La hora cero del fiscal Gajardo tras levantar el secreto del Pentagate

Aún cuando la reserva sobre la carpeta de investigación vence hoy, distintas fuentes del caso indican la entrega de antecedentes digitalizados demorará al menos dos semanas a las partes. En este sentido se asegura que el fiscal Gajardo presentará la solicitud de formalización de cargos una vez que todos tengas los datos. De esta manera, los abogados defensores estiman que la imputación podría realizarse en marzo.

PENTAGATE-CHOCLO-LAVIN Hasta las 23.59 horas del 30 de diciembre rige el secreto para la carpeta de investigación del caso Pentagate a cargo del jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente Carlos Gajardo. De allí que las partes deberían concurrir al Ministerio Público el 31 para obtener una copia de los antecedentes o bien leer la carpeta, porque existe la chance de que no esté digitalizada. Es más, también podrían exigirle a los abogados defensores que ingresen formalmente la solicitud para el acceso, cuestión que demoraría al menos una semana. Sólo allí comenzará la cuenta regresiva y se conocerán las decisiones procesales en contra de los implicados en esta indagatoria. Hasta ahora existen distintos niveles de imputados que podrían ser formalizados en una primera “camada” durante enero, fecha que es motivo de debate entre los patrocinantes. Se trata del ex director de Penta, Hugo Bravo, quien está denunciado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por fraude tributario de $ 260 millones, independientemente de que haya devuelto -sumando intereses, multas y reajustes- más de $ 1.100 millones a la Tesorería. Esto con el afán de constituir alguna atenuante a la hora de un juicio. Le siguen en una situación similar los controladores del holding, Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín , también denunciados por el SII bajo el mismo delito, ya que giraron boletas ideológicamente falsas a sus cónyuges por trabajos no realizados, generando un perjuicio fiscal de $ 400 millones. Al igual que Bravo, Délano y Lavín, ingresaron a las arcas fiscales más de $ 1.000 millones. Junto a “los Carlos”, el SII también incluyó a sus mujeres -como facilitadoras- al contador Marcos Castro y al representante legal de Penta III e Inmobiliaria Los Estancieros, Samuel Irarrázaval Larraín. Para todos, el delito que usaría la fiscalía sería el estimado por el SII. Otro escenario posible respecto del secreto de la investigación, es que Gajardo decida ampliarlo. En todo caso, esto debería ser autorizado por el Octavo Juzgado de Garantía, donde está incoado el caso. También el fiscal podría declarar bajo reserva ciertas piezas de la carpeta o abrir un nuevo “Rol Único de Causa” (RUC) sobre antecedentes nuevos que hubieran aparecido en la investigación. Volviendo a la formalización, fuentes del caso aseguran que Gajardo hará la solicitud al tribunal, una vez que todos tengan copia íntegra de los datos. De no hacerlo, lo más probable es que los defensores de Bravo, Lavín y Délano, interpongan un recurso de “cautela de garantías”, aduciendo que Gajardo les está conculcando el derecho a defensa. Si el tribunal acoge la tesis, la imagen del fiscal podría salir magullada. Diversas fuentes consultadas coinciden en que la petición para imputar los cargos podría ocurrir en enero y sin el carácter de “urgente". Esto, ya que no existiría peligro de fuga de los imputados. De esta manera se adheriría a la agenda del tribunal. Como es verano y tanto en la fiscalía como en los juzgados de garantía hay vacaciones, marzo también es una fecha probable. Propuestas a la espera Hasta ahora se sabe que sobre estos hechos, los abogados defensores de Délano, Lavín y Bravo, han presentado sus ideas de llegar a juicios abreviados para evitar el desgaste procesal y personal de sus clientes. En la fiscalía indican que “en el pedir no hay engaño” y que se les ha escuchado, pero que la decisión “se verá en su oportunidad”, es decir, una vez que los cargos sean imputados en una audiencia en el mencionado tribunal. En otras palabras, la ejecución de beneficios no será automática como ha dado a entender la defensa de “los Carlos”. La razón es simple, indican fuentes que conocen del caso: ni Lavín ni Délano han prestado declaración ante Gajardo. De allí que una eventual negociación con la fiscalía -y que ésta se allane- sucederá sólo después de la formalización, ya que en la primera citación ambos guardaron silencio, aduciendo que desconocían los antecedentes en su contra. De hecho, la fiscalía aún no tiene definido si solicitará la prisión preventiva en contra de Lavín, Délano y Bravo o que otro tipo de medida cautelar invocará. Gajardo podría, por ejemplo, pedir prisión preventiva, reclusión total o nocturna o bien firma mensual con arraigo nacional. En el aspecto de las sanciones legales, hasta ahora la única atenuante que tienen “los Carlos” es la irreprochable conducta anterior y -si es que la considera el fiscal- el pago a la Tesorería, como una forma de “reparar con celo el mal causado”. Hasta ahora, sin embargo, no existe la “colaboración sustancial” con la investigación. En una situación distinta estaría Bravo, quien ha revelado todos los pasajes del caso que ha requerido Gajardo. De allí que su situación procesal sería distinta a los controladores de Penta, ante una eventual condena o solicitud de medias cautelares. Conocido es la conducta como fiscal que ha desplegado Gajardo en los últimos años con diferentes casos. Por ejemplo, tanto en el caso CNA, en la indagatoria por el lavado de dinero en la compra de fragatas holandesas para la Armada, ordenó la detención de los implicados y los mantuvo en prisión por varios meses. Y en el proceso que dio inicio el Pentagate, conocido como el fraude al FUT, Gajardo también detuvo a los implicados. En el caso del cerebro delictivo, el ex fiscalizador Iván Álvarez, lleva más de un año en prisión preventiva. Actualmente está acusado de lavado de dinero, cohecho y delito tributario, a la espera de un juicio oral o bien uno de carácter abreviado, siempre y cuando la fiscalía se allane a esa fórmula. Suma y sigue Sin embargo, existe una tercera denuncia del SII, ligada a la arista política del caso que incluye nuevamente a Délano y Lavín, en tanto representantes legales de “Empresas Penta”, también por delito tributario. Sucede que dicho servicio descubrió que se rebajaba el Impuesto de Primera Categoría por asesorías no realizadas, facturas emitidas por Penta Corredores de Bolsa, una filial del Banco Penta. Le siguen Inversiones Penta III Ltda.; Inmobiliaria Duero e Inversiones Perkita Ltda. El monto del perjuicio fiscal, entre los años 2009 y 2010, alcanza a más de $ 2.000 millones, según informó el propio SII. Este hecho también es confirmado por Bravo en el audio que grabó a Lavín el pasado 7 de septiembre, publicados íntegramente por este diario. Y no es todo, porque el organismo denunció que se usaron como gasto a la contabilidad de las empresas mencionadas un total de 258 documentos. Allí es donde están los aportes a campañas políticas. Según ha trascendido los dineros llegaron a los UDI Ena Von Baer, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Laurence Golborne, Iván Moreira y el Fuerza Pública Andrés Velasco a través de documentos tributarios por trabajos inexistentes. Este hecho también se refrenda en el audio de Bravo, donde asegura que Golborne habría recibido 400 millones a través de una sociedad extranjera y aportes al presidente de la UDI Ernesto Silva, quien además es yerno del “choclo” Délano. Ambos políticos han negado las acusaciones. En todo caso, la línea que adoptará el SII ya fue delimitada por su director, Michel Jorratt, en la Comisión investigadora de la Cámara. En la oportunidad indicó que perseguían a quienes emitieron las boletas por trabajos no realizados, mas no contra los políticos. Puerta del horno Otro de los imputados importantes del caso es Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería durante la administración Piñera, a quien Gajardo le descubrió pagos bimensuales de 3 millones por parte del “choclo” Délano, triangulados a través de un pariente cercano. Todo quedó al descubierto gracias a uno de los correos electrónicos incautados en Penta. La plata que recibía Wagner se dio en el contexto en que ocupaba un cargo público. Y en momentos en que Délano había entrado al negocio minero con Doña Dominga. De acuerdo a una publicación de este diario, Wagner recibió un correo de Pedro Ducci, quien es yerno del “choclo” Délano. En dicha comunicación le solicitó una audiencia para darle a conocer el proyecto minero. La reunión efectivamente se realizó y concurrieron Ducci e Iván Garrido, gerente general de la iniciativa empresarial. Respecto de Wagner, la fiscalía no tendría una decisión tomada para imputarle el delito de cohecho, avalado por una querella presentada en noviembre por el CDE. Wagner, aun cuando fue citado por Gajardo, se reservó su derecho a guardar silencio, ya que no conocía cuáles eran los antecedentes que el Ministerio Pública manejaba. Más allá del libelo del CDE dirigido específicamente contra Wagner, Délano podría enfrentar una nueva imputación con la tentativa de soborno, o derechamente este último ilícito en calidad de consumado. Esto siempre y cuando Gajardo logre comprobar que el dinero que recibió el ex subsecretario realizó alguna gestión en favor de Doña Dominga u omitió su labor de funcionario público de evitar alguna prebenda a favor del proyecto minero. Si efectivamente esto ocurrió, el CDE podría ampliar la querella contra el “choclo”. Otro hecho pendiente y del que dependería la formalización, es la querella por cada uno de los episodios por parte del SII que hasta ahora sólo ha ingresado denuncias. Esto con el fin de permitirle a Gajardo indagara los delitos tributarios. La acción legal, dicen en el SII, está “en la puerta del horno” y sería cuestión días su ingreso al tribunal.
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