Durante dos semanas, los estudiantes de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) estuvieron en paro. Alegaban hacinamiento en su campus de Bellavista –donde también funciona una sede del instituto AIEP–, escasa reinversión en infraestructura, un fuerte recorte en el financiamiento de sus escuelas y un alza de un 20% en los precios que la universidad cobra anualmente a sus alumnos. Decían que a pesar de pagar un arancel cercano a los $4.000.000, no cuentan con salas ni mobiliario suficientes para cursar sus clases. Para ellos, todos esos elementos son consecuencia del mismo modelo de negocios que hoy tiene bajo la lupa del Ministerio Público, del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Servicio de Impuesto Internos (SII) al Grupo Laureate, el consorcio internacional que controla la casa privada de estudios superiores con mayor matrícula en el país y que además es dueño de la Universidad de Las Américas (UDLA), la Universidad de Viña del Mar (UVM), el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió con los alumnos en paro y citó a una sesión especial para discutir el problema el pasado lunes 21 de abril. Su intención era obtener antecedentes y exigir explicaciones a las autoridades de la UNAB. Los estudiantes de Santiago llegaron acompañados por sus compañeros de Viña del Mar, quienes aseguraban tener problemas muy similares: durante 2013 tuvieron que cursar por un tiempo sus ramos en distintos lugares -“hasta en parroquias”-, porque no tenían dónde estudiar. “Esto ocurrió porque el grupo controlador entregó nuestra sede a las otras universidades del grupo y la nuestra no estaba lista”, dijo uno de los estudiantes a La Segunda.

La sesión del lunes 21 terminó sin los resultados esperados, básicamente porque el rector de la UNAB, Pedro Uribe, no se presentó. Tenía “compromisos previos”, diría después. Tampoco asistió al Congreso cuando fue citado para declarar ante la comisión especial que investigó el lucro en la Educación Superior. Para el presidente de la comisión, el diputado Mario Venegas (DC), su ausencia en ambas oportunidades no hace más que generar sospechas: “Nos da derecho a pensar que algo no está funcionando bien con esa universidad”.

El problema generado entre los alumnos de la UNAB es sólo otra manifestación de las serias complicaciones que enfrenta la estructura de negocios y de propiedad que ha diseñado el Grupo Laureate para operar en Chile. La misma que fue denunciada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) al momento de negarle o rebajarle la certificación de calidad a sus universidades por considerarla un “riesgo para el proyecto educativo”. Esa estructura es el esqueleto de un negocio altamente rentable, que le permitió a Laureate recuperar en tan sólo cuatro años el 100% de su inversión para adquirir el control de la UNAB y la UVM: US$ 80 millones. Esa es la misma cifra que, según el Ministerio Público, las universidades del grupo traspasaron entre 2009 y 2012 a empresas de la red en el extranjero. Supuestamente, sin pagar impuestos y sin que haya una justificación detrás de esas transacciones que satisfaga a las autoridades. Es por eso que hoy el consorcio es investigado a petición de la fiscalía por el SII, por un posible delito tributario.

A pesar de las investigaciones que pesan sobre ella, toda esa estructura se ha modificado silenciosamente, una y otra vez, durante los tres últimos años. En 2010, por ejemplo, las empresas que controlaban la UNAB eran el Instituto Andrés Bello S.A. y Desarrollo de la Educación Superior S.A. Hoy, ninguna de las dos existe. Ambas desaparecieron en un proceso que se inició en 2011, al mismo tiempo que miles de chilenos salían a las calles a exigir a gritos educación superior gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Para entonces, las autoridades fijaban su atención en las universidades del grupo por supuestamente haber infringido las reglas del juego y Laureate movía sus piezas para rediseñar por completo su estructura y sus inversiones en Chile.

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