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Una salida institucional para enfrentar el proceso constituyente anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo pasado, es la que elabora el comité político de La Moneda. La fórmula propone una reforma a la Constitución, para definir el mecanismo que permita avanzar hacia una nueva Carta Fundamental. Una suerte de nuevo capítulo, que incluiría la asamblea constituyente y un plebiscito ratificatorio.

Así lo reveló este domingo un reportaje de La Tercera, en el que se señala que además de las ya anunciadas campañas de educación cívica y de la conformación de cabildos para la participación ciudadana en el proceso, el Gobierno ha trabajado intensamente en una propuesta en la que finalmente será el Congreso el que defina el mecanismo con el que se llevará adelante el camino a una nueva Carta Fundamental.

Como es sabido, el asunto no sólo ha generado discrepancias y casi nulos niveles de consenso entre La Moneda y la oposición, quienes derechamente han negado que una nueva Constitución sea una prioridad para Chile, sino también en el propio oficialismo. Esta cuestión quedó de manifiesto en una de las actas que recogió la discusión sobre el tema cuando recién se elaboraba el programa del Gobierno oficialista: “El equipo debatió la cuestión relativa al procedimiento o camino para obtener una nueva Constitución y no hubo acuerdo, a pesar de haber coincidencia entre las propuestas. Por lo tanto, se estimó preferible conservar la especificidad de cada una de las propuestas y sus autorías…”

Han sido los ministros de Interior, Jorge Burgos, de Segpres, Nicolás Eyzaguirre y el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quienes han liderado la elaboración de la nueva fórmula que busca dejar atrás la resistencia de algunos sectores de la Nueva Mayoría ante los diversos mecanismos posibles para enfrentar el proceso.

La clave del entendimiento, según fuentes citadas por dicho medio, radica en el triunfo de la denominada “vía institucional” para una Nueva Constitución. En definitiva, la fórmula del Gobierno plantea que todo cambio propuesto deberá promoverse a partir de las reglas impuestas por la Carta actual, asegurando así su discusión en el Congreso.

La propuesta es contraria en ese sentido a grupos del ala más a la izquierda del oficialismo, quienes han propuesto la Asamblea Constituyente, como el único mecanismo que legitimaría una nueva Carta Fundamental ante la ciudadanía, sobretodo en medio de la crisis que ha azotado a la clase política por los casos Penta y SQM. Grupos que además están en completa oposición a una reforma a la Constitución.

La fórmula, que deberá ser aprobada por la Presidenta y sería anunciada esta semana, fue revelada por el ministro del Interior, Jorge Burgos, en una reunión con grupo de académicos del Centro de Estudios Públicos (CEP), en el que habría explicado que ésta pasaba por el envío de un proyecto de reforma constitucional que incluye una suerte de nuevo capítulo en la actual Carta Fundamental, que podría ser integrado al texto original como una disposición permanente o bien quedar anexado en un apartado como una disposición transitoria. Con todo una de las fuentes que participó de la cita, aseguró a dicho medio que la propuesta de La Moneda además incluiría una regulación de los plazos y requisitos para reemplazar el texto actual y detallaría al menos tres mecanismos alternativos para la elaboración de una nueva Carta, entre los que se incluiría la asamblea constituyente.

Los ministros que lideran el proceso se han reunido en varias oportunidades con abogados constitucionalistas de la talla de Patricio Zapata y Jorge Correa Sutil, con el fin de asesorarse en la elaboración de la propuesta. Según el artículo, los secretarios de Estado incluyeron ya en su propuesta una definición del mecanismo de asamblea constituyente, que contemplaría un número de delegados menor a los 400, propuesto por el PPD.

En lo que no hay dudas, ni desacuerdos en La Moneda, es en el quórum por el que debiera regirse el proyecto una vez ingresado en el Congreso Nacional. El propio Burgos ha promovido la idea de que en la misma propuesta del Gobierno quede establecido que para aprobarse, se requerirán 2/3 del Congreso, es decir 80 diputados y 25 senadores.

Así el Congreso con su nueva conformación será el que defina entre las alternativas propuestas por el Ejecutivo, un mecanismo para elaborar una Nueva Carta Fundamental.

En el proyecto de Ley de Presupuesto 2016, ya se han destinado varios millones para estudios asociados al proceso constituyente, siendo en total $2.836 millones. Desde la oposición ya han advertido que no aprobarán la asignación de dichos recursos, puesto que tal como dijo el diputado de RN, Cristián Monckeberg, “es un ejemplo de cómo se equivocan las prioridades”.