“Somos tontos hasta las doce”: Un fragmento del nuevo libro del exfiscal Carlos Gajardo donde aborda su rol en el caso Penta

El exfiscal Carlos Gajardo, conocido por liderar el emblemático caso Penta, vuelve al debate público con el lanzamiento de su nuevo libro: “Somos tontos hasta las doce”. En esta publicación, Gajardo reflexiona sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema de justicia chileno, especialmente tras casos recientes como el Caso Audios y las denuncias por tráfico de influencias que involucran al abogado Luis Hermosilla.

El libro, definido como una “carta abierta”, recoge su experiencia dentro del Ministerio Público —institución que dejó tras el desenlace del caso Penta— y aborda temas como el poder, el sistema penal, el rol de la justicia, la asimetría entre lo público y lo privado, y la creciente injerencia política en los procesos judiciales.

Gajardo, hoy abogado y analista en medios de comunicación, advierte además sobre las amenazas del crimen organizado y los tiempos inciertos que enfrenta el país. Con una mirada crítica y directa, su obra busca abrir un espacio de discusión sobre la impunidad y los desafíos que enfrenta la institucionalidad chilena.

Uno de los capítulos del libro es “Cuando los poderosos delinquen”, donde comienza definiendo a Penta: “no era cualquiera empresa, sino que se trataba de un gigante que se trataba de un
gigante del sector financiero chileno. Sus controladores eran Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, personas de alto perfil público, sobre todo este último en su rol de director de la Teletón y amigo personal de Sebastián Piñera”.

Aquí un capítulo del Libro de Carlos Gajardo:

“Cuando los poderosos delinquen”

Penta no era cualquier empresa, sino que se trataba de un gigante del sector financiero chileno. Sus controladores eran Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, personas de alto perfil público, sobre todo este último en su rol de director de la Teletón y amigo personal de Sebastián Piñera.

 Según las investigaciones periodísticas de autores como María Olivia Mönckeberg, Sergio Jara, Carlos Tromben e Ignacio Schiappacasse, los dos Carlos (Lavín y Délano) habían comenzado su trayectoria como ejecutivos del grupo Cruzat-Larraín, uno de los protagonistas de la gran crisis bancaria de 1982. A fines de los años ochenta comenzaron a tejer un entramado de sociedades que operaban en el mercado asegurador y en negocios como el corretaje bursátil y la administración de fondos de terceros, ya sea previsionales o de inversionistas privados. 

Con poco capital lograron controlar una AFP (Cuprum), una isapre (Banmédica) y un banco, el Banco de Chile cuando este todavía se encontraba bajo un régimen de administración especial debido a los coletazos de la crisis. La jugada maestra fue vender dicha posición a la familia Luksic el año 2000, por la cual recibieron una primera sanción administrativa. 

Según una investigación de Jorge Rojas y Juan Andrés Guzmán, Lavín y Délano habían utilizado una empresa zombi o de papel para esconder las utilidades y así pagar menos impuesto a la renta por el mayor valor de las acciones que poseían en el Banco de Chile. Se trataba de una práctica común a comienzos de los años noventa, que consistía en comprar un RUT activo y que acumulaba pérdidas contables desde la década anterior. 

En los noventa, la década de oro de la economía chilena, importantes empresas encontraron un mecanismo para no tributar. Se trató de una ofensiva inédita, masiva, que se prolongó hasta 2007 y de la que poco se supo entonces… Compraban empresas quebradas, en cuyos balances había grandes pérdidas, y las volvían a la vida con complejas operaciones legales y contables. Luego, dejaban que los zombis absorbieran sus empresas más prósperas. Voilà! Grandes montos de utilidades desaparecían de la vista del Servicio de Impuestos Internos. 

Sin embargo, el SII había detectado el truco y ya no lo dejaba pasar en el momento en que Délano y Lavín vendieron sus acciones a Luksic. 

Con la experiencia acumulada en la Fiscalía Oriente yo ya podía reconocer un cierto patrón psicológico en los poderosas que delinquen. Suelen ser personas que se sienten dueñas del mundo. Y tal vez lo sean. Creen que nunca van a ser descubiertos y por ello no toman grandes precauciones. Están convencidos de contar con una impunidad total, de ser inmunes a toda persecución penal. Todos los sujetos importantes que en su momento investigamos mostraron ese mismo patrón. 

Además, cuando eran descubiertos solían descargar la culpa en sus subordinados, con lo que estos se sentían traicionados y terminaban colaborando con el Ministerio Público.

 El caso había entrado en tierra derecha cuando Iván Álvarez, el funcionario del SII, reconoció haber cometido dos delitos tributarios por unos trescientos millones de pesos en devoluciones fraudulentas de impuestos a dos empresas personales de Hugo Bravo: las sociedades Challico y Santa Sarella. Era un fraude mucho más grande que cualquiera de los otros ciento veintidós imputados, ya que ninguno pasaba de cuarenta millones en términos individuales. Bravo estaba en otra escala y la declaración entregada por de Iván Álvarez lo dejó muy complicado.

Como si fuera poco, el exfuncionario confesó que Hugo Bravo le había pagado cuatro millones de pesos en efectivo para revisar la contabilidad de Empresas Penta. Él se instalaba en las oficinas del grupo después de su jornada de trabajo en el SII y allí conoció al gerente de contabilidad, Marcos Castro, otro de los personajes clave de la trama. Había, por tanto, un delito de cohecho bastante evidente. 

Nuestra relación con los abogados del SII era muy fluida en ese momento. Veníamos investigando el fraude al FUT y ahora estábamos a las puertas de abrir otra investigación. De hecho, la declaración de Iván Álvarez la tomé junto a un policía y a un funcionario del propio SII. De esa manera, pudimos corroborar en línea que lo que nos decía Iván Alvarez era cierto: que las empresas de Hugo Bravo habían realizado fraude tributario. 

A los pocos días, desde el SII presentaron las querellas correspondientes en contra de Hugo Bravo. Esto fue muy importante porque en el delito tributario, a diferencia de los demás, es condición ineludible que el Servicio presente una querella o al menos una denuncia para que el Ministerio Público pueda actuar. Sin ello la causa no puede seguir avanzando. 

El primer aviso que tuvo Penta de cómo venía la mano fue en marzo del 2014, cuando La Segunda publicó aquel famoso titular en que se informaba de la búsqueda de Jorge Valdivia. ¿Por qué? Porque Délano y Lavín conocían de vista al martillero, que frecuentaba las oficinas de su compañía y lo identificaban como un sujeto vinculado a Hugo Bravo. Me imagino la escena en que Lavín o Délano, o los dos al mismo tiempo, reciben el vespertino en sus oficinas y leen el titular. Impactados llaman a Hugo Bravo y le dicen: «Oye, Hugo, pero ¿qué es esto? Este gallo que tú traes para acá está con orden de detención, hay que cortar todo vínculo con él». 

Hasta ese momento, Penta le pagaba al martillero Jorge Valdivia por sus servicios, que consistían sobre todo en urdir esquemas tributarios. Pero después del titular de La Segunda se produjo un pequeño incendio en Penta que resolvieron cortando vínculos con Jorge Valdivia. Le dejaron de pagar sus honorarios y este que se encontraba con un cáncer terminal quedó en una posición muy precaria en términos económicos. Por este motivo, Valdivia, que se encontraba desahuciado, decidió denunciarlos a todos. 

Su abogado trajo el escrito de seis páginas y yo le insistí a la policía que lo buscara. Dos meses tardaron en encontrarlo. Un día de agosto, el entonces capitán de Carabineros Felipe Ríos, un extraordinario policía con el que habíamos realizado muchas investigaciones de delitos económicos, me llamó para decirme que al fin habían logrado ubicar a Jorge Valdivia.

 «Este hombre está en un estado terminal», me advirtió, «no soy capaz de llevármelo, está amarillo, ya tiene el semblante de la muerte».

 Le dije que no había necesidad de detenerlo, pero que le tomara su declaración. Fue así como Jorge Valdivia le relató al policía lo mismo que decía en su carta, pero con algunos detalles adicionales. Un elemento clave fue que nos dio acceso a sus correos electrónicos. En ellos quedaba en evidencia su relación con Iván Alvarez y con los gerentes de Penta. Hasta allí llegó su participación. A las dos semanas falleció. Las razones humanitarias que tantas veces se habían expuesto como pretexto, esta vez eran ciertas. 

Gracias a los correos electrónicos de Valdivia obtuvimos la prueba material que necesitábamos. Ahí estaban las conversaciones del martillero con Iván Álvarez, Hugo Bravo y Marcos Castro, el gerente de contabilidad del grupo Penta. 

Délano y Lavín ya comenzaban a ver que la acción de la Fiscalía se les iba acercando.

 La querella contra Bravo se presentó por parte del SII en agosto del 2014 y derivó en un pequeño escandalillo. La Segunda volvió a publicar un titular golpeador informando que los controladores de Penta habían decidido despedir a Bravo. Le hicieron una especie de funeral vikingo, pero Bravo reaccionó mal a su despido. Sintió lo mismo que Valdivia, que lo abandonaban a su suerte para salvarse ellos. 

La querella de Impuestos Internos nos permitía seguir adelante. El siguiente paso que dimos fue allanar la sede de Penta, pero buscando información solo de Hugo Bravo y Marcos Castro. Obtuvimos la orden judicial correspondiente y nos dejamos caer en las oficinas de la compañía ubicadas en avenida El Bosque. Fue todo un suceso, un allanamiento con muchos efectivos policiales. La llegada de un contingente importante de policías y fiscales corrió con celeridad y pronto el exterior del edificio de Penta se llenó de cámaras de casi todos los canales de televisión y periodistas de la mayoría de los medios de comunicación. Cosas así no solían suceder en ese sector de la capital conocido como «Sanhattan».

 Fui en persona, junto a mi equipo de fiscales, a participar de la diligencia. Con Pablo Norambuena llegamos al lugar e incautamos los computadores de Penta. La empresa emitió un comunicado en el que se preocuparon mucho de aclarar que el único involucrado en la diligencia era Hugo Bravo. Además, aprovechaban de declarar que ellos lamentaban profundamente lo sucedido. 

Todo esto fue aumentando la rabia de Bravo, quien tampoco gozaba de buena salud. Tenía diabetes y problemas cardiacos, pasaba por una crisis matrimonial y enfrentaba una querella del SII. Nosotros hicimos lo mismo que habíamos hecho antes con Valdivia. Lo citamos con su abogado Gonzalo Insunza y le explicamos lo complicada que estaba su situación procesal. Íbamos a pedir su prisión preventiva y era muy probable que el tribunal la concediera. A menos que nos contara todo lo que estaba pasando en Penta. Bravo dijo que lo pensaría.

 Lo llamé a la semana siguiente y todavía se lo estaba pensando. Dos, tres veces lo llamé. Entre tanto yo continuaba la revisión del computador que le habíamos incautado en el allanamiento y me encontré con un par de correos electrónicos bastante llamativos.

Uno de ellos lo había enviado el dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira. Era el famoso correo del «raspado de la olla». 

Estamos hablando de las elecciones parlamentarias de 2013, en las que Moreira aspiraba a llegar al senado después de más de veinte años como diputado de la UDI. Lo había intentado en una primera instancia con un escaño en la Región Metropolitana pero después su partido decidió enviarlo al sur. Le tocó en la Región de Los Lagos y contra un rival de peso, el socialista y exalcalde de Puerto Montt Rabindranath Quinteros y compitiendo en su propia lista contra Carlos Kuschel.

 Las campañas electorales todavía eran dispendiosas y Moreira tenía que gastar mucho dinero para asegurarse un escaño contra semejante rival. «Hugo, ¿será posible que me pueda dar el raspado de la olla?», dice el primer correo, mientras que en el segundo habla de «una colaboración para los cien metros finales». Hugo Bravo le dio su visto bueno. 

 Moreira envió dos boletas, una de su secretario y otra de su chofer. De vuelta, Hugo Bravo, realizó dos depósitos de cinco millones de pesos cada uno, todo ello reflejado en los correos que habíamos incautado con orden judicial. Quinteros, como era de esperar, arrasó, pero el «raspado de olla» de Penta le permitió a Moreira evitar el doblaje de la ex-Concertación y quedarse con el segundo escaño en juego.