Suma y sigue: Dueños de Penta ahora enfrentan querella por “asociación ilícita criminal”

Una nueva querella enfrentan los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, quienes ya serán formalizados este 4 de marzo por delito tributario y soborno.

Se trata de una acusación presentada este viernes 23 de enero por Jorge Charbin Lautaris, -socio minoritario de la vidriera de Penta, PH Glass-, que plantea que el grupo funcionaba como una “organización cuyo plan criminal es el enriquecimiento desmedido mediante la comisión de distintos delitos”, consigna El Dínamo.

La acción que también está dirigida contra el ex director del holding, Hugo Bravo, y uno de los socios del grupo, Horacio Peña, plantea que a principios de los 2000 Charbin tenía una empresa familiar, y para internacionalizarla decidió formar una nueva sociedad con Penta. El grupo le compró el 70% de los activos de la vidriera.

Según señala la querella, de los cinco puestos del directorio de PH Glass, los socios de Penta representaban cuatro y Charbin, uno. Entonces tomaron el control de la compañía, dejaron de informar a Charbin de sus actividades financieras, y a fines de 2006 comenzaron a hablar de “problemas financieros” por deudas, para luego realizar un “aumentos de capital” que los llevó a tener el 99% de los activos.

Entonces, se acusa que “dentro de los gastos que habían aumentado, existían partidas que no tenían ningún sentido“, pagándose con el auemtno de capital, por ejemplo, “un arriendo de oficinas para el gerente general y para la secretaria de cobranza, en el edificio corporativo de Penta”, por 120 millones de pesos anuales. Además, se habría pagado por millonarias “asesorías” que nunca existieron a terceros relacionados.

En resumidas cuentas, Charbin asegura que “perjudicando al Fisco y generando una cuenta por cobrar“, los recursos de los aumentos de capital se destinaron “casi en su integridad” a pagar deudas con otras empresas propiedad del mismo del holding, por servicios que aseguran no existieron.

Con los antecedentes del Caso Penta, el querellante y sus abogados llegaron a la conclusión de que con él usaron el “mismo modus operandi para la comisión de delitos a través de la contabilización maliciosa de gastos por servicios inexistentes”, acusando a los dueños de Penta de “asociación ilícita criminal formada para la comisión de delitos como estafas, apropiaciones indebidas y delitos tributarios varios”.