sqm

El próximo miércoles 25 de marzo la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se unirán en el estrado del Tribunal Constitucional (TC), contra el abogado Samuel Donoso, quien patrocina al ex gerente de Soquimich.

El Ministerio Público y el CDE intentarán que el TC no declare admisible el recurso de inaplicabilidad presentado por Donoso, que mantiene paralizadas las acciones intrusivas a la fiscalía para ejecutar allanamientos e incautaciones en la arista SQM. Y eso, porque en el requerimiento apuntó a que ese tipo de pesquisas e incluso interrogatorios por delitos tributarios era imposible llevarlos a cabo sin una denuncia o querella del SII.

En esta oportunidad el escenario en el TC será particular. El CDE es querellante en el caso y los organismos que ejecutan la acción penal son, por un lado la fiscalía y como entidad encargada de defender la caja fuerte del Estado, el SII.

Y contrariamente a lo que se podría pensar, los argumentos del CDE y el Ministerio Público no irán dirigidos en contra del fisco, sino en contra de los argumentos que esgrimirá Donoso, quien  sí busca defender las facultades del SII e impedir que su cliente sea indagado por delitos tributarios.

El argumento de Donoso, en todo caso, podría perder fuerza cuando llegue al TC, ya que hoy el SII entregará la información contable de Soquimich (2009 a 2014) solicitada por la fiscalía, basándose en otros delitos de la indagatoria como el cohecho y apropiación indebida.

Otro elemento que podría debilitar la tesis de Donoso, es que el propio SII aseguró ayer a través de su director Michel Jorrat que en las próximas semanas presentará una querella precisamente en la arista Soquimich.

Sin embargo, Donoso no se quedó atrás y atendida la solicitud de datos, ingresó ayer un escrito donde le pidió al TC que paralizara la gestión de la fiscalía con el SII, ya que -a su juicio- vulneraba la paralización de las diligencias en la arista SQM. El TC ofició de inmediato a Sabas Chahuán y le otorgó 48 horas para responder.

En todo caso, la tensión en los alegatos podría dejarse sentir, porque en paralelo a este recurso, ayer la fiscalía solicitó la inhabilidad del ministro, el ex UDI Cristián Letelier. Y esto, porque en el caso Penta fue abogado de Paula Rojo, quien trabajaba con el RN Alberto Cardemil para la última campaña. La mujer emitió boletas ideológicamente falsas a Penta por trabajos no realizados, dinero que fue a parar al comando del Cardemil. (Ver nota relacionada)

Ahora bien, tanto el Ministerio Público como el CDE apuntarán a que es posible indagar los delitos tributarios también a través del cohecho, el soborno, la apropiación indebida, precisamente los delitos por los que solicitó información al SII. Y que una cosa muy distinta significa que el SII presente posteriormente la denuncia o querella en el caso que corresponda.

En cualquier caso, este miércoles podrían existir dos escenarios. Si el TC declara inadmisible el recurso, la fiscalía podrá realizar todos los allanamientos que estime convenientes, previa autorización del Octavo Tribunal de Garantía. De lo contrario, si se otorga la admisibilidad, la prohibición seguiría activa hasta que se analice el fondo del recurso. ¿Cuánto demorará eso? Ni en el TC lo tienen claro.