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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por el delito de malversación de caudales públicos en contra de dos oficiales activos del Ejército por una suma de $ 400 millones, ocurrida en la Comisión Nacional de Desminado (CNAD).

El libelo -que publica The Clinic Online– apunta a la responsabilidad que les cabría en calidad de autores del ilícito, a Ricardo Zúñiga y Andrés Pulgar, teniente y capitán del Ejército, respectivamente. Se suman los civiles Lissette Espinoza y Guillermo Sotelo, dueños de la empresa Tsuki, proveedora de la institución castrense. La mujer, además, es la esposa de Zúñiga.

La acción legal fue presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, atendido que la investigación está en manos de la fiscal Centro Norte Tania Sironvalle.

El escrito detalla que el ilícito se cometió en la compra de cintas para demarcación y vestimenta, destinadas al “desminado humanitario” de las zonas de Arica y Punta Arenas, en los años 2013 y 2014.

Chiva peluda

Según el CDE, consta en la carpeta de investigación un largo interrogatorio al que fue sometido Zúñiga por parte de la autoridad militar cuyo contenido es de antología.

“Ricardo Zúñiga negó toda participación en la empresa Tsuki. Más aún, negó cualquier tipo de conocimiento respecto de su existencia, incluso la vinculación de su esposa con la misma. En la extensa entrevista que se le practicó, negó cualquier vinculación con los hechos investigados, versión que merece más allá de una duda razonable”, señala la presentación.

El organismo da cuenta, además, que frente a claras evidencias digitales, como el envío de correos con su pie de firma y teléfono, Zúñiga mantuvo su versión. Indicó que el mail estaba firmado por Ricardo Zúñiga y él se llamaba Ricardo Zúñiga Aravena.

“En el mismo sentido, se le consultó si el teléfono ahí contenido como contacto era el suyo, añadiendo que sí, no pudiendo dar explicación lógica a esa situación. Por otra parte, negó conocer a Guillermo Sotelo, en circunstancias que este último indicó que se conocían y que incluso había asistido el matrimonio de Zúñiga y Lissette Espinoza. Dicha situación también carece de fundamento”, sigue el escrito del CDE. Estos dos últimos, da cuenta el Registro Civil, contrajeron el vínculo el 14 de diciembre de 2013.

Compras y pagos

Según el organismo, “existía una concertación (…) para defraudar al CNAD, toda vez que (…) las mencionadas mercaderías nunca se recepcionaron”.

No es todo. El CDE asegura que todos “coordinaban al interior del Ejército los pagos y transferencias de fondos para repartirse las ganancias”, sustrayendo la suma señalada.

De acuerdo a la indagatoria Tsuki es propiedad de Lissette Espinoza con un 99% y el resto de Guillermo Sotelo.

Dentro de sus actividades, según el portal de Mercado Público, Tsuki ha vendido distintos productos al Ejército. Entre algunos están comida, overoles y regalos para la pascua de soldado. Una de las ventas fue para el Regimiento de Infantería Nº 23 Copiapó en la Tercera Región. En dicha unidad militar estaba destinado su esposo que tiene la especialidad de “Intendencia”. Es decir, era el encargado de las compras y los pagos.

Sospechas

El CDE también solicitó una serie de diligencias a la fiscal Sironvalle. Junto con establecer los nexos comerciales entre los querellados, patrimonio y que el SII informe de su situación tributaria, incluyó a otros oficiales del Ejército.

Se trata del ex jefe de la CNDE, coronel (r) Juan Mendoza Oyarce, al mayor Christian Zincker y al coronel Adolfo Roldán. Respecto de ellos el CDE solicitó que sean indagados para determinar si mantienen empresas “o ejercen alguna actividad lucrativa (…) independientes del Ejército de Chile.

Asimismo, pidió que la institución envíe cualquier acto administrativo en relación a los involucrados, sus hojas de vida y que la PDI realice un peritaje contable, con el fin de acreditar los hechos materia de la investigación.

Hay que recordar que Mendoza Oyarce debió pasar a retiro a fines del año pasado, luego que este diario revelara la indagatoria de la Fiscalía Centro Norte.

Al respecto, la perseguidora Sironvalle ofició a distintas compañías telefónicas para que remitan los listados de llamadas de todos los involucrados, con el fin de acreditar las relaciones comerciales que derivaron en la malversación. Asimismo, previa declaración, Sironvalle les solicitó a los imputados que levantaran el secreto bancario, pero ninguno aceptó.

Este diario consultó su versión al Ejército, pero se indicó que no habría comentarios, ya que la indagatoria se encuentra siendo investigada por los canales pertinentes.

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