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El titular de la Fiscalía Nacional de Economía (FNE), Felipe Irarrázabal, señaló que el arreglín acusado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por parte de SCA Chile (ex Pisa) y CMPC representa un cartel colusorio 3.0, donde fue más sutil, detallista y sofisticado.

En entrevista con el diario La Tercera, Irarrázabal sostuvo que antes de abrir las indagatorias “nosotros estábamos en antecedentes de que en mercados parecidos con actores parecidos había ocurrido una conducta atentatoria contra la libre competencia y gracias a las relaciones que tenemos con agencias de otros países, pensamos que podría también ocurrir, o haber ocurrido, en nuestro país.”

Añadió que “vimos todo el mercado del papel y, en concreto, nos concentramos en el mercado del tissue”. Por su parte precisó que al organismo le llamó profundamente la atención” una serie de cuestiones, pero eso se va a ir viendo cuando se vaya mostrando la evidencia que va a ser parte del proceso probatorio. Como fiscalía estamos muy tranquilos en que el relato de cómo aparecen los hechos en el requerimiento, muestra que tenemos muy buena evidencia para probar que las cosas ocurrieron tal cual ahí se describen”.

“Aquí operó una delación compensada primero; y después, una segunda delación compensada, de manera que los dos actores que participaron de este cartel nos reconocieron y describieron los hechos”, afirmó Irarrázabal.

El profesional explicó que en la FNE están fortaleciendo el mecanismo de la autodenuncia en las empresas, y que en ese sentido primero la firma CMPC lo efectuó en marzo. Tras ello “continuamos la investigación abierta y ahí hicimos un allanamiento a SCA. Luego de ello, esa empresa hizo un análisis de su situación y llegó a la convicción de que se habían cometido infracciones y entonces nos solicitó una delación compensada”.

Por su lado y pese a que afirmó que es sumamente complicado calcular todo lo obtenido por esta colusión, ya que “hay una dificultad técnica en hacerlo cuando tienes carteles de tanta duración”, sí sostuvo que “al menos, cada una de las compañías habrían sido acreedoras del máximo legal, es decir de las 30 mil UTA, por esta infracción. Eso de alguna forma mide el beneficio económico que ellos obtuvieron por el hecho del cartel”.

Al ser consultado por el hecho de que este arreglín se pueda haber realizado a través de mails, documentos físicos y teléfonos prepago, el profesional contestó que eso “no nos extraña, porque claramente hay mucho secretismo. Pero es la forma que se da en los países que ya van teniendo cierta madurez. Entonces, estos carteles se van celebrando, monitoreando y ejecutando de una manera mucho más sutil. Este es un cartel 3.0 que ha sobrepasado las colusiones iniciales que desbarató la fiscalía hace varios años atrás. Tampoco es coincidencia la fecha en la que se desbarata, que está conectada con el cartel de pollos y, en parte, con el de las farmacias”.

“Tenemos una fijación en relación a los carteles, pues son un cáncer para la economía. Esta fijación se traduce en que sabemos que los mercados están viendo lo que hacemos y en la medida que vean que somos eficientes y eficaces y logramos sentencias condenatorias, provoca un nivel de disuasión mayor y hace que el cartel bajo secretismo sea difícil de administrar”, cerró.