El gobierno promete “transparencia” mientras diputados oficialista piden declaración de intereses de Dávalos

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se refirió brevemente a la polémica compra de 44 hectáreas que la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, compró en Machalí gracias a un crédito por $6.500 millones del Banco Chile, terrenos que se valorizarían con el cambio al plan regulador que se discute en la región.

Consultado por lo anterior, el jefe de gabinete indicó: “No he leído la noticia. Bueno, no sé; no le podría responder de lo que está hablando, pero no le quepa ninguna duda de que en esas materias siempre va a haber total transparencia y, como corresponde, las cosas apegadas estrictamente a la legalidad”.

La noticia generó de inmediato una ofensiva de la derecha, en la que el diputado UDI por la zona, Issa Kort, dijo que enviará “una serie de oficios para fiscalizar estos multimillonarios ‘créditos express’ a empresas con nulo historial financiero, que se basan en los contactos y en algo de información, porque a todas luces es inaceptable”.

En la misma linea, el diputado RN José Manuel Edwards aseguró que “este caso solo es tres veces más grande que el caso Penta”, añadiendo que “no sabemos qué otros negocios él (Sebastián Dávalos Bachelet, esposo de Compagnon) pueda tener en los cuales una decisión de su mamá, o de su suegra en el caso de la esposa, influyan en los negocios de ellos”. por su parte, el UDI Felipe Ward anunció que solicitarán una comisión investigadora.

Si bien aun no existen reacciones oficiales en la Nueva Mayoría, algunos parlamentarios ya han manifestado la necesidad de que Dávalos, director sociocultural de la Presidencia, se acoja voluntariamente al proceso de declaración de intereses y patrimonio, obligatorio para ministros, subsecretarios y jefes de servicio.

El diputado DC Patricio Vallespín, manifestó a El Mercurio que “como tiene relación con una autoridad política relevante, debiera hacer la declaración de intereses, en aras de la transparencia de que no hay nada que esconder”.

En la misma linea, el PS Juan Luis Castro, miembro de la comisión de Ética, ve como “deseable” la realización de la declaración. Además, cuestionó el porqué la seremi de Vivienda habría pedido un nuevo cambio al plano regulador, pese a que ya fue rechazada una modificación en 2014: “Es necesario aclarar por qué el actual seremi de Vivienda (Wilfredo Valdés) ha insistido en ese punto. La palabra la tiene la Contraloría”. A lo anterior, el diputado DC Jorge Sabag indicó sumó que “como son familiares de la primera autoridad, que se esclarezca toda la operación”.