Las esquirlas de la querella de Bachelet contra revista Qué Pasa

Las esquirlas de la querella de Bachelet contra revista Qué Pasa

La acción penal de la presidenta Bachelet contra los periodistas que publicaron las escuchas telefónicas de Juan Díaz, operador de la UDI y gestor inmobiliario de Caval, desató críticas transversales por los riesgos que conlleva en materia de libertad de expresión. El abogado penalista Cristián Riego acusa que la decisión de la mandataria va en dirección opuesta a la política de promoción de los derechos humanos impulsada por el gobierno.

bachelet 1 a1 La decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de querellarse por injurias y calumnias contra los responsables de la publicación de las escuchas telefónicas de Juan Díaz, gestor inmobiliario de Caval, en la Revista Qué Pasa de propiedad de Álvaro Saieh, desató una ola de cuestionamientos por los alcances de la acción judicial de la máxima autoridad del país en materia de libertad de expresión. La querella presentada en su calidad de ciudadana fue anunciada por el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz. La acción patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, va dirigida contra Juan Pablo Larraín Medina, director de la revista; Francisco Aravena, editor general; María José Tapia y Rodrigo Vergara, periodistas. La pena solicitada en concreto es de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales para cada uno. La justicia ya acogió a trámite la acción penal. Mientras la Mandataria, desde Francia, justificó su decisión afirmando que busca defender su honra, en el país la polémica sigue creciendo y también ha recibido criticas de personeros de organismos internacionales como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quien calificó la querella de grave error, y del relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien por estos días está de visita en Santiago para realizar un informe sobre libertad de expresión en el país. En entrevista con CNN, Lanza aseguró que la acción de Bachelet puede tener un efecto inhibitorio para la prensa. A los cuestionamientos que han provenido desde todos los sectores, incluidos profesionales de la prensa con vasta experiencia, como la premio nacional de Periodismo, Faride Zerán, se suman la de abogados penalistas expertos en la materia como Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, quien considera que es un error desde el punto de vista legal. “La querella es un error muy claro desde el punto de vista legal. Durante todo el periodo de la transición hasta ahora, lo que se ha venido haciendo, es tratar de suprimir la persecución penal de los delitos que se vinculan a criticas a las autoridades, de hecho se han derogado muchísimas leyes. Actualmente solo quedan estos delitos de injurias y calumnias que no son sólo a favor de las autoridades, pero cuando son utilizadas por parte de las autoridades, son claramente contrarias a los principios de la libertad de expresión”, sostuvo Riego. Sobre cuál podría ser el futuro de la acción penal presentada por Bachelet, Riego asegura que dependerá del criterio del juez: “En algunos casos, ciertos jueces han acogido este tipo de querellas y han condenado personas por criticas a la autoridad. Otros jueces dicen que no, desestiman las querellas aplicando, precisamente, los principios de la libertad de expresión, depende del criterio de juez, no sabemos lo que va a pasar en este caso”, explica. En un caso similar, Riego cuenta que el 2004, el exsenador Sergio Páez se querelló por injurias y calumnias contra el abogado Carlos Barahona, quien lo acusó de presionar a a Conaf para que permitiera la tala ilegal de alerce. El juez de Puerto Montt, Patricio Rondini lo absolvió del delito de calumnias pero fue condenado por injurias. El caso fue presentando con el patrocinio de la clínica jurídica de la Universidad Diego Portales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está a la espera de resolución. Como antecedente, en 2010, Costa Rica enfrentó un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentó jurisprudencia en temas de libertad de expresión. Se trata del caso del periodista Mauricio Herrera, quien fue condenado en 1999 por un tribunal penal de su país por cuatro delitos de ofensas por difamación contra un exdiplomático costarricense. Esto a raíz que reprodujo, casi íntegramente, reportajes de medios europeos que cuestionaban actividades de la autoridad diplomática. En la sentencia condenatoria contra Costa Rica, la Corte Interamericana dispuso “que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia”. Riego, además, recalcó que la señal de Bachelet va en la dirección opuesta al discurso sobre promoción de de los derechos humados impulsados por el gobierno: “La decisión de querellarse y pedir tres años de cárcel es totalmente criticable, va completamente en contra de la política del gobierno, que por lo menos en los dichos, ha sido una política de promoción de los derechos humanos y esto claramente atenta contra esos derechos”. Ayer, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, también abordó la polémica y consideró un error la querella por injuria y calumnias de la Mandataria, que cabe recordar, es contra el mismo medio escrito que desató el Caso Caval que sepultó sus indices de confianza y popularidad. “La libertad de expresión es un elemento fundante de las democracias. A través de la libertad de expresión los ciudadanos se informan bien o mal pero se informan y pueden emitir opiniones y decisiones al respecto. Por lo tanto, la libertad de expresión es un elemento que no puede ser inhibido ni amenazado en una democracia que funcione bien”, sostuvo Fries. “Las autoridades públicas tienen un nivel de exposición y de escrutinio mayor que los demás ciudadanos y, en ese sentido, una autoridad está enfrentada a mayores críticas que cualquier otra persona”, continúo Fries en una declaración pública. Y agregó que "para responsabilizar a un medio de comunicación sobre una afectación a un derecho humano como es la honra, lo que se ha establecido en materia de estándares de derechos humanos no es la vía penal, sino la vía civil, en nuestro caso la ley de prensa y no el delito de injurias y calumnias”. “Si bien es un error la querella por injurias o calumnias, también tengo que decir que para que haya libertad de prensa tiene que haber pluralidad de opiniones. Lo que pasa en este país con la libertad de prensa es que los medios están concentrados, principalmente los medios escritos, que son los que muchas veces forjan la opinión. Esto quizás no estaría pasando si estuviésemos realmente ante una pluralidad en los medios”, argumentó la abogada experta en derechos humanos. Juan Pablo Hermosilla, abogado de Bachelet, intentó bajarle el tono a la polémica y aclaró que nadie irá preso producto de la querella. “La pena de tres años está asignada en la ley, no la estamos inventando nosotros, sabemos de ante mano que las penas inferiores a cinco años no se cumplen en la cárcel. Aquí nadie va ir preso", aseguró. Además Hermosilla aclaró que la acción se interpuso debido a que consideran que la edición en papel publicada el 27 de mayo fue intencionada. El día anterior la revista se disculpó porque el artículo en su versión online no cumplía con los estándares de la revista. En esa primera versión la transcripción a aludía a Bachelet y a Pablo Longueira, pero en la segunda versión en papel, luego de la corrección, solo se mencionó a la mandataria. Asimismo, Hermosilla se refirió a los querellados en estos términos: “estamos enfrentando a gente extraordinariamente poderosa, es un consorcio periodístico no sólo muy marcado ideológicamente, es un consorcio periodístico que guardó silencio mientras se mataban periodistas en Chile durante la dictadura, mientras se torturaba periodistas guardaron silencio". Anoche, en tanto, el periodista Fernando Paulsen, quien trabaja con Hermosillo, renunció a su programa de radio en ADN. En su despedida, valoró la publicación online de Qué Pasa el pasado jueves y cuestionó su posterior edición en la Revista. “Nunca he visto algo como esto en la historia del periodismo chileno. La libertad de expresión, en la revista del pasado viernes, fue censurada, editada y mutilada, sólo para contener las expresiones de Díaz sobre lo que le habrían dicho de Bachelet y tajado y bien tajado todo lo demás que él dice, ya no de oídas, sino de testigo presencial de los demás personajes que involucra”, adujo.
Comentarios
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