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La denominada Ley mordaza que busca sancionar a quienes violen el secreto de investigaciones judiciales fue aprobada por el Senado, tras convenir una nueva redacción que excluyera la labor de la prensa de las penas que llegan hasta los 541 días de cárcel. Sin embargo, según el Colegio de Periodistas las especificaciones contempladas en la norma siguen siendo ambiguas y podrían obstaculizar la disposición de las fuentes de hacer filtraciones a la prensa por miedo a ser sancionadas.

En definitiva, la presidenta del organismo, Javiera Olivares, planteó que a pesar de las modificaciones que sufrió, la indicación podría afectar sin duda el derecho de información. Por lo mismo, llamó a los legisladores a rechazar la iniciativa en su trámite en la Cámara de Diputados donde tendrá que ser nuevamente sometida a votación.

“Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos, y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas”, especifica la nueva norma.

En ese sentido, agrega que “igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso”. Esto se refiere a querellantes, víctimas y abogados.

“Las personas indicadas que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 Unidades Tributarias Mensuales, o presidio menor en su grado mínimo”, señala respecto de las penas.

Todo esto se da en medio de que varios de los legisladores que aprueban la aplicación de esta indicación se encuentran cuestionados por investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el financiamiento irregular de las campañas políticas.

Recordemos que tanto los fiscales como la Asociación Nacional de Prensa han criticado la medida.

Más tarde el Senado aprobó el polémico control de identidad preventivo o detención por sospecha como han preferido denominarla sus detractores, con 20 votos a favor y 14 votos en contra.

La norma faculta a las policías para requerir documentos de identificación sin indicio de que el ciudadano esté cometiendo un delito o se disponga a hacerlo y permite que Carabineros retenga por hasta cuatro horas a quienes no porten su carnet u otro documento que lo identifique, incluyendo a menores de edad.

La bancada del PS se cuadró para rechazar la aprobación de la iniciativa mientras que la Democracia Cristiana votó igual que la derecha, a favor de la medida. El PPD Felipe Harboe, también se sumó a la DC.

“La enorme mayoría de los expertos en políticas de seguridad, profesores de derecho penal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, informes de relatores especiales de Naciones Unidas y de Unicef y representantes de diversas organizaciones sociales han cuestionados esta medida por considerarla innecesaria, sin evidencia que la sustente, además de representar un serio riesgo de privaciones arbitrarias de la libertad personal, que recaería en la parte más discriminada de la población, lo que es aún más grave considerando que esta medida también puede afectar a menores de edad”, sostuvo la bancada del PS antes de entrar a Sala mediante una declaración pública.

Recordemos que esta indicación no estaba originalmente en el proyecto que impulsa el Gobierno, sin embargo, el propio ministro del Interior Jorge Burgos aseguró que la norma “no es, per se, violatoria de ninguna garantía constitucional”.

Así el control de identidad preventivo quedó en condiciones de pasar a tercer trámite legislativo, para ser revisado por la Cámara de Diputados.