Jaime Orpis A1

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de siete boleteros del senador UDI, Jaime Orpis, en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Centro Norte Ximena Chong, en el denominado caso Corpesca.

De acuerdo a la información obtenida por The Clinic Online, se trata de la asesora del parlamentario gremialista Viviana Quiroz y la ex nuera de esta última, Lorena Lara; también la secretaria personal Blenda Huus, los abogados Javier Jara y Mario Candia Zlatar y los asesores Bárbara Molina y Marianella Ovalle, todos por la mencionada figura penal.

De esta manera, el CDE usó el mismo ilícito con el cual tipificó la conducta de Orpis el Ministerio Público. De allí que el organismo también amplió el libelo en contra del senador por fraude al fisco, en vez de malversación, como lo hizo en un principio.

Esta es la primera vez que el CDE recurre en contra de los asesores de Orpis y familiares de éstos, quienes facilitaron boletas no sólo para que Corpesca hiciera sus aportes ilegales, sino también para que el parlamentario usara los fondos del Congreso para beneficio personal. Hasta ahora, sumando los aportes de Corpesca y los dineros del Parlamento, la suma llega a cerca de 300 millones.

Hay que recordar que Jaime Orpis ya fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago por delitos de fraude al fisco, lavado de activos y cohecho. En todo caso, cuando se conozca y notifique el fallo del tribunal de alzada capitalino -que debiera ocurrir en los próximos días- sus abogados Carlos Cortés y Sergio Rodríguez Oro, ya anunciaron que apelarán a la Suprema.

Todo indica que el máximo tribunal debiera seguir el mismo criterio. De ser así, sólo faltaría que la fiscal Chong solicite al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la fecha para la audiencia de formalización de cargos.

Junto a Orpis, debieran estar también los siete boleteros, como también el ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica. Ambos están querellados por el CDE y el SII.

En tanto, Corpesca también enfrenta como empresa un libelo criminal del CDE, que invocó la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica para determinar la responsabilidad criminal de la firma en los aportes al parlamentario.

Si es hallada culpable, Corpesca arriesga multas millonaria e incluso la disolución.

Los otros

En la indagatoria de la perseguidora penal, no sólo está la empresa Corpesca como aportante a Orpis.
Le siguen Entel, que pagó a Lorena Lara por “servicios de arquitectura” inexistentes más de dos boletas por $ 10 millones, tal como lo reconoció el abogado de la firma, Carlos Maturana.

En los donativos también participó la mayor minera de boro en Chile, Quiborax que también hizo pagos a Lara por servicios no prestados, ascendientes a 3 millones de pesos. Esta firma es parte del grupo Fosk, que a su vez son dueños de la pesquera Landes. Según Ciper Chile poseen el derecho a capturar anualmente 3,91% del jurel y el 10,5% de la sardina común.

En la última actualización de la carpeta de investigación, de la semana pasada, apareció un nuevo dato, relativo al pago a la ex asesora Bárbara Molina por $ 2 millones desde la empresa Agrícola Tarapacá, en 2009. Esta última es parte del holding Ariztía.

A esto, además, se suma el grupo GTD que hizo un pago a otra asesora de Orpis, Carolina Gazitúa, quien reconoció el hecho ante la fiscalía.