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5 de Noviembre de 2015

Caval: Piden arraigo nacional para Dávalos luego de ser visto en Argentina

Los abogados Claudio Sepúlveda, Mario Zumelzu y Carolina Contreras ingresaron la petición argumentando la "finalidad de garantizar el éxito de las diligencias de investigación". La medida cautelar también se solicitó para la esposa de Dávalos y dueña de Caval, Natalia Compagnon.

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Después de que trascendiera que el exdirector sociocultural de la Moneda, Sebastián Dávalos, fue visto por las calles de Buenos Aires, los querellantes del caso Caval solicitaron ante el Juzgado de Garantía de Rancagua que se decrete arraigo nacional contra el hijo de la Presidenta y su mujer, Natalia Compagnon.

Según consigna El Mercurio, los abogados Claudio Sepúlveda, Mario Zumelzu y Carolina Contreras ingresaron la petición argumentando la “finalidad de garantizar el éxito de las diligencias de investigación”.

Los querellantes apuntan a que a Dávalos, imputado en la indagatoria, le falta declarar para explicar por qué se formateó el computador que usó en la Dirección Sociocultural.

Ayer comenzó a circular el rumor de que el hijo de la Jefa de Estado había partido a Paraguay; sin embargo, una publicación del diario La Segunda mostró -imagen mediante- que Dávalos Bachelet andaba en Buenos Aires tratando de armar un circuito para salir en apoyo de artistas emergentes chilenos que viven en el exterior.

Dávalos ya declaró en dos oportunidades por el llamado caso Caval, instancias en las que dijo no haber estado al tanto de los negocios que había detrás de la empresa de la que es dueña su esposa Natalia Compagnon.

En una de esas diligencias se le consultó por su presencia, en noviembre de 2013, en la reunión que Compagnon sostuvo con Andrónico Luksic para revisar el crédito por 6.500 millones de pesos que el Banco de Chile le terminó otorgando a la pyme Caval para comprar 44 hectáreas en Machalí, paños que luego se vendieron en 9.500 millones de pesos.

La Fiscalía de O’Higgins investiga si en la compraventa de los terrenos hubo uso de información privilegiada y tráfico de influencias, esto debido a que la transacción se realizó bajo el pretexto de que se modificaría el uso de suelo.

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