Formalización Caso Penta

La petición de allanamiento para incautar la contabilidad de Soquimich que hizo el lunes el Ministerio Público al Octavo Juzgado de Garantía, quedó en vilo. Esto luego que el Tribunal Constitucional (TC) paralizara cualquier actividad intrusiva en la arista Soquimich, a cargo del fiscal nacional Sabas Chahuán, mientras no se resuelva si el organismo perseguidor puede indagar y requerir información sin la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Sólo unas horas antes que el TC diera a conocer su decisión, el escrito de Chahuán había ingresado al juzgado de garantía. Solicitaba una serie de diligencias para profundizar la arista SQM, basándose en los delitos de cohecho, tributarios y apropiación indebida.

Por lo mismo, ayer el fiscal nacional fue claro al señalar que no estaba de acuerdo con el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso en representación del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, ante el TC. En todo caso, indicó que los argumentos los vertirán en la audiencia del próximo 25 de marzo.

“Como fiscalía estamos convencidos de que no nos hemos excedido de nuestras facultades, porque la investigación que dirigimos no es solamente por delitos tributarios sino que también por otros delitos del Código Penal como otras defraudaciones o apropiaciones indebidas”, apuntó.

En esa línea llamó a la ciudadanía a confiar en la institución, porque “va seguir ejerciendo su labor constitucional, lo que la constitución nos obliga -y a lo que nos hemos dedicado- que es dirigir las investigaciones de los delitos que entran en conocimiento adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y testigos y ejercer la acción penal en su momento”.

La decisión del TC generó rechazo de parlamentarios como Gabriel Boric y representantes de Amplitud y evidenció nuevamente lo complicado de caso SQM que tiene en pugna al Servicio de Impuestos Internos, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía.

En cualquier caso, este último organismo tiene varias cartas bajo la manga. En el escrito ante el Tribunal, por ejemplo, reveló que existe información que implica a un desconocido matrimonio conformado por Marisol Toro González y Osvaldo Opazo Lira.

Básicamente, el Ministerio Público asegura que Toro emitió 28 boletas a SQM entre 2007 a septiembre de 2009 -sin especificar el monto- y otras nueve entre marzo y noviembre de 2012. Opazo, en tanto, entregó 9 boletas entre enero y agosto de 2009, en plena campaña presidencial. Según la presentación no habrían “prestado servicio alguno en favor de Soquimich”.

El comportamiento de estas boletas es similar, señala la presentación a las del ex subsecretario Pablo Wagner, quien usó a un familiar para que emitiera documentos por trabajos no realizados y el dinero fuera enviado a las arcas de campaña de la UDI.

Casi invisibles

En la pista del matrimonio Opazo-Toro, destaca que ninguno de los dos es una figura muy conocida.

Sin embargo Opazo, contador de profesión, aparece vinculado a la sociedad Silvestre Corporation constituida en las Islas Vírgenes Británicas de propiedad de Roberto Guzmán Lyon.

Este último es el creador del sistema de “cascadas” usado por SQM para mantener el control del holding minero no metálico incluso por sobre los minoritarios. Guzmán Lyon fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros en 2013, junto a Julio Ponce Lerou y otros controladores por más de US$ 164 millones por infringir la ley del ramo.

Pocas lucas

De acuerdo al documento que consta en el Diario Oficial, fechado el 27 de septiembre de 1999, Guzmán Lyon creó Silvestre junto a Opazo. El capital era de $ 500 millones y diez luquitas que aportó Opazo “en dinero en efectivo”. Luego en febrero de 2005, Opazo abandonó la sociedad cuyo capital social había crecido exponencialmente a casi $ 3.000 millones.

En la fiscalía observan a Guzmán Lyon. Se sospecha que el vínculo entre ambos implicaría que las boletas que se le imputan a Opazo podrían estar relacionadas con este empresario amigo de Pinochet, amante de los libros y dedicado hoy por hoy a su megacasa de Cachagua. Eso sin contar su estrecha relación con Ponce Lerou desde al menos 1987.

Fuentes allegadas al caso indican que hasta ahora existen algunos indicios respecto al uso de Opazo y su esposa como un vehículo para hacer llegar presuntas platas políticas, aunque esta indagatoria aún está en ciernes.

El mostruo

La nueva pista de la fiscalía, sin embargo, pareciera chocar con el contexto de poder.

Nadie tiene que decirlo, porque entre los abogados penalistas que recorren el Centro de Justicia, sumando fiscales y defensores -esos que construyen la reforma a diario- la decisión del TC es tema obligado e incompresible. Un lunes llega el recurso. Los tramitan la misma tarde, lo rolan y se asigna la Segunda Sala que integra el presidente Carlos Carmona -cercano a la DC que trabajó en La Moneda- cuyo colega es un ex subsecretario del mismo partido, dos RN y un UDI. Todas sus tiendas están afectadas. Los comentarios sobran.

Si lo anterior se suma la información entregada ayer por el SII, el cuadro se torna insomne, porque el organismo reconoció que la anunciada entrega de la información contable de SQM fue incompleta. En otras palabras, SQM entregó lo que estimó conveniente. ¿Qué es lo conveniente? La respuesta del tata fisco habla por si sola y debilita la campaña de autodenuncia proclamada la semana anterior.

Así las cosas, los escenarios son múltiples. El SII esperaba que SQM hiciera lo pedido, mas no fue así. Es una posibilidad. SQM entregó lo que estimó suficiente. Es otra chance. La fiscalía apunta a una pérdida de facultades y el tata fisco busca establecer que la piedra filosofal del derecho tributario es parte del estándar que justifica su existencia como institución.

En esa línea, a pocos días de los alegatos en el TC, surgen escenarios nuevos. El SII podría hacerse parte y esgrimir en estrado sus argumentos e insistir la constitucionalidad de sus decisiones y aminorar la investigación del Ministerio Público. Incluso otros afectados por la indagatoria de la fiscalía en la arista SQM podrían intentar que el TC los escuche.

Lo cierto es que desde el fraude al FUT, que dio inicio a la causa conocida como el caso Penta y de allí a Soquimich -por el descubrimiento de boletas falsas de Pablo Wagner- la investigación de la fiscalía es un monstruo de múltiples tentáculos que a veces se vuelve difícil de identificar.

Sin embargo, para las fuentes que están allegadas e involucradas en el caso, hay un hecho imposible de soslayar. Hoy la arista SQM es una pelea de poder. Y no es jurídica, sino política. Franck Underwood, el personaje de House of Cards tiene una axioma: “Cazar o ser cazado”. No en vano, en español la traducción del título de la serie significa “castillo de naipes”.