Comisión investigadora del cartel del confort podría revisar el rol de supermercados en colusión

La Comisión Investigadora del caso Confortgate, que fue aprobada ayer de forma unánime en la Cámara de Diputados y se constituirá la semana próxima, podría indagar a las grandes cadenas de supermercados y los distribuidores mayoristas, para detectar si ejercieron algún rol en el perjuicio económico que afectó a millones de chilenos por la colusión entre la papelera de los Matte, CMPC, y la cadena SCA de capitales suecos.

El objetivo, según el parlamentario precursor de la Comisión y de la iniciativa, Daniel Núñez, es esclarecer si las cadenas de supermercados y los mayoristas favorecieron o participaron de algún modo en el proceso de colusión, ya sea activamente o haciendo la “vista gorda” con las prácticas ilícitas de sus proveedores.

El diputado PC explicó a The Clinic Online sus razones para proponer la indagatoria a los supermercados: “Ayer aparecieron correos electrónicos que revelaban conversaciones entre los ejecutivos coludidos, en ellos hacían alusión a una cadena de supermercados, por lo tanto, es totalmente pertinente, -además que ya existían otros antecedentes previos-, saber y conocer qué papel jugaron los distribuidores mayoristas y los que venden a los consumidores, como las grandes cadenas de supermercados”.

El parlamentario, jefe de bancada del Partido Comunista, advierte que es necesario investigar si las cadenas de supermercados operaron como cómplices o coayudantes de las empresas coludidas: “Hay que analizar si de alguna manera ellos favorecieron o se hicieron parte de este sistema de colusión. Nos interesa saber en profundidad si existen otras empresas que se prestaron o favorecieron este proceso, aunque no hayan sido las protagonistas. Hay que estudiar cuál sería la figura si cómplices o coayudante. Perfectamente puede ocurrir que empresas que no son las productoras de papel, sean cómplices de este proceso de colusión”.

La Asociación de Supermercados consultada por la posible participación de las grandes cadenas o bien de un presunto conocimiento del cartel, aclararon que la gremial no se refiere a temas comerciales.

Entre las diligencias que llevará adelante la Comisión, se citará al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, para que ilustre a los parlamentarios sobre el caso. Se solicitará información a la Superintendencia de Valores, el Tribunal de Libre Competencia y se enviarán oficios a través de los organismos fiscalizadores del Estado, además, se citará a particulares que puedan develar aspectos desconocidos del proceso.

Las acusaciones contra los actores dominantes

En la entrevista que dio el ex dueño de PISA, Gabriel Ruiz-Tagle a La Tercera el domingo pasado, el ex ministro de Piñera acusó a CMPC de comportarse como un productor dominante que utiliza métodos anticompetitivos. Como ejemplo, menciona convenios de exclusividad que impone a las distribuidores mayoristas, que abastecen a los pequeños comercios. En estos convenios se exige ser la única marca disponible a la venta, dejando fuera a a la competencia.

En el caso de los supermercados, una de las prácticas anticompetitivas, según planteó Ruiz-Tagle, consistiría en crear incentivos económicos para que las cadenas de supermercados prioricen los productos de las grandes marcas. Ambas partes sostienen acuerdos en que se ofrece un mayor porcentaje de ganancias si la marca dominante alcanza un piso de ventas que supere, por ejemplo, el 60% de las ventas de su rubro. De esta manera, los supermercados privilegiarían a los grandes actores del mercado, ya que obtienen más recursos, en desmedros de los actores más pequeños.

El caso de Unilever

Un ejemplo de como los grandes actores suelen competir de forma desleal es el caso de multinacional Unilever. En 2013, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia por abuso de posición dominante y prácticas exclusorias en el mercado de los detergentes para ropa, en el que participa con las marcas Drive y Omo.

La FNE sostuvo que Unilever Chile aplicó de manera “reiterada y sistemática incentivos por exclusividad, descuentos condicionales retroactivos y otras restricciones asociadas al uso de espacios para la comercialización tanto en el canal tradicional como en el supermercadista, todas las cuales han tenido el objeto y efecto de menoscabar la libre competencia”, es decir, la empresa creaba barreras para impedir que otros competidores entraran al mercado. En esa ocasión, la Fiscalía solicitó una multa por 20.000 UTM. Finalmente, el TLC aprobó un acuerdo conciliatorio entre Unilever, la FNE y las empresas demandantes .