Caso Caval: Fiscal Toledo pide al TC no frenar investigación ni formalizaciones

La acción del persecutor apunta entre otras cosas al recurso de inaplicabilidad que presentó la semana pasada el síndico de quiebras, Herman Chadwick, con el fin de zafar de su formalización. “Hago ver que la audiencia de formalización fijada para el 29 de enero se refiere a otras nueve personas naturales y jurídicas y por otros delitos no contenidos en la Ley de Quiebras, de modo tal que una suspensión del procedimiento que pretenda evitar que se lleve a cabo esa audiencia, excede con mucho de los fines de esta medida cautelar”, precisó Toledo.

Fiscal Luis Toledo A2

La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) decidirá esta mañana si se continúa o se frena la tramitación de la investigación en torno al bullado caso Caval, determinación que podría afectar las formalizaciones que están fijadas para el 29 de enero, entre las que aparece Natalia Compagnon, su socio Mauricio Valero, la arquitecta Cynthia Ross y el gestor inmobiliario Juan Díaz.

Así lo afirmó este miércoles el diario El Mercurio, junto con agregar que el organismo también debe analizar si acepta o no el recurso de inaplicabilidad que presentó el síndico de quiebras Herman Chadwick con el fin de detener su formalización.

En ese sentido el fiscal encargado del caso, Luis Toledo, le solicitó al TC que no tome en cuenta este recurso. El persecutor recordó que ese día también habrá formalizaciones para “nueve personas naturales y jurídicas por otros delitos no contenidos en la Ley de Quiebra”.

“Hago ver que la audiencia de formalización fijada para el 29 de enero se refiere a otras nueve personas naturales y jurídicas y por otros delitos no contenidos en la Ley de Quiebras, de modo tal que una suspensión del procedimiento que pretenda evitar que se lleve a cabo esa audiencia, excede con mucho de los fines de esta medida cautelar”, precisó.

Cabe recordar que el recurso presentado por Chadwick argumenta que no es constitucional aplicar el artículo que apunta a sancionar el acuerdo entre un síndico o un tercero, deudor o acreedor para conseguir ventajas, ya que se derogó en octubre del año 2014.

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