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“Los bombazos en el Metro de Santiago han demostrado que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no tiene capacidad operativa. A la luz de los hechos, su trabajo no dista mucho de lo que un grupo de académicos de ciencias sociales podría hacer en un aula universitaria: se han dedicado a elaborar resúmenes de fuentes abiertas en vez de recopilar información relevante para adelantarse a las distintas acciones que amenazan la seguridad.

Esta inoperancia –en parte por las pocas herramientas con las que cuenta la Agencia- ha abierto un debate sobre el futuro de la ANI. Algunos parlamentarios han dicho que organismos como estos no tienen razón de existir si no están autorizados a realizar actividades de campo propias de los agentes, y no puedo estar más de acuerdo con esto.

La idea de modificar la forma en la que opera la ANI lamentablemente ha resucitado miedos del pasado.

En la década del 70, la DINA fue una seguidilla de muertos, torturas y detenidos desaparecidos. La CNI –en los 80- no lo hizo mejor y de inteligencia no tenía nada. Cuando volvió la democracia, la idea de tener un aparato de agentes provocó una alergia generalizada. Las más de 200 bombas que han estallado en los últimos años, el millonario robo en el aeropuerto, y el asalto a la Tía Rica, entre otras cosas, son argumentos más que suficientes para decir que estamos entrando en las ligas mayores de la delincuencia y que vamos directo a la consolidación de organizaciones paramilitares que nos pueden complicar en el futuro. Esta vez no podemos caer en eufemismos y hay que superar estos traumas de una vez por todas: la gran modificación que hay que hacerle a la ANI es dotarla de más capacidades operativas.

La primera medida que hay que tomar es permitirle a la Agencia contar con un cuerpo de agentes civiles que trabajen en los diferentes problemas que el gobierno detecte en su camino, como terrorismo, narcotráfico, falsificación de documentos, y hasta huelgas en sectores productivos estratégicos. Estos agentes deberían tener a su cargo una red de varios informantes en diversos ámbitos sociales, que vayan suministrando antecedentes en la medida que se requiera. La obtención de estos datos debería ser voluntaria, pero si alguien maneja información importante no debería descartarse que estos sean entregados a cambio de dinero.

Se debería crear, también, una escuela de inteligencia que forme agentes profesionales en el área, con conceptos tácticos y estratégicos. El Estado necesita un grupo de hombres dispuestos a sacrificarse las 24 horas por el país y que cuenten con una visión ética sobre las fronteras de lo correcto: un agente no puede transformarse en un delincuente para perseguir a los delincuentes. Para eso es importante otorgarle herramientas eficientes que faciliten la obtención de la información.

La ANI debería estar incluso autorizada para interceptar conversaciones telefónicas de civiles, sin que de por medio exista una autorización de un juzgado. No parece prudente que las interceptaciones pasen por las manos de un juez, un actuario, el amigo del actuario, o su señora, porque esto desprotege la operación. Los civiles, así lo muestra la historia reciente, son los que se salen del Estado de derecho.

Es el momento de confiar en las instituciones republicanas. Si eso ocurre, a nadie se le ocurriría pensar que el ministro del Interior va a pedir que se intervenga el teléfono de un amigo porque sospecha que su mujer se acuesta con otro fulano. Para dar más confianza, sería importante crear una comisión en el Congreso que trate exclusivamente el tema de la inteligencia, donde el director de la Agencia deba dar cuenta sobre las operaciones, con la restricción de que los parlamentarios no puedan filtrar nada de lo que allí se hable durante 25 años.

Así funciona la inteligencia en el mundo cuando el problema se toma en serio. Lamentablemente, esta actividad no es el mundo de los aplausos. Cuando lo hacemos bien, nadie nos da medallas, y si lo hacen te las entregan en un cuarto cerrado y sin testigos. Quienes nos dedicábamos a esto no lo hicimos por carrera política. Muy por el contrario, estábamos en el mundo de las sombras.

En todo este escenario aún en desarrollo, >lo mejor que le pudo pasar al país es tener un ministro del Interior como Rodrigo Peñailillo: es joven, no carga con compromisos del pasado, habla poco, y no tiene ninguna pretensión política, por lo que se dedica a cumplir con su tarea. Lo otro destacable es la actitud del Partido Comunista. Mientras todos debaten sobre si tener o no agentes civiles, el PC ha dado en el clavo de lo que se espera en una discusión como ésta: exigir que todas las modificaciones se hagan bajo estrictas garantías democráticas. Es decir, una legislación clara sobre lo que se puede y lo que no se debe hacer.

Con todas estas herramientas, la ANI sin duda sería una Agencia más eficiente en su misión. De lo contrario, no tiene sentido que exista. A estas alturas, está claro que la situación delictual se ha salido de control, aunque estamos en presencia de pequeños grupos terroristas, expresiones mínimas en comparación a las experiencias del pasado. El problema, sin embargo, sigue allí. Mientras el Estado no tenga un radar que le dé luz sobre aquellos espacios ciegos, el riesgo de una bomba de similares características a las que ya han estallado sigue siendo un peligro latente. La cosa aún está por verse, por el momento lo más inteligente es no hablar más de inteligencia por los medios”.