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El jueves 17 y el viernes 18 de diciembre, la sargento Millaray Simunovic -con especialidad de comando y paracaidista- se sentó frente del ministro en visita civil de la Corte Marcial, Omar Astudillo, quien investiga el millonario desfalco en el Ejército conocido como el “milicogate”, que suma hasta ahora más de US$ 10 millones de la Ley Reservada del Cobre desde 2010 a 2014.

La mujer, otrora mano derecha del recién retirado general Héctor Ureta en la División de Mantenimiento, donde se centra la investigación, confesó -a manera de “colaboración sustancial” y en un extenso testimonio- su participación en calidad de autora en el fraude al fisco sólo por una suma de $ 700 millones a través de facturas irregulares pagadas a una serie de proveedores.

De esta manera, la mujer hasta ahora detenida en el Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén y procesada por la justicia militar por el ilícito ya mencionado, modificó su primer testimonio prestado el 6 de octubre donde aseguró ser inocente y haberse enterado del caso “por The Clinic”.

En efecto, dijeron a The Clinic Online fuentes allegadas al caso, le relató al juez Astudillo que independiente de la cifra, ella no habría recibido para su beneficio personal más de $ 3 millones.

La uniformada, quien está inculpada por la fiscalía castrense como responsable del fraude en poco más de 2.000 millones entre 2010 a 2013, circunscribió su responsabilidad sólo a 2012, dejando fuera el resto de los años y abriéndose a que la justicia revise lo que estime pertinente para verificar sus dichos.

Según supo este diario, la mujer reveló todo el mecanismo del uso de facturas y las identidades de al menos nueve involucrados desconocidos, entre oficiales y suboficiales, quienes actuaban como células compartimentadas sin que necesariamente se conocieran entre sí.

Sin embargo,, aseguró carecer de información respecto a la participación de miembros del alto mando del Ejército, aludiendo a que desde su puesto no manejaba “hacia arriba” de la institución.

Las veredas

Más allá de si la comando Simunovic lo supo o no, constan en la causa una serie de antecedentes que demuestran lo contrario.

Uno de ellos es el testimonio prestado por el armero y proveedor del Ejército Waldo Pinto, quien aseguró que debía pagarle coimas a Ureta -a fines de 2000- cuando fungía como coronel, es decir, quien fue hasta hace poco el jefe de Simunovic.

Otro que recibió los dineros de Pinto fue Juan Carlos Guerra, ascendido hace pocos meses a general, pero cuyo decreto no fue cursado por el Ministerio de Defensa, a raíz de que también está involucrado en los hechos.

Junto a lo anterior, la semana pasada, el propio Ejército dio de baja al coronel Guillermo Oliver, luego que descubriera que .presumiblemente- podría estar ligado como autor de fraude al fisco en más de $ 30 millones, con los fondos de la tesorería del Estado Mayor General.

Hay que recordar que hasta antes que Astudillo asumiera como ministro en visita en noviembre pasado, la justicia castrense no sólo encausó a Simunovic, sino también al coronel Clovis Montero, los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar y el cabo Juan Carlos Cruz. Este último gastó $ 2.400 millones en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014. La sospecha es que se trataría de platas obtenidas a través de este aparato de corrupción militar.

Tanto González como Escobar también reconocieron a Simunovic en la operatoria, que era sabida al interior del Ejército desde 2011, según da cuenta un documento preparado por el coronel de inteligencia militar Miguel Cantallopts, revelado por este diario. Respecto de ella, el oficial concluyó que debía ser relevada de su puesto, que no debía “contar con la confianza del mando”, ya que seguirían teniendo acceso a “documentación contable valiosa”. El documento llegó recién a la fiscalía militar hace poco más de dos meses.

En cualquier caso, el patrocinante de Simunovic, el abogado Carlos Cortés, fue quien solicitó el nombramiento del ministro en visita al Pleno de la Corte Suprema en noviembre pasado. Independiente de lo anterior, el profesional pidió la libertad provisional de su cliente al ministro Astudillo, quien la rechazó, dijeron fuentes allegadas al caso, atendido a que no es el momento procesal para concederla. Este criterio, ha primado también para los otros detenidos en la Corte Marcial.

El peso de la prueba

Desde que Astudillo asumió el caso el pasado 13 de noviembre, encomendó a un equipo especial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) reordenar las facturas que constan en el expediente, entre las que cuentan las ideológicamente falsas e incluso algunas que no tenían existencia en el SII, que junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) son parte en el caso .

El alcance de este trabajo, se debe a que los documentos tributarios estaban repartidos en la causa de una manera en que no ayudaba a determinar las operaciones comerciales de manera global y puntualizarlas por cada uno de los inculpados.

Asimismo, Astudillo privó del conocimiento al sumario tanto a querellantes como a defensores con miras a terminar una serie de diligencias y preparar nuevos autos de procesamiento, los que serían citados a declarar en enero próximo, dijeron fuentes del caso.