Condena transversal a empresarios y amplio llamado al Gobierno a poner urgencia a proyecto anticolusión marcan jornada

Tras conocerse que las empresas se coludieron durante una década para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue, tanto empresarios, como autoridades políticas salieron a condenar los hechos. El asunto puso en el debate el proyecto de Ley que está frenado en el Congreso desde marzo de este año y asimismo el que los ejecutivos sólo arriesguen multas y no penas de cárcel por los delitos cometidos.

rollo confort

La revelación que hizo este miércoles la Fiscalía Nacional Económica, mediante un requerimiento ante el Tribunal de Competencia en contra de CMPC Tissue y SCA Chile por haber creado y participado del denominado “cartel del confort”, marcó el debate político de este jueves.

Tras conocerse que las empresas se coludieron durante una década para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue, tanto empresarios, como autoridades políticas salieron a condenar los hechos. El asunto puso en el debate el proyecto de Ley que está frenado en el Congreso desde marzo de este año y asimismo el que los ejecutivos sólo arriesguen multas y no penas de cárcel por los delitos cometidos.

Condena transversal

La primera en condenar los hechos durante la jornada fue la Presidenta Michelle Bachelet, quien calificó el sistema de colusión orquestado por el grupo Matte y ex PISA, de “máxima gravedad”.

“Perjudican a las personas fijando un precio que es más caro que atenta contra la libre competencia y afecta al bolsillo de las familias”, señaló la mandataria este jueves en conferencia de prensa.

Por su parte, desde el gremio empresarial la CPC y la Sofofa salieron a criticar el actuar de las empresas. “Condenamos con total fuerza estos hechos que atentan contra la libre competencia que es la esencia del desarrollo empresarial, que produce un efecto dañino no sólo en el prestigio de la empresa, sino que directamente a cientos de miles de personas. Son hechos que condenamos total y absolutamente”, dijo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, a La Tercera.

Por su parte, el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, repudió de “la forma más enérgica lo que nos hemos enterado ayer. La Sofofa siempre va a condenar estos hechos, creo que nos hacen tremendamente mal (…) vamos a seguir trabajando para que estos hechos no se vuelvan a repetir, ya que afectan fuertemente a las fe pública y a las personas”.

“Ahora falta una parte que es cómo vamos a remediar el gran daño hecho a millones de chilenos (…) aquí, dentro de lo malo que ha sido todo esto hay un hecho positivo: la compañía ha autodenunciado, ha tomado medida concretas y ha despedido a muchos ejecutivos”, agregó.

Quien fue mucho más duro para condenar el caso que está golpeando a una de las empresas madre del poderoso grupo económico de propiedad de los hermanos Matte Larraín, fue el ex presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financiera (ABIF), Jorge Awad.

El empresario aprovechó de pasarle factura a Bernardo Matte, luego de que este le pidiera renunciar a la entidad gremial por apoyar la reforma laboral del Gobierno.

“Esto me ha recordado cuando hice las declaraciones a El Mercurio en diciembre de 2014, calificando a la reforma laboral de Pro Chile, y el director de la asociación de Bancos don Bernardo Matte me pidió la renuncia a la presidencia de ese gremio. Ahora me gustaría preguntarle al señor (Bernardo) Matte que dé la cara diciendo si la colusión es en contra de Chile y a favor de él“, dijo Awad a La Segunda.

Para Awad, con este episodio “lamentablemente el mundo empresarial ha dado una nueva pésima señal a la sociedad chilena”.

Los aludidos

El grupo Matte ha optado por mantener silencio ante los hechos revelados por la Fiscalía Nacional Económica.

El que sí decidió hablar este jueves fue el ex dueño de PISA, ahora SCA Chile, Gabriel Ruiz-Tagle, quien a pesar de no aparecer consignado como responsable en el documento presentado por el ente fiscalizador ante el TLC, fue quien dirigió a la empresa cuando se dio inicio al sistema de colusión que operó entre los años 2000 y 2011.

El ex ministro de Piñera negó a Cooperativa haber participado en este hecho: “Yo quiero negar enfáticamente haber participado en ningún acto de colusión. Yo en esos años, en este caso es en el año 2002, efectivamente me reuní dos o tres veces con ejecutivos de CMP por un motivo totalmente diferente al señalado”, señaló.

El empresario aseguró que se ejercieron presiones a PISA por parte de la empresa controlada por el grupo Matte y que las reuniones que se efectuaron entre las partes eran sólo para hacer presentes sus reclamos.

“Frente al crecimiento que tenía PISA, con marcas propias y los aumentos de producción que estaba teniendo en el mercado, CMPC desató una guerra de precios depredatorias, que nos tenía en bastante dificultad. Por eso nos reunimos para hacer presentes nuestros reclamos (…) ese y no otro fueron el motivo de las reuniones”, sostuvo.

Por su parte SCA, publicó un comunicado en el que aseguraron que los ejecutivos de la empresa, que alguna vez le perteneció a Ruiz-Tagle, actuaron bajo presión.

Según dijo la firma “tan pronto fue notificada de la investigación iniciada por la FNE, inició una investigación interna para conocer la verdad de los hechos. En ese contexto, luego de realizar una serie de diligencias y encargar diversos análisis especializados, constató la existencia de actos contrario a la libre competencia”.

La compañía agregó además que “con motivo de lo anterior, se acercó a la FNE y reconoció la participación de ejecutivos de la empresa en la conducta antes señalada, quienes manifestaron haber actuado coaccionados y bajo la amenaza de que la compañía sería sacada del mercado por la empresa dominante, haciéndola económicamente inviable”.

Amplio llamado a mover proyecto en el Congreso

Desde la clase política se hizo un llamado transversal al Gobierno de Michelle Bachelet para que ponga suma urgencia al proyecto de Ley Anticolusión que el Ejecutivo ingresó hace siete meses al Congreso. La iniciativa se encuentra en primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y busca endurecer las penas a este tipo de actos, penándolos incluso con penas de cárcel.

El presidente de dicha instancia, Leonardo Soto (PS), aseguró que se reunió la semana pasada con el ministro de Economía, Luis Céspedes, y que acordó poner en tabla el asunto la segunda semana de noviembre. Sin embargo, la discusión podría adelantarse para el próximo jueves, según confirmó el mismo diputado a radio BíoBío.

Desde la Democracia Cristiana, el legislador Aldo Cornejo, aseguró que existe consenso sobre esta materia por lo que es clave que se apruebe lo antes posible para evitar que este tipo de actos ilícitos sigan ocurriendo.

“Yo creo que esta es una iniciativa que no despierta grandes diferencias grandes controversia. Creo que hoy día existe consenso en el país de que actividades como esta deben ser sancionadas con penas corporales y no solamente multas en dinero. Desde esa perspectiva me parece que el Gobierno debiera poner, si no discusión inmediata, suma urgencia para ojalá despacharlo antes de fin de año”, sostuvo el diputado.

Desde la oposición el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, calificó el caso como “indignante” y se sumó al llamado de que se ponga suma urgencia a la iniciativa.

La UDI por su parte aseguró a La Tercera que “este caso de colusión nos parece gravísimo, atenta contra la fe pública y constituye un abuso por donde se le mire. El mercado funciona justamente porque la competencia hace que las empresas se esfuercen por presentar mejores productos que su competencia y más barato”.

Recordemos que la investigación realizada por la FNE se inició de oficio en diciembre del año pasado. En dicho proceso, ambas empresas acudieron al ente fiscalizador para solicitar el beneficio de delación compensada, entregando antecedentes que finalmente hicieron posible que se conociera el alcance del cartel. Ambas solicitudes fueron aceptadas, por lo que se solicitó al tribunal la exención de la multa para CMPC y 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) para SCA.

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