AC comunicado oficial

La Coordinación Nacional Iniciativa por una Asamblea Constituyente “Marca AC”, emitió una declaración pública en la que destacan la creación de una “comisión contra la corrupción”, pero consideran tal medida como “insuficiente”, frente a la situación actual de la clase política tras los casos Penta y Caval.

En la misiva, sostienen que “dado que la crisis actual es profunda pues justamente ella es constitucional, es que creemos que el enfoque debe ser integral. Saludamos la preocupación que el Ejecutivo ha mostrado por el tema al establecer la Comisión contra la Corrupción -donde no son pocos los miembros que marcaron el voto por una Asamblea Constituyente- pero creemos que ella es una medida insuficiente”.

En la misma línea, señalan además que deben efectuarse cambios profundos. “Es claro que una comisión que pretenda tomarse en serio el problema actual del ejercicio político debe concluir necesariamente que aquí hace falta generar un nuevo pacto político y una nueva arquitectura institucional fundada sobre la participación ciudadana vinculante y una visión de desarrollo inclusivo”, afirman.

Agregan que “restringir la solución de la crisis a una comisión -por muy notables que sean sus miembros- no permite dar curso institucional ni desplegar lo mejor de la política en su capacidad de interpretar a las grandes mayorías. Respecto a este punto cualquier iniciativa que no incluya a la ciudadanía a través de un proceso de participación vinculante, por positivo o bien intencionado que sea, será percibido como insuficiente y copular, ahondando la desconfianza”.

Finalmente, concluyen que se debe generar un “verdadero proceso constituyente” y que el Ejecutivo junto con el Congreso lleven a cabo una “consulta ciudadana para que la ciudadanía tome la decisión sobre el mecanismo propicio para redactar una nueva Constitución”.

Revisa a continuación la declaración pública completa

Nuestro país se ha visto impactado en los últimos meses por una serie de hechos que han transparentado la relación insana que existe entre dinero y política. Situación que se ve reflejada en diversos casos que revelan como nuestra institucionalidad democrática y algunos de sus personeros, están cooptados por grupos económicos que operan al margen de la ley financiando campañas y comprando voluntades de representantes populares y funcionarios de gobiernos.

Esta situación ha pegado tan profundamente que incluso al tráfico de influencias que se ha develado en toda su dimensión, no escapa ni siquiera al Ejecutivo y la Presidenta de la República, que ha tenido a uno de sus hijos involucrado en estos lamentables hechos.

Para nosotros en Marca AC esta no es una situación particular o que responde a una causa puntual. Estos hechos sólo revelan que nuestra institucionalidad tiene un marco constitucional que posibilita una profunda deformación del ejercicio político, al haber restringido la participación ciudadana y transformado la política en una actividad sólo para “profesionales” de la política. Una democracia sólida es aquella que cuenta con un cuerpo de políticos consistentes y preparados, así como con una ciudadania activa y vigilante, con mecanismos reales de participación en las decisiones; como también fiscalización, monitoreo y evaluación de sus autoridades. Dejar fuera a la ciudadanía debilita la democracia y siempre abre las puertas a la corrupción.

Dado que la crisis actual es profunda pues justamente ella es constitucional, es que creemos que el enfoque debe ser integral. Saludamos la preocupación que el Ejecutivo ha mostrado por el tema al establecer la Comisión contra la Corrupción -donde no son pocos los miembros que marcaron el voto por una Asamblea Constituyente- pero creemos que ella es una medida insuficiente.

Es claro que una comisión que pretenda tomarse en serio el problema actual del ejercicio político debe concluir necesariamente que aquí hace falta generar un nuevo pacto político y una nueva arquitectura institucional fundada sobre la participación ciudadana vinculante y una visión de desarrollo inclusivo.

Restringir la solución de la crisis a una comisión -por muy notables que sean sus miembros- no permite dar curso institucional ni desplegar lo mejor de la política en su capacidad de interpretar a las grandes mayorias. Respecto a este punto cualquier iniciativa que no incluya a la ciudadanía a través de un proceso de participación vinculante, por positivo o bien intencionado que sea, será percibido como insuficiente y cupular, ahondando la desconfianza.

Nuestra democracia requiere que la soberanía sea devuelta a lxs ciudadanxs y rescatada de las manos de los grupos económicos y de sectores políticos que insisten en empujar la crisis, debilitando la calidad de la política y con ello la calidad de la democracia y las instituciones de la República. Se requiere de una nueva política expresada en una nueva Constitución.

El camino es abrir desde el Estado un proceso de conversación con toda la ciudadanía para dar cuenta de estas insuficiencias y fortalecer su organización, y así generar un verdadero proceso constituyente.

El camino es que el Ejecutivo, junto con el Congreso, en el marco de las atribuciones que poseen, posibiliten una consulta ciudadana para que la ciudadanía tome la decisión sobre el mecanismo propicio para redactar una nueva Constitución.

El camino es la Asamblea Constituyente y es a las chilenas y chilenos a quienes les corresponde decidir.