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“La glosa está muerta”. La frase de un alto funcionario del Ministerio de Educación refleja el ánimo actual en el Gobierno y la Nueva Mayoría luego de la sentencia adversa que emitió el Tribunal Constitucional sobre la glosa presupuestaria para iniciar la gratuidad en educación superior en el 50% de los estudiantes más vulnerables desde el próximo año.

Una dificultad que se traduce en el escaso margen que tiene el Ejecutivo para poder reaccionar antes de la publicación de resultados de la última PSU y a acudir a soluciones alternativas, mientras se acerca el plazo fatal del próximo domingo 27 de informar la lista definitiva de instituciones de educación superior a las que deben optar los estudiantes para ser beneficiados.

Ante la confirmación de que el contenido de la sentencia del TC no será pública antes del lunes 21 de diciembre, el Gobierno no tendrá tiempo extra y contará con apenas seis días para analizar el fallo en detalle y escoger un mecanismo para utilizar los recursos sin discriminación arbitraria.

Un compromiso asumido públicamente el lunes en la mañana, desde La Moneda, por el ministro vocero Marcelo Díaz y la ministra de Educación, Adriana Delpiano, pero que hoy tanto a funcionarios de Gobierno como a rectores y futuros alumnos los tiene viviendo una incertidumbre que el Ejecutivo no ha logrado despejar.

FALLO

A pesar de las tratativas del Gobierno de intentar adelantar la publicación del fallo completo con la sentencia del Tribunal Constitucional, el organismo ya señaló de manera privada que esto no sería posible. La alta carga laboral y el proceso de revisión interno impiden a los ministros liberar el contenido antes del próximo lunes.

Como si eso fuera poco, la redacción del texto está en manos de distintos ministros dependiendo de los resultados que obtuvieron en las votaciones del requerimiento presentado por la derecha. Según explicaron a este medio desde el TC, la sección del fallo sobre la supuesta inconstitucionalidad para que este asunto sea operado vía ley de presupuesto -en la que hubo empate 5 a 5 y finalmente se rechazó con el voto del presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona- quedó a cargo de una mezcla equitativa de ministros.

Pero el punto donde se acogió la discriminación arbitraria de los denominados “requisitos de elegibilidad” para que accedan a la gratuidad estudiantes de las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, institutos profesionales y centros de formación técnica, quedó a cargo del último ministro en integrar el TC: José Ignacio Vásquez, precisamente el voto que inclinó la balanza y abrochó el triunfo para la oposición.

En tanto, la sección del voto minoritario -afín a la propuesta del Gobierno- quedó en manos del presidente del TC, Carlos Carmona. Esa repartición vino a confirmar el escenario sombrío en el Ejecutivo. Tanto desde el ministerio de Hacienda como del de Educación señalan que la redacción del texto es crucial para abrir camino a la ejecución de la glosa o cerrarlos todos definitivamente.

Desde Hacienda, asesores del ministro explicaron a The Clinic Online que la manera en que esté explicada la “discriminación arbitraria” de la glosa dará pistas sobre cómo distribuir el dinero. “De los considerandos en el texto habrá que estar muy atento. De eso depende todo”, dice un alto funcionario de esa secretaría de Estado.

Por esa razón, aseguran, de nada sirve adelantar supuestas fórmulas para repartir los recursos porque las posibilidades son muchas y sólo con el texto en mano, el próximo lunes, se sabrá cuáles son las reales alternativas.

Esto explica el ánimo pesimista en la coalición, expresado ayer por la presidenta del PS, Isabel Allende. “Nuestro país no está en condiciones de universalizar la gratuidad al 100 por ciento”, dijo a Cooperativa, mientras explicaba que todas las políticas públicas del país necesariamente son discriminatorias, como ejemplo, explicó que hay cortes en el ingreso ético familiar, en los subsidios de vivienda y en la pensión solidaria.

En el caso de la glosa de gratuidad, se exigía acreditación por mínimo cuatro años, que sean instituciones sin fines de lucro y que exista participación de los estudiantes y funcionarios en los gobiernos corporativos. Precisamente los criterios de elegibilidad de los planteles que fueron impugnados por el TC y que son el sustento de la oposición para ampliar el beneficio a los estudiantes de otras instituciones.

Pero, explican en la NM, no existen los recursos necesarios para todos los planteles y esa alternativa tampoco cuenta con ningún tipo de respaldo político. Además, entre los partidos hay bastante molestia porque, aseguran, advirtieron en reiteradas oportunidades al Ejecutivo, que tal como estaba la glosa, corría peligro de ser impugnada por el TC.

Pese a que se debe esperar el resultado del fallo, hasta ahora las principales fórmulas con las que se especula son la vía administrativa y una ley corta que asegurarían la gratuidad para los 140 mil estudiantes del Cruch. La primera alternativa permitiría, por medio de un decreto, entregar los recursos a las universidades del consejo de rectores con aportes basales, aporte fiscal directo y convenios.

Sin embargo, un alto personero del Mineduc, plantea que eso no es tan así, ya que el mecanismo de aportes basales en el caso de las universidades privadas del Cruch, como la Pontificia Universidad Católica o la Universidad de Concepción, no garantiza que esas instituciones destinen los recursos otorgados por el Estado a la gratuidad. Distinto es en las universidades estatales, puesto que éstas sostienen convenios con el Estado que las obligarían a usar los recursos en la gratuidad.

Por eso, la segunda alternativa, correspondiente a la ley corta, que sería enviada al Congreso el próximo lunes con suma urgencia, explicitaría que los recursos deben ser utilizados en financiar la gratuidad estudiantil. Aunque existe el temor de algunos partidos como el PC, que ésto se preste para negociaciones y cocinas en el Parlamento.

A su vez, ayer el PPD, en la reunión que mantuvo la directiva con la Ministra Delpiano, propuso que la ley corta contenga un artículo que permita a los CFT e IP cambiar su carácter jurídico a instituciones sin fines de lucro en el mediano plazo y así puedan acceder a más becas y a gratuidad si cumplen con los requisitos.

De todos modos, la opción que tiene más fuerza para los institutos y centros de formación es ampliar los aportes a través de la beca Nueva Milenio. Aunque esta alternativa es resistida por algunos sectores de la NM porque ya no sería la gratuidad sin requisitos tal como se comprometió, sino que las becas exigen resultados académicos, entre otras cosas. Pese a ellos, la mayoría está dispuesta aceptarla como una medida transitoria.

Si bien en los partidos oficialistas había bastante pesimismo por el rompecabezas en que se encuentra la glosa, también afirmaron que el Ejecutivo maneja las fórmulas y los principales temores con suma discreción, ya que expresarlas abiertamente, podría incidir en la redacción del fallo del TC.

Uno de los temas delicados, reconocen, es la gobernanza interna, ya que como anticipó la sentencia, el fallo podría afirmar que es inconstitucional y viola la autonomía de las instituciones el exigir que los estudiantes y funcionarios participen de los gobiernos corporativos.

El gran tope siguen siendo las universidades privadas que sí cumplían con los requisitos exigidos por el Ejecutivo. Para ellas y las demás privadas que quedan fuera, ayer en el Congreso, el gobierno tanteó la posibilidad de cambiar el criterio y exigir solo acreditación por cuatro años, lo que complicaría a algunas universidades del Cruch, como la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem).

LAS PRIVADAS EXCLUIDAS

Más allá del ámbito político, en universidades e instituciones que podrían haber optado a la gratuidad desde 2016 también reina la incertidumbre y el pesimismo. Son las palabras que ocupan, por ejemplo, en la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), una de las tres universidades privadas nacidas después de 1980 que cumplían con los criterios de eligibilidad detallados en la glosa y que ya no contarán con ese beneficio.

El secretario general de ese plantel, Patricio Rosende, dice no entender por qué el Gobierno va a esperar la entrega del fallo si no va a cambiar mucho con lo que ya se ha anunciado y asevera que, en su caso, no había un plan alternativo.

“Esta invitación que el ministerio nos había hecho era una política pública que nosotros compartimos porque buena parte de nuestros estudiantes -poco más de un tercio- iba a tener la posibilidad de no tener que pagar aranceles y matrículas durante el resto de su formación. Ahora eso va a cambiar un poco y tendremos que seguir como veníamos hasta ahora. Quienes más pierden son los estudiantes, que la universidad propiamente tal. Para la universidad es una mala noticia, pero sin duda lo es más para los estudiantes y sus familias”, señala Rosende.

El académico explica que este jueves tendrán oportunidad para discutir sobre este punto con estudiantes y funcionarios en nuevo Consejo Universitario, pero que básicamente lo que se explicará ahí es que se seguirá con el mismo sistema de años anteriores, sólo con la opción de becas Nuevo Milenio y créditos.

La misma situación se vive en la Universidad Alberto Hurtado. El sacerdote Fernando Montes, su rector, dice que hasta ahora se mantienen a la espera y con incertidumbre, mientras apunta sus dardos al Consejo de Rectores. “No puede ser que el Estado ponga a una institución que es discriminatoria como criterio básico porque deja fuera a muchos muchachos que merecen claramente un trato más igualitario”, dice el cura.

Según el rector Montes, quien intervino ante el Tribunal Constitucional señalando esa discriminación por parte del Cruch, dijo que su plantel se ve perjudicado con el actual panorama, pero que seguiría operando de la misma forma en que lo hace hoy. Eso sí, también dice que le provoca “alegría que se extienda bajo la forma que sea, por lo menos en el primer tiempo, a la gente que más lo necesita, por ejemplo en la formación técnica”.

“Me preocupa profundamente que siga la discriminación arbitraria e injustificada de instituciones que cumplen con requisitos académicos y de control y que no están en el Consejo de Rectores. En otras palabras, lamento que en un momento en que toda la sociedad está aclamando por la participación haya una instancia que fue cerrada con el gobierno militar -el Cruch antes era abierto- y que no se esté haciendo un esfuerzo serio de tener normas claras de pertenencia a ese grupo, de modo que se pudieran abrir las puertas para que muchas pudieran entrar y, a lo mejor, algunas que están no podrían seguir”, señaló.

Desde la Confech, además, critican abiertamente la responsabilidad de la Nueva Mayoría en tratar de aprobar una reforma de esa importancia por una vía administrativa y sin discusión con los actores relevantes del sistema.

“El proceso del fallo devela una vez más cómo la Nueva Mayoría no es capaz de tener ni unidad programática, ni la responsabilidad política real para poder llevar adelante reformas de esta índole. Incluso esta glosa que fue criticada por ser vía presupuesto y no un proyecto de ley específico y que, por otro lado, responde a esta derecha que utiliza todo los resquicios legales que tiene nuestro ordenamiento jurídico para echar las cosas abajo de la manera antidemocrática posible abajo”, dice Daniel Gedda, presidente de la Feuc.

El dirigente estudiantil señala que es sumamente irresponsable anunciar una política pública tan importante como ésta y que fruto de la escasa discusión con los actores sociales la ciudadanía ya no comparte la manera de administrar reformas “a cuatro paredes, de forma improvisada, con la misma gente que ha gobernado este país en los últimos 25 años y que no cambian estructuralmente nuestro país”.

“No puede seguir ocurriendo que la clase política juegue con los intereses de los ciudadanos, juegue con el futuro de miles de familias. Situaciones como estas no pueden seguir ocurriendo en este país”, dice Gedda.

Por su parte, la vocera de las universidades privadas en el Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDP, Carolina Figueroa, señala que los tienen presionados a tomar una decisión que no les gusta porque “no es la gratuidad que nosotros queríamos” porque de alguna manera eso va a seguir oxigenando el mercado de la educación.

La dirigenta dice que en las próximas semanas, casi a la par del anuncio de resultados PSU, sabrán cómo la Universidad que dirige Carlos Peña enfrentará el 2016, sin poder acceder a la gratuidad aún cuando cumplía con todos los requisitos.

“Si nosotros seguimos ampliando la discusión sobre lo que la derecha hoy día quiere plantear, que es darle gratuidad a todas las instituciones, se nos van a colar sí o sí instituciones que no están respondiendo al proyecto país, que hoy día han sido investigadas por lucro, que están ampliando su matrícula sin hacer que estos estudiantes tengan empleabilidad después que egresen. Entonces, hay que volver a la discusión sobre qué educación realmente queremos, antes de discutir a qué instituciones irán esos recursos”, dice.