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Poder

6 de Octubre de 2015

Diputados DC presentan proyecto para terminar con beneficios procesales de autoridades de la Iglesia

En medio de los últimos antecedentes que han salido a la luz sobre los presuntos encubrimientos que habría cometido la Iglesia en el caso Karadima, y justo cuando se inició la toma de declaraciones por la demanda civil que interpusieron las víctimas del ex párroco de El Bosque, contra el Arzobispado de Santiago, diputados de la DC ingresaron un proyecto que busca terminar con los beneficios procesales de las autoridades eclesiásticas.

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En medio de los últimos antecedentes que han salido a la luz sobre los presuntos encubrimientos que habría cometido la Iglesia en el caso Karadima, y justo cuando se inició la toma de declaraciones por la demanda civil que interpusieron las víctimas del ex párroco de El Bosque, contra el Arzobispado de Santiago, diputados de la DC ingresaron un proyecto que busca terminar con los beneficios procesales de las autoridades eclesiásticas.

René Saffirio y Ricardo Rincón presentaron el proyecto en la Cámara de Diputados, puesto que no les parece razonable que aún existan privilegios procesales de esta naturaleza.

“Determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, quedan exentas de comparecer ante el tribunal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. En este caso se encuentran, entre otros, el presidente de la República, los Ministros de Estado y otras autoridades; pero, también, las autoridades eclesiásticas como el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos. A mayor abundamiento, también los religiosos, incluso los novicios pueden hacer uso de este derecho”, señaló Saffirio a La Tercera.

En esa línea, agregó que “no nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública”.

Por su parte el diputado Rincón afirmó que estos beneficios son anacrónicos y corresponden a los tiempos en que no había distinción entre la Iglesia y el Estado. “Se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico”, sostuvo.

Saffirio, aprovechó de destacar que el Arzobispo emérito Francisco Javier Errázuriz, fue interrogado en su propio domicilio.

“Con ocasión del caso denominado Karadima, vimos como el tribunal tuvo que desplazarse hasta el domicilio de un arzobispo para tomarle declaración; lo más chocante de aquello fue que las propias víctimas de Karadima tuvieron que ir al domicilio del arzobispo a presenciar en silencio la declaración que tenía que prestar ante la justicia, esto daña la ritualidad procesal pero daña también la prestancia y la solvencia ética y moral de la justicia frente a personeros que han a lo menos han actuado en calidad de encubridores de delitos graves como los que se investigan en el caso Karadima”, dijo.

“Estos mismos privilegios tienen que terminar respecto de nosotros los parlamentarios y por ello hemos presentado, también, un proyecto de reforma constitucional que elimina el fuero parlamentario y en este mismo proyecto vamos a presentar una indicación que hace extensivo el término de estos privilegios a las autoridades públicas a las autoridades del Estado de tal manera que todos seamos ante la justicia ciudadanos que con la misma categoría o condición tengamos la obligación de presentarnos cuando la justicia así lo requiera”, enfatizó.

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#DC#Iglesia#justicia#Poder

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