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El senador RN Andrés Allamand dio a conocer este domingo su campaña “Mejor Educación = Calidad + Libertad”, con la que busca transmitir sus propuestas y que el Ejecutivo rediseñe su proyecto de reforma educacional.

“El Gobierno ha sido incapaz de aportar una sola idea para mejorar la calidad de la educación y para levantar la educación pública. A pesar del rechazo de la ciudadanía, el Gobierno insiste en llevar adelante un proyecto que perjudica a la educación y no mejora la calidad”, sostuvo.

La campaña se realizará el 8, 9 y 10 de septiembre en 1.110 colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana, donde 300 voluntarios harán entrega de un díptico informativo donde se mencionan los, a juicio del parlamentario, tres principales errores de la enmienda: “Pensar que para mejorar la educación pública hay que terminar con la educación particular subvencionada; prohibir a los padres aportar a la educación de sus hijos; y reemplazar los procesos de admisión por una tómbola”, sostuvo.

En cambio, el senador realiza siete alcances: “Defender el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos; exigir a los colegios altos estándares de calidad, más allá de que estén organizados como corporaciones, fundaciones o sociedades educacionales de giro único; aumentar la subvención educacional para todos los niños (hoy el Estado invierte 60 mil pesos por alumno cuando lo mínimo que debería invertir son $170mil); mejorar la formación, remuneraciones y carrera docente de los profesores; resguardar el derecho de los padres a construir a la educación de sus hijos mientras el Estado no reemplace ‘peso a peso’ sus aportes; mantener los procesos de admisión y matrícula en los colegios sin traspasarlos al Estado; e impedir que se apruebe la norma que el Gobierno propone para prohibir la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados”.

Allamand agregó que “la educación particular subvencionada es hoy la opción mayoritaria de los padres y apoderados, y debe coexistir con una buena educación pública, pero lo que el proyecto del Gobierno hace es formular exigencias a los colegios particulares subvencionados, tanto del punto de vista jurídico como del punto de vista de la propiedad de sus inmuebles, que no son capaces de cumplir. Lo que se está haciendo en concreto es afectar a aproximadamente seis mil colegios de este tipo en todo Chile, junto a 1.800.000 niños cuyos padres han optado legítimamente por esta opción para educarlos”.