La última tentación de Cristo yt
Fuente: Pantallazo de Youtube

“Porque violan el derecho a libertad de enseñanza de los recurrentes, entre otras garantías constitucionales”. Ese fue el argumento central con el que ayer un grupo de apoderados del Instituto Nacional lograron un triunfo contra las “tomas” en el establecimiento educacional.

Esto, luego que el recurso de protección presentado por los padres fuera acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que obliga a la Municipalidad de Santiago -sostenedor del establecimiento- a “adoptar oportunamente todas las medidas necesarias ante eventuales nuevas tomas”.

Una polémica medida, condenada por los estudiantes del “Primer Foco de Luz”, que fue tomada por los integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones. Entre ellos, nada más ni nada menos que el abogado Joel González Castillo, uno de los juristas que en 1997 interpuso un recurso que censuró la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”, en “representación de Jesucristo y la Iglesia”.

Ayer, el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Xavier Opazo, repudió el fallo y rechazó tajantemente la actitud de algunos apoderados, concejales de derecha de la comuna de Santiago y del diputado Felipe Kast, quienes celebraron la medida. De hecho, el parlamentario de Evópoli estuvo presente junto a un grupo de apoderados del IN y el Liceo 1 de niñas la tarde del 2 de julio pasado cuando hicieron una velatón frente al edificio municipal exigiendo el término de las tomas.

Alejandro Vera, uno de los apoderados que presentó el recurso de protección, dijo a Radio Cooperativa que esperaba que se respetara el fallo, “entiendo que una gran mayoría de los padres en el colegio así lo siente”.

Durante este año, el establecimiento estuvo tomado por los estudiantes -amago de incendio incluido- desde fines de mayo hasta el 13 de junio, luego desalojado y nuevamente tomado hasta la primera semana de julio. El vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Ricardo Paredes, condenó la medida y señaló que “toda movilización es válida si es democrática y pacífica”.

La última tentación del juez González Castillo

Fue en 1997, precisamente el 17 de junio de ese año, que la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó la sentencia precedente del 20 de enero de ese mismo año de la Corte de Apelaciones de Santiago. La medida dejaba sin efecto la resolución de la decisión del Consejo de Calificación Cinematográfica de la época, de exhibir la película para mayores de 18 años en noviembre de 1996. Y la sacaba de cartelera.

La censura, que desató una fuerte polémica en un país donde, por ejemplo, Pinochet todavía era Comandante en Jefe del Ejército, fue obra de un reclamo de un grupo de abogados ultra conservadores que impidieron que la película llegara a los cines locales arrogándose la representación de “Jesucristo, la Iglesia Católica y de sí mismos”.

En ese grupo estaba Joel González Castillo, hoy abogado integrante de la Corte de Apelaciones y profesor asociado del Departamento de Derecho Privado de la PUC, que acogió el recurso presentado por los apoderados del Instituto Nacional.

Recurso que, entre otras cosas, tuvo éxito porque según la Corte “la imposibilidad fáctica que impone una toma de asistir a clases y recibir educación conculca las garantías constitucionales de libertad de enseñanza, derecho de propiedad en relación con el derecho a la educación y la integridad psíquica y física de los recurrentes”.

Los apoderados habían ingresado el recurso el 31 de julio pasado, “cansados de la pasividad y complicidad de las autoridades” para exigir que el municipio permitiera que las tomas sigan “autodestruyendo su colegio y su prestigio”.

Por esto, la terna de la Quinta Sala de Apelaciones acogió la medida con un fallo 2 a 1, con los votos a favor de la ministro Marisol Rojas y el abogado González, y con el voto en contra del ministro Juan Escobar.

Así, el fallo ordena que los estudiantes deberán “abstenerse de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares como así también que se materialicen las mismas”; que se deje sin efecto el “Protocolo” suscrito por la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago y los estudiantes; y que Carolina Tohá Morales deberá mantener el establecimiento educacional en funciones y en condiciones tales que permitan la continuidad y normal realización de las actividades escolares correspondientes al presente año escolar 2014.

Ante todo, la Municipalidad señaló ayer mediante un comunicado público que no habían sido notificados formalmente del fallo de la Corte de Apelaciones y que la entidad comunal había tomado conocimiento por los medios de comunicación, agregando que una vez que se evalúe el alcance del fallo el gobierno comunal se pronunciará sobre los pasos a seguir.

La medida sacó a colación directamente la conducta del jurista UC, quien hace 17 años censuró el film de 1988, dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por William Dafoe. En ella, Jesús sobrevivía a la crucifixión y mantenía por algunos años una vida normal, incluso cuestionando la existencia de su vida como “mesías”.

El selecto grupo que se arrogó la representación de Jesucristo y la Iglesia Católica para impedir la exhibición de la película, en 1997, tiene a varios conocidos. Junto a González, en el grupo que censuró la película se encuentran el abogado conservador Sergio García Valdés; Vicente Torres Irarrázabal; Francisco Javier Donoso Barriga, presidente del grupo ultra conservador “El Porvenir de Chile”; Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco y Metrogas; el síndico de la quiebra de Inverlink Corredores de Bolsa, Cristián Heerwagen; y el conocido abogado de Red Provida, Jorge Reyes Zapata, despedido asesor jurídico del Servicio de Salud de Concepción por sus dichos homofóbicos contra Daniel Zamudio.

Por esta razón, el Estado Chileno fue condenado el 5 de febrero de 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia consagrados en los artículos 12 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de la sociedad chilena y en particular de los demandantes que se opusieron a la medida. Tras el juicio, finalmente la película llegó a los cines pero más de cuatro años después de lo presupuesto.

Es más, coincidencia o no, el abogado Sergio García Valdés escribió una carta a El Mercurio en junio de 2009, en contra de las tomas de algunos colegios y la Facultad de Derecho de la UC. “Liderados por nuestro amigo Jaime Guzmán, también entonces estudiante de la misma facultad, recuerdo la advertencia que les hiciera a los dirigentes de la DC, en el sentido de que ellos estaban actuando como el ‘caballo de Troya’ en esa subversión que a poco andar controlaría la izquierda, lo que finalmente ocurrió.”