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La defensa de los controladores del grupo Punta, encabeza por el abogado Julián López, se mostró confiada en que se revierta la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ellos y además insistió en que los Carlos no podían estar al tanto de todo lo que pasaba al interior del holding.

“Lo único que puedo hacer es impugnar una resolución. Nuestros fundamentos son que la forma en que se calcula la pena en este caso y el tipo de las consideraciones son situaciones que a nuestro juicio constituyen errores que tienen que ser revocadas por la Corte de Apelaciones”, dijo López en entrevista con ADN Radio.

Tal como lo planteó tanto al interior del tribunal como a la salida del Centro de Justicia, López reiteró que “este caso ha estado teñido de demasiadas connotaciones simbólicas que no le corresponden. La independencia judicial consiste en que el juez está sujeto a la ley y no tiene ninguna consideración más que la ley. Cualquier intento de contaminar la decisión del juez con connotaciones simbólicas acerca de lo que le puede significar para la sociedad o los mensajes que se entregan a la sociedad son consideraciones extra legales que deben estar fuera de las decisiones judiciales”.

Uso excesivo de la prisión preventiva

Julián López aseguró que en este caso se hizo un uso excesivo de la prisión preventiva, toda vez que seis de los 10 imputados se fueron a la cárcel.

“No creo que haya que hacer ninguna modificación legal para entender el carácter excepcional de la prisión preventiva, la prisión preventiva está regulada en la ley con un carácter excepcionalísimo, permite solamente que sea decretada durante la investigación cuando ocurre alguno de estos supuestos legales (…) Y lo que ocurre acá es que estamos en presencia de un uso excesivo de la prisión preventiva. En los términos que hoy día está la prisión preventiva establecida en el código, el juez debe aplicar cualquier medida cautelar en forma preferente a la prisión preventiva. Si hay una medida cautelar alternativa que logre el efecto que usted quiere lograr, usted debe preferirlo”.

En ese sentido, apuntó a un problema de aplicación de ley, más que de ley.

No tenían idea

El último día de la audiencia, cuando comenzaron las réplicas de las partes, el fiscal Carlos Gajardo usó una serie de metáforas para desarmar la tesis de la defensa, asegurando que ellos (la Fiscalía) “eran tontos hasta la doce nomás”, dejando claro que para el Ministerio Público era inverosímil que los dueños del holding no estuvieran al tanto de la trama detrás del no pago y la evasión de impuestos.

En directa relación a esas palabras, López dijo que “lo que ocurre es que hay un problema de participación y se está pretendiendo imputar a los controladores de un grupo responsabilidad por el contenido de las declaraciones de impuestos que prestan cada una de las sociedades que forman la malla, y me parece que es una sanción demasiado grande para soportar la base de una responsabilidad penal. Usted comprenderá que el dueño de una empresa, una malla societaria que tiene decenas de empresas, no puede ser responsable de las declaraciones de impuestos que se prestan en cada una de ellas”.

“A mí lo que me cuesta maginar es que alguien crea que los controladores del grupo toman conocimiento y se encargan de verificar que cada una de las declaraciones de impuestos que hagan las diferentes empresas sea la correcta. Yo entiendo los prejuicios que están asociados a este caso, pero cuando hablamos de lo que corresponde en derecho, uno debiera tratar de evitar frases como ‘no podían menos que saber'”, aseguró.