otros aspirantes. Oriundo de Chimbarongo, Ulloa había intentado ingresar a Carabineros el 2009 y fue rechazado, pero consiguió hacerlo al año siguiente. Había hecho el servicio militar en el regimiento de Colchagua y pasado campañas de verano. “Le costó, pero todo bien”, dice su mamá, Idilia Vargas. Al igual que Pinuer, Ulloa pasó todos los exámenes físicos y médicos y había sido declarado apto.

A las cuatro veinte de la tarde, Ulloa cayó de rodillas al piso. Se levantó, caminó unos metros y volvió a caer. Esta vez se azotó la cara en el suelo. Le dijo a otro aspirante que le dolían los pies. Pero los tenientes Oackley y Nicolás Silva, que fueron a socorrerlo, notaron que además que no respiraba bien ni respondía a su nombre. Un sargento le tomó el pulso: taquicardia.

Dos horas más tarde, Ulloa fue trasladado en una ambulancia al hospital de Curacaví, con un diagnóstico de paro cardiorespiratorio recuperado.

No era la primera vez que se desvanecía. Dos días antes, en la formación de la mañana, se había desmayado. En la enfermería esa vez lo revisaron y lo mandaron a la instrucción, sin ninguna objeción.

Pero el 1 de febrero las cosas fueron graves. De Curacaví, Ulloa fue trasladado en helicóptero al Hospital de Carabineros, en La Reina. A las nueve de la noche, falleció. La causa, dice el certificado médico, fue un edema pulmonar agudo provocado por un golpe de calor, un cuadro que consiste en que la temperatura corporal asciende por sobre los 40ºC, alterando el sistema nervioso central y cardiovascular. Eso lleva a un colapso circulatorio.

Sebastián Pinuer murió antes, a las seis de la tarde. Sus compañeros lo encontraron a unos 50 metros de donde lo habían visto por última vez. Estaba padeciendo un paro respiratorio. También lo llevaron en helicóptero al hospital de Carabineros. Ahí murió. La causa de muerte, se supo meses después, fue un paro cardiorespiratorio.

“SE LES PASÓ LA MANO”
Dos años después de la muerte de los aspirantes, y luego de un sumario que estableció responsabilidades y sanciones, Carabineros acogió las apelaciones de los oficiales involucrados en la fallida campaña del 2011. Los beneficiados fueron el teniente coronel Ricardo González Lobos y los tenientes Jesús Wastavino Jaque, Sebastián Arrue Pressac; y la teniente de Salud, Patricia Santos Ramos y el capitán Rodrigo Oakely Gazale.

Los familiares de los dos aspirantes muertos no fueron informados de la resolución, que lleva la firma de Director Nacional de Personal, general Claudio Veloso Martínez. De hecho, solo tuvieron noticias de él por The Clinic.

Las sanciones del sumario eran menores. Al teniente coronel Ricardo González Lobos, a cargo de la campaña, se le había sancionado con dos días de arresto con servicios. En su apelación, González alegó que el deceso de los dos aspirantes “fue accidental y fortuito producto de un golpe de calor, un suceso inédito en las campañas realizadas hasta entonces por la Escuela de Carabineros y por lo tanto, imprevisible e inevitable”. No fue el único sancionado.

Lo de “imprevisto” no le parece a Sandra Barría. “Acá va más negligencia que caso fortuito, porque un caso fortuito es un accidente, esto no fue eso. En el fondo, ellos los mataron. Los chicos no se cayeron porque fueron a fumar o algo así, los aporrearon, les dieron como caja”, dice. “También hay que agradecer que no fueron más jóvenes porque varios estuvieron mal. Lamentablemente nos tocó a nosotros vivir con esto”, agrega.
Idilia Vargas, madre de Julio Ulloa, coincide con Barría. “El golpe de calor va dando síntomas y mi hijo los empezó a dar el 30 de enero, cuando mostró un primer desvanecimiento. No lo trataron y lo mandaron a seguir haciendo actividades. No fue algo fortuito e instantáneo, un golpe de calor no mata enseguida. Para mí, los trataron como delincuentes, los hostigaron y los niños estaban siendo preparados. Los hostigaron tanto que los mataron”, dice.

Su ex marido, Mauricio Ulloa, concuerda: “para qué estamos con cosas, son oficiales que estaban en período de instrucción y que se les pasó la mano. Les quitaron el agua, los cabros murieron por falta de criterio. Si hubieran atendido a mi hijo en el momento oportuno, se hubiese salvado”.

Idilia Vargas además está molesta por el traslado de su hijo:
-Lo que no me gustó fue que no tomaron un helicóptero para llevarse a mi hijo a Santiago, sino que esperaron la ambulancia de Curacaví y se lo llevaron al hospital de ahí. A Pinuer lo tomó un helicóptero y se lo llevaron altiro a Santiago. No existe solamente un helicóptero en Carabineros. Quizás no dimensionaron la gravedad de la situación de mi hijo– acusa.

“SIGNIFICA QUE LOS NIÑOS SE MURIERON SOLOS”
Los policías a cargo no se dieron cuenta que les faltaban aspirantes. Esa es una de las más bochornosas constataciones que existen en el sumario. Y algo que la familia no perdona.

-Si se está a cargo de un par de jóvenes, se supone que tienen la capacidad para conocerlos o darse cuenta de dónde están sus hombres, verlos o contarlos por lo menos. Las personas que mandaron no eran idóneas, no estaban preparados, ni siquiera sabían primeros auxilios, porque los que le dieron a mi hijo se los dio un compañero que había sido bombero. Hay muchas cosas que están poco claras y duele mucho -dice Sandra Barría.

Idilia Vargas también tiene críticas sobre cómo se controlaba la salud de los aspirantes.
-Cuando mi hijo ingresó a Carabineros, le dije: «llévate unos remedios por si te duele la cabeza, la espalda o el estómago». “No, mamá, me dijo, si yo no necesito nada porque allá nos van a cuidar y si nos pasa algo allá nos atienden. No fue así” -denuncia Ilidia.

Las dos familias critican las respuestas de la institución. Algunos de los mandos, dicen, se les han acercado: el general Víctor Herrera y el capitán Claudio Henríquez.
-Al General Director de Carabineros (Gustavo González Jure) no lo conozco. Cuando se cumplieron dos años fuimos a una misa en que se realizó en la escuela y él no se presentó ni siquiera para dar su respeto o las condolencias, aunque sea tarde. En cambio el General Director de antes (Eduardo Gordon Valcárcel) estaba presente -dice Idilia Vargas.

Este año en Quemchi, para el aniversario de muerte de Sebastián, hicieron un partido de rugby en su honor. “Invitamos a Carabineros y no apareció nadie, ni por si acaso. Ninguna llamada, nada”, dice Sandra Barría. Además, concuerda con Vargas: “Cuando estaba el General Herrera había más contacto, había un oficial a cargo de nosotros que constantemente nos estaba llamando”, dice.

El dictamen reciente los dejó choqueados. Idilia Vargas dice que no lo puede creer.
-No me cabe en la cabeza que queden sin efecto (las sanciones) cuando hay dos familias que perdieron a sus hijos. Ellos siguen ascendiendo y esta sentencia significa que no pasó nada, que no tienen culpa, que no hicieron nada para que los niños se murieran, que se murieron solos. O sea, se murieron porque eran débiles, ¿porque eran inapropiados para el ejercicio de Carabineros? Había gente que tenía que estar ahí y no estaba, sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Tienen que pagar con cárcel –dice.

Mauricio Ulloa, su ex marido, también alega: “Ellos se pueden reír de las familias todo lo que quieran, eso lo tengo bien claro, pero hay una justicia divina de la cual todos somos responsables. Siento rabia, es un hijo que se me murió. Encuentro injusta la situación de los responsables, que sigan trabajando y ejerciendo sus labores. Me pone muy triste, porque es una vida humana la que está en juego”.

Sandra Barría es más lapidaria:
-Ahora pueden ascender felizmente. Al final los van a premiar -dice.
Barría creció cerca de Carabineros. Primos de su papá eran de la institución; su marido es sargento, como su hermano, en retiro desde el año pasado. Su hijo Sebastián quería serlo. Pero hoy está tan desilusionada de la institución que se niega a que su hijo menor, de 16, piense en postular a Carabineros. Está profundamente decepcionada por cómo se actuó ese día de febrero. “Si hubiera sido el hijo de algún general, yo creo que hubiera sido diferente la sanción, ¿no crees?”, pregunta.

Lo que más le molesta es la falta de transparencia, reafirmada en cómo se enteró del resultado de las apelaciones de los sancionados. A lo largo del proceso, dice, siempre se ha enterado de las cosas por fuera. Como ahora. “Ni siquiera han tenido el valor de pedir disculpas, decir en buen chileno, la cagamos”, dice Barría. “Mi hijo está muerto, ellos están vivos y sólo puedo visitar a Sebastián en el cementerio. Eso es lo que me dejaron. Me cagaron la vida”.

Por eso que las dos familias tienen puestas las esperanzas en la investigación que lleva la Fiscalía Militar por la muerte de sus hijos.

Hasta ahora, como reparación sólo han tenido una indemnización, que en el caso de los Pinuer Barría ascendió a $4 millones, además de una pensión de $300 mil.

The Clinic intentó comunicarse con Carabineros, que a través de su Departamento de Comunicaciones Sociales respondió que no se referiría a la muerte de los aspirantes, «toda vez que existen procesos judiciales aún en desarrollo asociados a esta causa».

LAS SANCIONES
-Al capitán Oakley se le sancionó con seis días de arresto por no fiscalizar el conteo de los aspirantes y no notar la ausencia de Pinuer; así como haber seguido con la instrucción a pesar de ver el cansancio y la fatiga de los jóvenes a su mando. En su apelación, sostuvo que había llamado a la oficial de sanidad Patricia Santos y pedido un helicóptero para el traslado de Pinuer.

-Al teniente Jesús Wastavino Jaque, se le sancionaba con ocho días de arresto, debido a que no contó a los aspirantes ni se dio cuenta de que Pinuer no estaba. El teniente reclamó que fue él quien se percató de la ausencia de Pinuer.

-El teniente Sebastián Arrue Pressac, actualmente en el OS-7, fue sancionado con ocho días de arresto por no controlar ni hacer un seguimiento a los aspirantes a su cargo que eran enviados a la enfermería de campaña, entre ellos Julio Ulloa. Se le rebajó la sanción a cuatro días. En su apelación, dijo que Ulloa, junto con otros aspirantes, se fue de la enfermería por sus propios medios para continuar con las actividades, por lo que no ameritaba mayor atención.

-Por último, a la teniente (s) Patricia Santos Ramos, se le dio una reprensión debido a que el 30 de enero no atendió a Julio Ulloa cuando se encontraba en la enfermería. Cuando apeló, la teniente dijo que se le estaba reprochando desde la perspectiva de un Servicio Médico de provincia y no del de una enfermería de campaña, que tiene condiciones mínimas de funcionamiento.