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Opinión

13 de Mayo de 2016

Columna: Proceso constituyente, infancia y adolescencia

la participación infantil no sólo ayuda a cumplir con un deber estatal impuesto por la Convención de Derechos del Niño que Chile se obligó a respetar en democracia, sino además permite levantar un camino posible en la búsqueda de ciudadanos empoderados.

Ximena Gauché
Ximena Gauché
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Constitución A1
El contexto de discusión política que ha generado el proceso constituyente sobre un nuevo modelo constitucional para Chile no puede excluir a los niños, niñas y adolescentes si quiere en verdad ser riguroso. Algo que parece tan evidente al tener debidamente en cuenta que ellos son sujetos de derechos y que existen estándares internacionales que obligan a Chile, parece que necesita ser puesto en evidencia para quienes levanten voces por la decisión política de abrir el proceso a los mayores de 14 años. Y ese ejercicio es lo que pretende esta columna: dejar de manifiesto que la participación de niños, niñas y adolescentes ha dejado hace tiempo de ser una simple prerrogativa que los estados, la sociedad civil y las familias puedan adoptar libremente, mostrando que estamos frente a un verdadero derecho exigible en el marco del paradigma contemporáneo de la protección integral y universal a la infancia y la adolescencia, que se consolida mundialmente en 1990, y al que por tanto debe ajustarse nuestro orden.

En efecto, si bien existe en Chile una creciente preocupación por la situación de los niños y por promover sus derechos, lo cierto es que nos cuesta realmente aceptar que también pueden dar su opinión en asuntos que les afecten y que ese ejercicio es un derecho en sí mismo. Ello ha sido así por diferentes razones. Porque la gran preocupación se centra en avanzar en la materialización de las condiciones de vida que deben asegurárseles en el ámbito de la educación o la salud, por ejemplo. Porque es urgente terminar con los malos tratos o abusos, muchas veces institucionalizados. Por la idea de que la participación infantil se refiere sólo a los asuntos de la vida privada. O por la supervivencia de una visión restringida de la participación política que la entiende a partir solamente de su manifestación formal: el derecho a sufragio, que no ejercen los niños. Si pensamos que además no aparecen en el texto de 1980, hay razones suficientes para su invisibilidad.

Desde esa realidad, pensar en la participación infantil en el proceso constituyente por cierto que puede generar sorpresa. Ante ello, esta columna formula dos invitaciones. La primera es a entender los procesos de participación política de un país de manera amplia y no centrado en el acto formal del voto cada cierto número de años. Asumiendo, que aquellas decisiones que tienen que ver con las cuestiones propias del orden constitucional del estado y que van a incidir en el ejercicio de la ciudadanía -actual y futura- son procesos políticos que también deben discutirse abierta e inclusivamente. En esa lógica, el proceso constituyente en que estamos es obviamente una forma de participación política. La segunda invitación, es a considerar en serio que también en los procesos políticos – en este amplio sentido – debe ser tenida en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes, teniendo por cierto siempre presente su edad, madurez y autonomía progresiva, sin que deba existir una predisposición a poner límites de edad para el ejercicio de este derecho. No hay que olvidar que ellos gozan de derechos políticos en un amplio sentido, al igual que los adultos, con la especial condición de la limitación en el ejercicio del sufragio.

Sentirse convocado con estas invitaciones puede contribuir a mirar diferente. A mirar con la idea puesta en que la participación infantil no sólo ayuda a cumplir con un deber estatal impuesto por la Convención de Derechos del Niño que Chile se obligó a respetar en democracia, sino además permite levantar un camino posible en la búsqueda de ciudadanos empoderados. Ciudadanos que puedan generar un mejor modelo de democracia en el futuro, desde la asunción de un rol participativo en la sociedad de que forman parte, al lograr dar a conocer lo que sienten, desean o necesitan; reconociendo y comprendiendo su propia realidad y la del entorno; permitiendo que se organicen; proponiendo soluciones críticamente y, por tanto, validándolos como un sujeto protagonista más en el cuerpo social, de cara a lo público y con el sentido de lo individual y de lo colectivo que tiene la participación.
Asumida esta mirada, para lograr una participación protagónica habrá que abrir espacios y tiempos informados, respetuosos, idealmente adaptados a los niños, incluyentes, apoyados en la formación, seguros y responsables, que lleguen desde nuestro mundo de adultos a ese maravilloso mundo de la infancia y la adolescencia. Aunque ello cueste, hay que tratar de desprendernos de ese poder que la vida adulta nos entrega y al que tan fácil nos acostumbramos al cumplir 18 años.

Reconocer políticamente, incluir y escuchar a los niños es un tremendo desafío para el proceso de cambiar una constitución que no ha sido amiga en su texto de los derechos, de los niños, ni de la participación ciudadana.

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