Piñera y Humala coinciden en Cuba en medio de tensión por triángulo terrestre y aplicación del fallo de La Haya

“¡Mar para Bolivia!”, fue el grito de transeúntes que escuchó ayer el canciller Alfredo Moreno cuando abandonaba raudo –seguido por el agente en La Haya, Alberto Van Klaveren y el embajador en los países bajos, Juan Martabit-, La Moneda rumbo al ministerio de Relaciones Exteriores. Era pasado el mediodía y las autoridades debían partir a Valparaíso a las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado donde se analizó el fallo del Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que respetó la línea marítima que defendía Chile pero hasta las 80 millas marinas, no hasta a las 200 como se demarcaba hasta ahora.

Pero antes de explicar a los parlamentarios el alcance de la sentencia, Van Klaveren se reunió con Piñera para entregarle una copia del fallo, revisar sus alcances y abordar el tema de la frontera terrestre que, tal como publicó este medio, se vislumbra como el nuevo foco de conflicto con Lima. Ello porque desde el presidente peruano, Ollanta Humala, hasta ministros del vecino país han señalado que la sentencia otorga a Perú “costa seca” al norte de Arica y, peor aún, que La Haya no hace referencia al límite territorial, postura de la que el presidente Sebastián Piñera ha discrepado en público y en privado en la conversación que sostuvo con Humala el martes. Hoy uno de los principales objetivos del jefe de Estado en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que congrega a 33 países y que culmina hoy, será conseguir que Humala precise que no hay controversia en los límites terrestres, una meta ambiciosa, admiten en La Moneda, ya que ha sido el propio Ollanta quien ha impulsado la tesis contraria.

En círculos diplomáticos hay, además, preocupación por las señales que se han enviado desde Lima sobre la intención de aplicar desde ya la resolución del tribunal, que, en rigor, requiere modificaciones en la Constitución de Perú. Ayer el primer ministro César Villanueva aseveró que “podemos tomar posesión desde ahora mismo” de los 22 mil kilómetros cuadrados que, según Chile, otorgó la Corte y que según Perú corresponden a 50 mil.

“Hay que hacer cotejos y coordinaciones con ellos, pero no negociaciones, ni formación de comisiones. Ya la implementación empezó por parte de nosotros y vamos a seguir”, dijo.

Por lo mismo, el Presidente actuaría con cautela durante esta jornada para que cualquier diálogo con su par de Palacio Pizarro no pueda ser mal interpretado. Ello si finalmente se concreta una reunión, porque ayer Moreno, a diferencia de lo que ocurrió el lunes, no quiso confirmar el encuentro.

Van Klaveren, en tanto, al ser consultado respecto de si compartía la interpretación de Perú sobre el dominio del triángulo externo, respondió con un enfático “No”. Fue la única expresión en una jornada en que el personero se concentró en afirmar que “las 80 millas no tienen base jurídica de la Corte”. “Si bien salvaguardan nuestros derechos, no tienen sustento y no pueden contrarrestar la argumentación abrumadora de Chile. La extensión de 80 millas fue ampliamente cuestionada por las opiniones de aquellos jueces que, incluso, no reconocían la existencia de un límite”, argumentó.

En tanto, ha crecido la presión porque Chile evalúe su permanencia en el Pacto de Bogotá, el mismo del que Colombia decidió retirarse tras el diferendo con Nicaragua.

CELAC
En un mismo avión despegaron anoche Piñera y la Presidenta electa, Michelle Bachelet, junto al canciller Moreno y su sucesor designado, Heraldo Múñoz. La presencia de los dignatarios en Cuba se decidió el lunes tras la lectura del fallo y obedeció al fin estratégico de mostrar la relevancia que le da Chile a la relación con los países de la región, en especial tras la determinación de Bolivia de demandar al país.

La determinación de Bachelet de acudir a la instancia busca demostrar que en sus relaciones internacionales el país sigue una línea de continuidad, en particular porque a la administración de la médico socialista le corresponderá implementar el dictamen de la CIJ.