Ley Reservada del Cobre: Contraloría revoca dictamen y fiscalizará vía revisión de cuentas “obras secretas” de las FF.AA.

La Contraloría fiscalizará y someterá a una revisión de cuentas las compras y obras “secretas” que realicen las Fuerzas Armadas con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, luego de que revocara un dictamen de 2009 que obligaba a aprobar los montos totales refrendados sólo en un “Certificado de Buena Inversión”, emitido por el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena).

El cambio de criterio aparece en el documento 98.501 de 2015 -que publica The Clinic Online– donde se realiza un detallado análisis de todas las legislaciones que explican por qué se ejercerá un control distinto sobre este aporte especial a la actividad castrense.

Básicamente, el nuevo criterio señala que los fondos que entrega la Ley Reservada del Cobre están destinados a la “Defensa Nacional” y por lo tanto, el ministerio del ramo como las FF.AA. -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- “deben someterse a las instrucciones que al respecto le imparta el Órgano Contralor y presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que le requiera la Contraloría General, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas”.

En otras palabras, aún cuando se realice “en forma reservada”, establece el dictamen, “esos fondos están sometidos a rendición de cuenta, la que debe efectuarse de la manera requerida”.

La determinación firmada por la contralora subrogante Patricia Arriagada, está fechada el pasado 15 de diciembre, es decir, un día después de que los diputados Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón solicitaran un nuevo criterio que permitiera fiscalizar los fondos para fines militares.

Coincidentemente, está rubricada también sólo un día antes que el Senado nombrara por unanimidad al nuevo titular de la entidad Jorge Bermúdez, dejando sentada una nueva interpretación administrativa.

Esto cambió

El dictamen revocado es el 56.749 del 15 de octubre de 2009. En esa fecha el diputado UDI Jorge Ulloa envió un oficio, luego de la intervención hecha por su entonces colega -hoy ministro del Interior y ex titular de Defensa, Jorge Burgos- que daba cuenta que “los decretos supremos relativos a la Ley del Cobre están exentos de los trámites de toma de razón y de refrendación” por la Contraloría.

En la oportunidad, la entidad de control estimó que bastaba que el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena) emitiera un “Certificado de Buena Inversión, el que deberá ser suscrito por la autoridad a la cual le fue autorizada la inversión u obra secreta y, por el Presidente del Consejo”.

También sostenía que para ese tipo de gastos en defensa “la Contraloría General de la República no está en condiciones de verificar el destino u objeto de la inversión de los recursos, porque la cuenta se realiza sin que sea necesario acompañar su documentación sustentatoria”.

En otras palabras lo que dijera el Consudena era lo correcto, no pudiendo “tener acceso al detalle ni a la documentación respaldatoria de los egresos cursados con cargo a este rubro y, por lo tanto, tampoco se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre su destino u objeto”, señalaba el dictamen.

Milicogate on fire

La decisión del órgano de control aparece en momentos en que se sustancian diversas investigaciones -tanto en la justicia militar como en la reforma- por actos de corrupción, principalmente en el Ejército, que suman hasta ahora más de US$ 10 millones.

Uno de estos procesos, revelado por The Clinic, es el llamado “milicogate”, que apunta a un millonario fraude al fisco actualmente indagado por el ministro en visita civil de la Corte Marcial, Omar Astudillo, con fondos destinados a mantenimiento.

En este proceso, se encuentran encausados por la justicia militar los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic. A ellos se suma el ex tesorero del Ejército y coronel en retiro, Clovis Montero. Todos se encuentran en prisión preventiva en el Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén.

Básicamente, los militares en cuestión, a través del uso de facturas falsas y otras ideológicamente falsas, sustrajeron en beneficio personal fondos de la Ley Reservada del Cobre que superarían los US$ 10 millones. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) se hicieron parte de la causa.

Paralelamente a la judicatura castrense, la Fiscalía Centro Norte lleva la arista de los proveedores civiles del Ejército involucrados, a cargo de la perseguidora penal Ximena Chong. Se trata de Raul Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, padre e hijo respectivamente.

A juicio del Ministerio Público son responsables hasta ahora de un perjuicio cifrado en más de $ $ 2.061 millones y serían formalizados en las próximas semanas por fraude al fisco. En la misma causa, se le formularon cargos al también ex proveedor Francisco Huincahue por más de 300 palos. El CDE ya ha presentado dos libelos criminales.

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