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Crema de choclo. Irónicamente, lo primero que se ofreció ayer a las 13.30 horas en el almuerzo de directiva de la UDI en que se analizaron las repercusiones de la arista política del caso Penta -empresa de propiedad de Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín- fue una versión humeante de este plato que acompañó la discusión sobre los pasos a seguir por la colectividad y las explicaciones del senador Iván Moreira, cuyo chofer aparece entregando boletas sospechosas al holding.

Ernesto Silva, sobrino de Délano y presidente de la UDI, concluyó con que no habían parlamentarios implicados en ninguna investigación -sobre la base de la declaración ante el Servel que, en todo caso, no está en entredicho porque esos son recursos recaudados de forma legal- y dio por cerrado el caso cerca de las 16.00 horas, pero antes, y a puertas cerradas, reconoció lo que todos los dirigentes gremialistas admiten en privado: todo se está jugando en la cancha del Servicio de Impuestos Internos (SII).

De hecho, en una de sus intervenciones en la reunión, Silva enfatizó que en la gran mayoría de los casos en que se indagan boletas, el SII opta por el camino administrativo -se cursa una multa y se corrigen los errores- y que cualquier otra opción sería un cambio de doctrina.

Desde el organismo fiscalizador, en tanto, precisan a The Clinic Online que ello no es así. Que si bien en el 99% de las situaciones que analiza la entidad existe una salida distinta a la judicialización, ello se debe a que no existe dolo, pero que en la causa sobre Penta se está investigando una “falsificación ideológica” -pagos por trabajos no realizados para recabar dinero al margen de la ley para, eventualmente, financiar campañas- y que por estos motivos lo que procede es una denuncia o una querella ante la Fiscalía Metropolitana de Delitos Complejos que es la que presentó en primer lugar los antecedentes al SII para que el organismo revisara si hay elementos que configuren un posible delito.

En cualquier caso, la Oficina de Delitos Económicos, dependiente de la subdirección jurídica, aún no tiene una resolución tomada aunque fuentes de la organización precisan que se recopilaron ya los antecedentes y que se está en proceso de ordenar la información, por lo mismo, de aquí a fines de esta semana habría una resolución.

En la Nueva Mayoría, en tanto, precisan que a la par con los pasos del SII, se estaría monitoreando la situación de miembros de esa coalición, específicamente un ministro y dos senadores DC en el financiamiento anómalo a campañas.

Como sea, este ha sido un año negro para Penta: luego de que se descubrió que uno de los fiscalizadores del SII, Iván Álvarez, había creado un lucrativo e ilícito negocio para modificar declaraciones de contribuyentes y que actuó como aliado con el martillero Jorge Valdivia -asistente, chofer y colaborador personal del exgerente de Penta, Hugo Bravo-, el caso se ha vuelto oscuro para Délano y Lavín, hasta ese minuto intachables hombres de negocios y hoy en el centro de la polémica.

LA ARISTA POLÍTICA EN LA MONEDA
En el gobierno, sostienen fuentes de la NM, existe preocupación porque aún no se ha despejado si existen nombres del oficialismo involucrados en financiamientos irregulares en campañas. Al ex candidato Andrés Velasco, en los últimos días se han sumado otros tres nombres de autoridades de la Nueva Mayoría. Dos senadores DC y un ministro en ejercicio que no resultó electo en las elecciones pasadas. Tal como lo publicó este diario ayer, dicho ministro descartó a este medio “tajantemente” que su campaña hubiera tenido relación con aportes proveniente de Penta. En privado en el Ejecutivo se ha discutido el tema y se ha monitoreado en altas instancias.

Uno de los senadores DC, cuyo nombre ha circulado, afirmó a este medio que no tiene relación alguna con Penta y que se está frente a una estrategia de empate por parte de la UDI. El parlamentario dijo también que no ha sido contactado por el gobierno para conocer su situación.

Respecto a Velasco en la Nueva Mayoría explican que el tema se ha llevado con delicadeza política y se ha limitado a entregar sólo la versión oficial que ha reiterado el vocero Álvaro Elizalde:  que tanto el SII como la fiscalía deben trabajar con absoluta autonomía. En el oficialismo explican que no quieren -a nivel del Ejecutivo- abrir un frente comunicacional en la opinión pública en contra del exministro de Bachelet que pudiera entenderse como una persecución.

El tema en el Congreso también tendrá una arista. A la Comisión Investigadora que anunció el Partido Comunista, se sumará una querella del Partido Socialista que será propuesta hoy ante la bancada de diputados de ese partido. La idea es hacerse parte de la investigación que dirige el fiscal Carlos Gajardo. Y por el lado del PC, es la devuelta de mano a la UDI por la comisión que investiga las irregularidades en la Universidad Arcis.

En cuanto a la UDI, fuentes del caso afirman que el chofer de Moreira, en su brevísima declaración ante el fiscal Carlos Gajardo aseguró que las boletas a Penta -una de ellas por $10 millones-, corresponden a trabajos “anexos” desarrollados como electricista y que declinó responder preguntas, quedando en disposición de colaborar a futuro. Sobre la secretaria de Jorge Manzano, experto electoral gremialista, precisaron que se trata de un solo documento por un monto de $5 millones y que no ha declarado.

LA REUNIÓN
Ayer Moreira fue el protagonista en la sede de Suecia 286. Fuentes del partido afirman que antes de la cita oficial -donde participaron además de Silva y Manzano, el secretario general, Javier Macaya; el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza; y el senador Hernán Larraín, entre otros-, el senador admitió ante Silva que envió “varios” correos electrónicos a empresarios solicitando apoyo a su campaña y responsabilizó de ello a la directiva pasada que lo cambió de circunscripción por lo que tuvo que pedir recursos adicionales. Además aseveró que hay una persecución por su perfil presidencial.

Ya en el encuentro oficial explicó que es amigo personal de Hugo Bravo, que “ningún periodista” tiene en su poder una copia de los emails en que aparecería pidiendo más “bencina” para la campaña, que su rendición de cuentas fue aprobada y que si en algún minuto es consultado por una instancia judicial sobre su chofer sólo dirá que “es cierto que trabaja para mí”.

Fuentes presentes en el encuentro acotan que Silva hizo una severa crítica a Gajardo por las filtraciones del caso ante lo cual Larraín postuló que se realizara una queja, lo que no prosperó. Larraín también propuso que el partido encabezara una agenda pro transparencia mancomunadamente con el Gobierno, situación que quedó de ser analizada.

“Hay tranquilidad”, afirman en la tienda, aunque recalcan que podría ser un estado sólo temporal si el SII decide tomar una vía judicial.