¿Existe la solidaridad promapuche?

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Desde hace más o menos un par de décadas el tema mapuche en Chile ha dejado de ser sinónimo de museo prehistórico, topónimo exótico o el apellido siempre mal escrito del personal de servicio.

En años recientes muchas personas han forjado una opinión medianamente fundada sobre el tema, más allá de los análisis y teorías provenientes en exclusiva del ámbito de los especialistas en asuntos étnicos.

Aquella especie de profecía que había condenado a las culturas indígenas a una desaparición segura e inevitable, incluso a nivel discursivo, habría demostrado así su completa esterilidad. Paradójicamente, en plena época del neoliberalismo y la globalización.

Es probable que en este proceso de visibilización originaria hayan contribuido una serie de factores concatenados. Entre los principales está la conmemoración de los 500 años en 1992, con la irrupción en la agenda pública de la llamada «emergencia indígena» en distintos lugares de América Latina. También, la cristalización e incorporación de una parte de las demandas históricas mapuche contemporáneas, dentro del espacio de las negociaciones políticas postdictatoriales; el Ecuador de los «Levantamientos» de principios de los ’90, el Chiapas zapatista de enero del ‘94, junto con la acometida en la Araucanía chilena del Consejo de Todas las Tierras y otras orgánicas posteriores, como la CAM, con su discurso impregnado de tradición, alteridad y resistencia.

Sin embargo, un lugar preponderante en este listado lo ocupan los innumerables conflictos derivados de la invasión de megaproyectos en territorios originarios, como la expansión de las forestales en distintos territorios mapuche y el emblemático caso de la central hidroeléctrica de Ralko. Iniciativas avaladas por políticas estatales que, en nombre de una sacralizada noción de «desarrollo», generaron una doble dinámica en el escenario interétnico de principios del siglo XXI.

La flagrancia de estos megaproyectos aceleró casi al mismo tiempo un cambio discursivo en el interior de las organizaciones étnicas, que dentro de este contexto han empezado a caracterizar su situación actual a partir de su incorporación traumática a los actuales estados nacionales; a demandar «territorios» y ya no sólo «tierras; derechos anteriores a los estados y no sólo de «leyes de fomento indígena».

La aparición en estos años de nuevos discursos y prácticas políticas no sólo ha impregnado de sentido a las reivindicaciones y demandas de la militancia mapuche, sino que también -y es una de las novedades de los últimos tiempos- parte importante de esos contenidos se ha trasvasijado hacia sectores que sin ser directamente integrantes del grupo étnico hoy se sienten profundamente comprometidos con la legitimidad y justicia atribuidas a la causa mapuche.

Se trata del surgimiento del activismo solidario promapuche, que marca presencia hoy en todo tipo de movilizaciones sociales, tanto las promovidas por organizaciones mapuche, así como en la mayor parte de los mitines que han ocupado las calles de las principales ciudades de Chile recientemente: las multitudinarias marchas estudiantiles, las por causas de Derechos Humanos, medioambientales, conmemoraciones políticas, recitales de música e incluso en el territorio de las “barras bravas” del fútbol.

En todas estas convocatorias este activismo hace ostensible su presencia mediante el uso público y masivo de la “wenufoye” o bandera nacional mapuche, devenida a estas alturas en un auténtico icono de protesta transversal, que lo mismo que emblema étnico originario, acoge buena parte del vasto descontento social chileno de estos tiempos.

¿Quiénes son y qué caracterizaría a estas personas que, con diferentes intensidades, están dispuestas a movilizarse e incluso comprometerse con una causa que hasta hace unos años era masivamente ignorada, cuando no fuertemente estigmatizada?

Es evidente que esta solidaridad promapuche no constituye hasta ahora un sector social consolidado, pues no es ni homogéneo ni está articulado en algún referente específico, más allá de la lógica del «colectivo». La solidaridad esencialmente es una suerte de energía fundada en un sentido básico de justicia social, pero que en nuestro caso pareciera no constituir aún un proyecto ni cultural ni mucho menos político.

Las motivaciones que impulsan a los sujetos a la identificación desde luego no son en este plano uniformes. Ellas ocupan un amplio espacio: desde una suerte de inquietud por un sistema cultural atractivo por lo exótico de sus manifestaciones, como son las dimensiones cosmovisionistas de esa cultura, hasta gentes que ven lo indígena como la materialización de sus propios proyectos políticos o económicos, sean del color que sean.

La identidad de este sector es tenue y escasamente autónoma políticamente hablando, pues está directamente ligada a las movilizaciones convocados por las organizaciones étnicas.

La afinidad con la causa mapuche, con todas sus ambigüedades, es una realidad tangible; aparte de haber sido medida por encuestas de opinión, se relaciona directamente con una suerte de descontento transversal que subyace en importantes sectores de la sociedad chilena. Dicha inquietud se ha expresado en toda su intensidad en el reciente ciclo de las movilizaciones sociales abierto en distintos lugares de Chile, cuya mejor expresión son las demandas estudiantiles por la educación pública de 2011. No es extraño así, que sea precisamente en ese segmento de la población donde justamente se da la mayor adhesión hacia la causa mapuche.

Esta juventud, vale decirlo, es parte intrínseca de la generación postdictatorial que se crió, formó y desilusionó en los tiempos de la «democracia de los acuerdos», promovida en Chile desde 1990 y que derivó entre otras cosas en el congelamiento de gran parte de las demandas sociales.

Este período resulta ser contemporáneo de la «emergencia indígena» y del «ascenso mapuche», como le llama el historiador Fernando Pairican. La consolidación del modelo económico y político generado por la dictadura y luego administrado por los gobiernos concertacionistas, hoy son masivamente repudiados por estas nuevas generaciones, que por oposición naturalmente se identifican con las demandas y luchas mapuche, en las que los conflictos con las forestales e hidroeléctricas, los jóvenes mapuche asesinados y encarcelados, los niños y mujeres violentados en la Araucanía, aparecen frontalmente contrapuestas con aquel modelo.

¿Constituye el activismo solidario promapuche una forma efectiva de diálogo intercultural? ¿Podría éste derivar en un proyecto político viable para la urgente y necesaria reforma a la Constitución pinochetista y, por extensión, al modelo del Estado nacional monoétnico, tan impecablemente adoptado por Chile desde su fundación?

Evidentemente no existe una sola forma de manifestar la empatía con una causa justa y legítima como la mapuche, así como tampoco un concepto aparentemente tan rotundo como «solidaridad» tiene una sola forma de conjugarse.

«La solidaridad es la ternura de los pueblos», fue una frase acuñada por la poeta nicaragüense Gioconda Belli y luego parafraseada con Eduardo Galeano, que pasó a constituir una especie de máxima de la consecuencia y compromiso social del progresismo latinoamericano desde los ‘60. Solidaridad que se oponía de hecho a la caridad, que se relaciona fuertemente con ciertas maneras paternalistas de interpretar el cristianismo. Seguramente, tanto uno como el otro enfoque subyacen hoy en la relación con los pueblos originarios. De hecho, ciertas estrategias hábilmente promovidas por personajes de los medios de comunicación chilenos han popularizado, cual eslogan publicitario, la idea que la solidaridad sería cuantificable a partir de los aportes en dinero o materiales que los ciudadanos realizan a las campañas de ayuda social, o a los aportes a los damnificados después de una catástrofe natural.

Esta forma de manifestar este sentimiento claramente se ha constituido en una especie de norma, y en el caso de algunas conocidas instituciones de ayuda social, prácticamente ha devenido en una genuina escuela de cuadros que forma líderes políticos que hoy cruzan gran parte del espectro dirigente del Chile actual.

En el caso mapuche aparentemente se entrecruzan las dos maneras de afrontarla. Tanto la que se manifiesta marchando en las calles, asistiendo al acto cultural, colabora en las campañas de recolección de alimentos y medicamentos para las comunidades; como en la que promueve asistencia jurídica para los presos políticos, intenta establecer algún tipo de articulación política con los referentes activos del movimiento o se compromete activamente en el terreno mismo.

Las distintas estrategias y actos específicos donde hoy se manifiesta esta solidaridad promapuche representan una forma concreta de autonomía ciudadana que se contrapone a las históricas maniobras estatales de negación y exclusión de la diversidad étnica. No son las endebles políticas públicas de educación intercultural bilingüe ni las fantasmales iniciativas oficiales de validación de las epistemologías originarias las que han impulsado a estas personas a intentar conocer y acercarse empáticamente a temas velados por tanto tiempo.

El despertar de estas inquietudes ciudadanas es uno de los principales logros recientes del movimiento y los activistas mapuche del último período, y por extensión de todo el movimiento mapuche contemporáneo, desde 1910 a la fecha, independientemente de su afiliación. Sin embargo, resulta también evidente que así como el movimiento mapuche reciente, con sus procesos y sus luchas, se ha ganado un espacio probo dentro de la agenda política y social reciente, apertrechándose de nuevas formas y prácticas discursivas en tiempos de la «emergencia», se hace también necesario ahora que ese crecimiento se extienda hacia el territorio de las relaciones interétnicas con esa otredad mestiza chilena, a la que ya es inviable seguir calificándola con el excluyente concepto «wingka».

La causa promapuche, tiene un amplio espacio de desarrollo futuro en el terreno de unas posibles relaciones interétnicas proactivas y dialogantes que permitan la eventual formulación de un proyecto político y cultural, que supere cualitativamente al mero exotismo folcklórico o la solidaridad pasiva, complaciente y acrítica, que es tributaria sin duda de gestualidades caritativas o mediáticas imperantes hasta hoy.

Una solidaridad activa implica por ello poner en el centro del debate y en centro de la acción política al modelo de Estado nacional excluyente y antidemocrático, que en su violencia y autoritarismo -bien lo sabemos en estas fechas dolorosas- paradojalmente pareciera igualar a los unos y los otros.

*Antropólogo, licenciado en Artes de la U de Chile, Máster en investigación etnográfica de la U. Autónoma de Barcelona.