Columna: Violencia femicida, mujeres en riesgo

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El horrendo crimen cometido contra Nabila Rifo pone de manifiesto diversas dimensiones de este grave problema de derechos humanos que es la discriminación y la violencia contra las mujeres, cuya expresión más extrema comprende el asesinato de las mujeres o femicidio.

Las mujeres en Chile son atacadas o asesinadas de las formas más cruentas. Se reportan casos de mujeres violadas, quemadas, mutiladas, despedazadas e incluso –como en el caso de Nabila y otras mujeres– se les arrancan sus ojos. Son crímenes en que se marca el cuerpo de las mujeres, en que se busca imprimir una huella permanente en sus cuerpos, denotando el ejercicio del derecho de propiedad sobre el cuerpo, la sexualidad y la vida de las mujeres que los agresores se arrogan tener.

La violencia femicida se sustenta en una estructura política y social que discrimina a las mujeres y en la que las mujeres ocupan el lugar simbólico y material de la subordinación. La violencia se ejerce para mantener y reproducir este orden social y también para castigar a quienes desafían la autoridad y dominación machista.

En muchos casos los ataques femicidas, además de marcar los cuerpos de las mujeres, envían un mensaje al conjunto de las mujeres acerca de las consecuencias que pueden sufrir.

Los 19 femicidios cometidos en lo que va del año –de acuerdo al registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres–, a los que se suma posiblemente el doble de femicidios frustrados, son solamente una parte del problema: la violencia que cotidianamente viven las mujeres y las niñas en sus hogares, pero también en las calles, en los medios de transporte, en los trabajos, en los establecimientos educacionales, entre otros. Ello puesto que la violencia es un continuo presente en lo que se denomina espacio privado y en el espacio público e incluso es cometida por agentes del Estado como la violencia sexual policial. La manifestación más extrema de esta violencia es el femicidio y las cifras de estos crímenes dejan en evidencia que la respuesta estatal no ha sido suficiente para detenerla.

Preocupa que, aún tras conocerse públicamente los numerosos casos de violencia femicida, las autoridades políticas no adopten medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Esto contrasta con la respuesta que, por ejemplo, reciben los delitos contra la propiedad privada, como si la violencia contra las mujeres no fuera un problema de seguridad pública también.

No basta con condenar públicamente la violencia, pues lo que se requiere es adoptar medidas integrales por el conjunto de los órganos del Estado que permitan garantizar la protección de las mujeres como asimismo avanzar en generar los cambios culturales que se requieren para ello.

La violencia contra las mujeres, según lo ha reconocido Naciones Unidas hace ya tres décadas, constituye una violación a los derechos humanos y por ello la responsabilidad de prevenirla, sancionarla, proteger a las víctimas y reparar sus consecuencias corresponde a los tres poderes del Estado.

Por ello se lamenta la tardanza con que el Poder Ejecutivo enfrenta uno de los compromisos contenidos en el Programa de Gobierno, presentar un proyecto de Ley Integral sobre Violencia contra las Mujeres que supere la limitada conceptualización que refiere únicamente a la violencia intrafamiliar. Por su parte, que el Parlamento retrase el debate de los diversos proyectos que se encuentran pendientes para proteger a las mujeres que denuncian la violencia, sancionar el acoso sexual, proteger a las víctimas de violencia en el pololeo, y de la mayor importancia, permitir el aborto frente a un embarazo por violación, como recomiendan los organismos internacionales y demanda la ciudadanía.

Además, preocupa que el Poder Judicial no logre superar los altísimos niveles de impunidad respecto de los delitos denunciados (menos del 10% de sentencias condenatorias) y que todavía se dicten sentencias judiciales que justifican o explican la violencia por el arrebato u obcecación que supuestamente producen los celos o la infidelidad de la mujer, como si las mujeres fueran propiedad privada de sus parejas. Una cosa es que los agresores se consideren propietarios de las mujeres y otra muy distinta es que un poder del Estado de Chile avale esta creencia.

Por último, igualmente es necesario atender al rol de los medios de comunicación, que en la inmensa mayoría de los casos se limitan a informar de femicidios y otras violencias desde un enfoque meramente policial que no aporta a la comprensión del problema como una violación a los derechos humanos. Se observa un abordaje que justifica o minimiza la violencia al patologizar a los agresores presentándolos como enfermos, drogadictos o alcohólicos; y peor aun, en otros casos se responsabiliza a las propias víctimas refiriendo sus “infidelidades” o se afirma que a los celos o el amor la mataron. De mantenerse esta tendencia no será posible avanzar en los cambios culturales que se requieren para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.